Tal vez no hubo acuerdo en realidad

O si lo  hubo, pero algunos lo firmaron con tantas reservas mentales que fue como si no lo hubiera habido.

Me refiero a los que pensaban que España no existe, que carece en absoluto de sustancia y que lo único real es la existencia de comunidades territoriales que tienen entre sí  muchas más diferencias que parecidos. A partir de ahí han elaborado todo un lenguaje sobre la plurinacionalidad y, con disciplina espartana, han sustituido en el discurso el término España por el de Estado. Como si éste fuera un mero artificio de gobierno (o de dominación)  instalado sobre la nada sociológica o histórica o cultural…

Y también me refiero  a los que  nunca aceptaron que eso que llaman España es  plural  y necesita organizar la convivencia entre las personas y los territorios  que refleje esa manera de ser.

Cuando observo la España autonómica de los últimos tiempos me convenzo de que si hubo acuerdo constitucional, ya no lo hay. Que  los que nunca creyeron en el acuerdo y lo aceptaron por mera conveniencia táctica, o porque no les quedaba otra, se han vuelto a encuevar en su punto de partida. De donde   en realidad nunca habían salido.

 Porque, aunque los hechos importan, no son decisivos, puesto que lo que se discute es la manera de considerarlos (C. Gómez y J. Muguerza, 2007).

Lo singular de los tiempos recientes es que cada quien proclama su ideario sin complejos. Desde los que siempre creyeron que el sistema autonómico era una estación de tránsito hacia la soberanía de “su” nación, que sí es de verdad,  hasta los que al socaire del panorama actual proclaman que el Estado de las autonomías es el de las “anomalías” y que lo que se puede hacer con él, y se debe, es reorganizarlo en profundidad    “o incluso suprimirlo” (Jorge De Esteban, el Mundo 23-7-2012).

No hay ningún argumento, ni histórico, ni sociológico, ni comparativo (los demás Estados-Nación occidentales se formaron ni más ni menos de la misma manera que el Estado español, o sea con una mezcla de maquiavelismo, unidad religiosa impuesta, limpiezas étnicas, guerra, diplomacia dinástica y con una base social en general no más compacta que la de los pueblos ibérico) que pueda convencer a los que de antemano  están adheridos a un relato cerrado a cualquier diálogo.

Ni tampoco a los que no aceptan ni aceptarán otra idea de España que la de la unidad de destino en lo universal.

En estas cosas no hay argumentos inapelables. Lo que hay es una decisión razonable, basada en experiencias históricas propias y ajenas que aconsejaban poner en pie un sistema político y de convivencia que ayudara a establecer la libertad, la unidad de los pueblos de España, el respeto y la solidaridad entre ellos, es decir entre los españoles.

Pero ese sistema, para ser viable y útil para alcanzar los fines que lo inspiran, tiene que desenvolverse con arreglo a sus propios principios y fundamentos.

Por eso las propuestas de reforma han de venir desde los que creemos en la España de las Autonomías, que es España y España plural, pero no un simple puzle de piezas territoriales y nada más.

Las reformas del Estado de las Autonomías exigen un viaje a la semilla, a sus propios orígenes. Y en el principio era la Constitución. Y  dentro de ella el artículo 149, que contiene los resortes imprescindibles para que el Gobierno de España sea  el gobierno de un Estado y no otra cosa. No hay nada más pernicioso que un gobierno que no puede gobernar los asuntos comunes. El desarrollo autonómico no puede ser un asalto interminable a las competencias exclusivas del Estado. Ni el sistema electoral al Congreso debe seguir amplificando eternamente ese asalto, a costa del principio del voto igual.

Los poderes del Gobierno, como la dirección de la política económica, están para defender los intereses comunes a los españoles; pero no para desnaturalizar el sistema,  aprovechando la crisis como estribo para una nueva recentralización.

Volver a la semilla es recordar algunos consejos que  los Expertos (1981) nos brindaron cuando el  desarrollo autonómico estaba bloqueado y la democracia en peligro: que los parlamentos autonómicos no debían tener períodos de sesiones permanentes, ni cobijar a un nuevo estamento de diputados con sueldo; ni las Comunidades Autónomas, por mera inercia,  un aparato administrativo completo. Buenos consejos para tiempos difíciles, como los de ahora.

Luego la democracia se asentó y la economía creció. Parecía que para siempre jamás.

El panorama actual es otro. Toca recoger velas para salvar lo fundamental. Y lo fundamental para muchos es que España existe y merece la pena. Y también un sistema de convivencia entre sus pueblos en libertad. Y un  tipo de gobierno que ayude a corregir desigualdades e injusticias  de antiguo. Porque con demasiadas injusticias sólo puede haber demasiada poca democracia.

El reto no es fácil. Si no lo acometen quienes crean en los valores constitucionales, los cambios de todas formas se harán.

Y los harán, los están haciendo, otros. Con rumbo inquietante.

ESTADO DE EXCEPCIÓN AUTONÓMICO

La Constitución atribuye al Gobierno de España la función de dirección política. De ahí derivan sus competencias en materia de hacienda y economía, indispensables para que un gobierno sea un gobierno. No hay nada más pernicioso que un Gobierno sin poder para gobernar.

Sin embargo, los poderes derivados de la Constitución no pueden aplicarse arbitrariamente, ni para dar rienda suelta a meras conveniencias partidistas o a inquinas multicolores. En todas las modalidades de federalismo o de intensa descentralización política, además, hay que ser muy respetuosos con el ámbito de decisión de los diferentes poderes territoriales.

Que el PP no cree mucho en la España de las Autonomías no es ningún descubrimiento. Que esté aprovechando la crisis para reformular el modelo de Estado e imponernos a todos lo que les hubiera gustado hacer durante la Transición tampoco es una sorpresa.

La regulación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se ha convertido en el gran instrumento de neutralización política y de intervención estatal de las Comunidades Autónomas. No en vano ha recalado por estas asirocadas islas el gran Soria a meternos a empujones en el corral. Soria, con toda la irresponsabilidad que cabe, sabe que si Canarias se acoge al Fondo de Liquidez pasa a manos del gobierno estatal. Y confía en que eso signifique que pasa a sus propias manos.

Vamos a ver: la adhesión de las Comunidades Autónomas al mecanismo de liquidez conlleva unas contrapartidas fiscales y financieras muy parecidas a las establecidas para las entidades locales que se han acogido al mecanismo ágil de pago a proveedores diseñado por el Ministerio de Hacienda y de (Intervención) de las Administraciones Públicas. La fundamental es la aprobación de un (nuevo) plan de ajuste, es decir de recortes de gastos y subida de impuestos y tasas, que anula todo margen de decisión en el terreno presupuestario, vaciando de contenido la autonomía de las entidades territoriales. Porque autonomía sin margen alguno de decisión económico-presupuestaria no es autonomía, sino otra cosa.

La segunda es que el Ministerio de Hacienda aceptará la solicitud de una Comunidad Autónoma con amplia discrecionalidad “atendiendo a la situación financiera de la misma” (art. 2.1 del Decreto-Ley). Ya empezamos.

Sigamos: para evitar el incumplimiento o “riesgos de incumplimiento” entra es escena toda una gama de misiones de control y comisiones de “expertos”, hombres de negro, con autoridad para dictar medidas de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas.

Y, en caso de incumplimiento de las medidas fijadas por los “expertos” enviados por el Ministerio de Hacienda (e Intervención) de las Administraciones Públicas se desencadenarán las medidas de coacción previstas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Lo que en los sistemas federales se llama coacción federal.

La adopción de estas medidas coactivas sobre las autoridades y funcionarios de las Comunidades Autónomas tienen cobertura constitucional (art. 155 de la Constitución) y requieren autorización del Senado, por mayoría absoluta. Aparentemente todo parece correcto. Pero se me ocurre algún pero, con el permiso de Soria y compañía.

El primer pero es que no se hace distingo alguno, a la hora de valorar los incumplimientos de las medidas dictadas por los “expertos” (que tal vez provengan de Goldman Sachs, Lehman Brothers y otras benéficas entidades financieras), de cuál es su causa, ni de la actitud de las autoridades autonómicas afectadas, ni de si el incumplimiento se debe a un nuevo deterioro de la situación económica o a un nuevo empeoramiento del trato por parte de los mercados financieros. El incumplimiento es automáticamente, al margen de circunstancias actitudes y responsabilidades, el desencadenante necesario y suficiente de medidas de extrema gravedad constitucional.

Abusar del Senado

El segundo pero proviene de la utilización abusiva del Senado. Es verdad que la Constitución, en su diseño contradictorio de esta Cámara, la proclama de representación territorial y le atribuye la autorización de medidas coercitivas sobre las Comunidades Autónomas. Pero es difícilmente cuestionable que esas medidas excepcionales debería autorizarlas un Senado que efectivamente hubiera desarrollado su carácter de Cámara de representación territorial, lo que no es el caso.

El actual Senado refleja meramente la propia mayoría gubernamental, es de elección abrumadoramente provincial y, por tanto, no representa garantía alguna del status constitucional de las Comunidades Autónomas, ni del respeto a los principios de unidad y autonomía en que descansa en España la organización territorial del poder.

Y esa garantía que es la única razón de ser de la exigencia constitucional de que sea el Senado quien autorice esas medidas coactivas.

En tu caso, forastero, yo no lo haría.

MENOS CONCEJALES, MENOS PLURALISMO, MÁS BIPARTIDISMO

El Gobierno  de España ha dado un palo de ciego o  quiere pasarse de listo. Disminuir en el futuro, ya que no puede hacerlo ahora, el número de concejales no va a reducir los abusos en el coste político de los Ayuntamientos, pero sí el pluralismo político y la calidad democrática  --aún más--  en la vida  municipal ya que, por debajo de un determinado número de concejales el  sistema de representación proporcional tiende a convertirse en mayoritario. Y el pluripartidismo en bipartidismo.

Si el Gobierno quisiera realmente   atajar la colonización del presupuesto municipal a manos de los que gobiernan y las repercusiones negativas de ello, incluida la creación de clientelas   de asesores y paniaguados  que degradan  de la democracia interna de los partidos, lo que tiene que hacer es limitar el número de concejales que cobran retribución periódica del Ayuntamiento, así como limitar la cuantía de  esos sueldos.

De la misma forma en la que la legislación local limitó el número de miembros de las Comisiones de Gobierno de los Ayuntamientos (ahora denominadas Juntas de Gobierno), puede fijarse en  función de la población  cuántos concejales pueden cobrar un sueldo y la cuantía máxima de éste.

Además, debería suprimir o reducir drásticamente el número de asesores retribuidos así como fijar la cuantía máxima de sus  salarios. Esto puede ponerlo en práctica de inmediato, ya que los “asesores” no han sido elegidos ni ostentan representatividad democrática alguna.

Puestos a hilar fino, también debería fijarse la cuantía máxima de las percepciones de dietas por parte de los miembros de las entidades locales que no cobran sueldo, ya que la experiencia demuestra que hay verdaderos diseños de ingeniería dietética, especialidad que no tiene nada que ver con los asuntos nutricionales  sino con el arte de sumar dietas hasta alcanzar el nivel de un sueldo.

De todas formas, si el Gobierno estatal no adopta estas medidas, la Comunidad Autónoma de canarias puede hacerlo, ya que tiene competencias legislativas en materia de Régimen Local y nada impide constitucionalmente que lo haga.

Porque la cuestión no va de menos concejales, sino de  reducir la multiplicación vertiginosa de cargos retribuidos , ya sean electos o personal de confianza,  y la carga que supone para unos ayuntamientos a los que el Ministerio de Hacienda ha obligado  a aplicar un drástico Plan de Ajuste que conllevará, entre otras medidas,  la subida de tributos y el establecimiento  generalizado de mecanismos de copago y precios públicos  por la prestación de servicios municipales, así como a  recortar duramente las  retribuciones de funcionarios y  laborales.

Y, de paso, el Gobierno y el Parlamento de Canarias podrían dar el ejemplo aplicando  la misma receta a bastantes cargos directivos y sus respectivos  “gabinetes”   que son superfluos, cuantía de algunos sueldos y acumulación de dietas.

Lo más importante de estos asuntos no es el monto económico, que ya es importante. Sino el valor ejemplarizador de estas medidas si se toman efectivamente. Y la desmoralización y el descrédito hacia los  representantes políticos si no se toman. Un descrédito con el que contaminan el prestigio de las Instituciones democráticas y su capacidad de liderazgo de la sociedad, y de contrapeso a los grandes poderes financieros,  en momentos tan difíciles como los actuales.

¿HAN SIDO RESCATADOS LOS AYUNTAMIENTOS?

A finales de febrero, el Gobierno estatal aprobó un Decreto-Ley poniendo en marcha un “mecanismo ágil de pago” a proveedores de las entidades locales y su financiación. Se sumaba a las iniciativas ya adoptadas por el Gobierno Zapatero en 2009 y 2011.

En principio, nada que objetar: facilitar liquidez a las empresas que están teniendo graves dificultades de acceso al crédito, especialmente pymes y autónomos, y contribuir así a reactivar la economía.

Sin embargo, el Gobierno del PP ha introducido una novedad: que no es necesario que las deudas provengan de contratos que reúnan los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. Esto quiere decir que si los acreedores han efectuado la obra, prestado el servicio o entregado el suministro a la entidad local, se les paga --cosa a la que tienen derecho-- con independencia de que quien les contrató haya actuado dentro o al margen de la legalidad.

Ésta es una de las diferencias entre el Decreto-Ley 8/2011 (art. 5.1) y el Decreto-Ley de Rajoy (art. 2.1.c).

El establecimiento de ese mecanismo de pago, dotado inicialmente con 6.000 millones de euros, impone a los Ayuntamientos la obligación de aprobar un Plan de Ajuste que condicionará sus presupuestos, es decir toda la actividad municipal, hasta 2022. En el caso de La Laguna, el Plan de Ajuste va a significar a partir de 2013 el establecimiento generalizado de tasas, precios públicos o modalidades de copago en la prestación de los servicios municipales.

Y, además, efectuar una operación de endeudamiento por el importe de todas las obligaciones con proveedores pendientes de pago que se van a saldar a través de ese “mecanismo ágil de pago”.

En garantía del cumplimiento del pago de intereses y la devolución de esa deuda, el Gobierno estatal podrá efectuar retenciones en las transferencias a los Ayuntamientos por su participación en los tributos del Estado. Es decir, se convierte en prioritario el pago de una deuda que puede proceder, al menos en parte, de obras, servicios o suministros adjudicados por alcaldes y concejales al margen de la legalidad. En qué proporción no se sabe. Al menos, por lo que se refiere a La Laguna, mis intentos de averiguarlo han sido hasta ahora infructuosos.

En las entidades locales se ha generalizado un procedimiento forzado, y que en mi opinión consiste en un fraude de ley, para regularizar buena parte de los contratos ilegales: es el “reconocimiento extrajudicial de crédito” por parte del Pleno de obligaciones que provienen de contratos ilegales, ya que se adjudicaron sin cobertura presupuestaria o incumpliendo las reglas de contratación pública que aseguran la concurrencia de varias ofertas y la obtención de las mejores condiciones calidad-precio para la Administración.

La justificación chusquera de ese reconocimiento es más o menos así: como el proveedor ha cumplido, si no se le paga se le ocasiona un perjuicio económico. Y, al tiempo, la Administración se enriquece injustamente a costa del proveedor. Este argumento valdría si se empleara para regularizar adjudicaciones efectuadas realmente en circunstancias de urgencia o excepcionalidad y para resolver problemas o necesidades importantes. Pero cuando se utiliza casi a diario para pagar contrataciones ilegales en materia de fiestas o de publicidad y propaganda, ustedes dirán.

Todos los acuerdos del Pleno de reconocimiento extrajudicial de crédito llevan una cláusula ritual, exigida por la Intervención, que es la de “sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir quien contrató en nombre del Ayuntamiento” al margen de la legalidad. Pero ahí se queda. Nunca, que yo recuerde, esa parte del acuerdo del Pleno ha tenido el menor recorrido.

Con lo que ahora resulta que el pago de esos contratos ilegales se convierte en una obligación preferente, ya que el préstamo que los Ayuntamientos asumen va a condicionar toda su actividad presupuestaria, los recortes en servicios públicos municipales o el establecimiento de precios, tasas o modalidades de copago que deberán satisfacer los usuarios.

El lenguaje y normas sobre presupuestos y hacienda emplean una jerga que a casi todos los ciudadanos les suena a swajili. Y también a quienes estamos familiarizados con esos asuntos, pero no somos especialistas.

A pesar de ello, el paralelismo entre lo que acabo de comentarles y el rescate (¿o línea de crédito?) a la banca es evidente: compromisos económicos debidos al menos en parte a una gestión irregular o simplemente ilegal se convierten en prioritarios y, por uno u otro vericueto, los acabarán pagando los contribuyentes. Se está exigiendo con toda razón la creación de comisiones parlamentarias de investigación y la determinación de responsabilidades, incluso penales, a los banqueros. Y me pregunto si se exigirá algún tipo de responsabilidades por las reiteradas contrataciones ilegales y el despilfarro de dinero público en los Ayuntamientos.

CONGRESOS A ESTRIBOR

Es todo un símbolo que el día del congreso de Coalición Canaria    --y en vísperas del de el PSC-PSOE, su socio--   la Asociación española  de Directores y Gerentes de servicios Sociales vuelva a dar un requetesuspenso a Canarias en la aplicación de la Ley de Dependencia, cuyas aportaciones financieras estatales servían al Gobierno de Paulino  “para hacer caja”, como tantas veces sostuvo una aguerrida  Paquita Luengo. Digo servían,  ya que el PSC-PSOE  no ha vuelto a hablar de esto. Ni, según la nota (2.1), a mejorar el trato a los dependientes.

Paulino reclama más apoyo  de los canarios a CC para “echarle pulsos al Estado”. A Canarias le puede venir bien que existan opciones de ámbito estrictamente canario. El Estado Autonómico, como cualquier sistema democrático descentralizado, funciona empujado por la competencia de intereses y territorios  a la  que debe  servir de cauce.  Sin embargo, cuando la única forma de expresarse los intereses canarios es a través del discurso nacionalista,  la utilización del conflicto con el Estado como coartada está servida. Como coartada para no hacer balance del ejercicio del poder que CC ha monopolizado durante tanto tiempo. Ni de las oportunidades desaprovechadas, tal vez para siempre, a lo largo de los años de vacas gordas.

La dirigencia del PSC-PSOE tiene amarrado ya SU congreso. No se prevé el menor sobresalto. Que coincida el peor resultado  de treinta  años de elecciones al Parlamento Canario con ese sismógrafo tan plano es un síntoma inequívoco. De que algo no funciona.

He dicho, y lo mantengo, que puestos a hacer recortes  en los servicios y programas sociales prefiero que los hagan los socialistas. Porque los harán a regañadientes, por convicción y por instinto político de supervivencia.

Creo, además, que es mejor que Canarias no esté en manos de un gobierno del PP en estos momentos. Simplemente porque la concentración de poderes ahoga la sociedad libre. Y porque una de las grandes razones de ser del federalismo es precisamente esa: “… el poder que se desprende del pueblo se divide entre dos gobiernos distintos (el Federal y el de los Estados miembros), y luego la porción que le corresponde a cada uno se subdivide en departamentos diferentes y separados (legislativo, ejecutivo y judicial). De aquí surge una doble seguridad para los derechos del pueblo…”. Así lo argumentaba James Madison al defender la Constitución Norteamericana de 1787.

El PSC-PSOE no puede hacer otra cosa que gestionar  los estragos de la crisis y de una herencia ajena de veinte años de hegemonía de CC y de su forma de ejercer el poder.

No  es perceptible, ni en el discurso del Gobierno canario ni en las decisiones que toma, la huella de un discurso o de unas prioridades  inspiradas por la dirigencia socialista. Más bien lo contrario: cada vez es más frecuente la utilización por los Spínola y Cía. de las muletillas de Coalición Canaria: la exportación de errores y responsabilidades. Y  su disposición llamar ahora ajustes a lo que en la pasada legislatura  los socialistas canarios llamábamos recortes, recortes que CC y PP hacían  en los servicios públicos fundamentales mientras se mantenían gastos completamente superfluos. Esta burocracia atolondrada no quiere caer en la cuenta de que quien impone el lenguaje, impone su hegemonía y la de los intereses que representa. En este caso, CC no impone: sencillamente mantiene una supremacía gastada. Ahora, con el bastón de un PSC-PSOE a la deriva.

En Canarias  hay exigencias de fortalecimiento y calidad democráticos  que  son irrenunciables. Sin coste económico. Debieron ser la señal de que este Gobierno participado por el PSC-PSOE no era uno más de la serie interminable. Pero la inanidad de algunos lo ha impedido. Me refiero a la reforma electoral, a la del régimen de la RTVC, a la del Catálogo de Especies “desprotegidas”, a la evaluación en serio de la Ley de Dependencia, al cuestionamiento  de verdad  de la colonización del Presupuesto por la caterva de los 109  altos cargos de conciencia (y su cohorte de asesores  de la nada)…

Es indudable que la adopción de medidas claras en esa dirección habría contribuido a mejorar la confianza de los canarios en sus Instituciones. En tiempos de crisis, el restablecimiento de la confianza en los gobernantes es uno de los ingredientes esenciales de la solución. Sólo esa confianza hace posible proponer a los ciudadanos una tarea colectiva esperanzadora, aunque entrañe sacrificios.

Sólo la confianza en que el reparto de sacrificios será justo y que al final del túnel habrá una Canarias mejor para todos movilizará  todas las energías disponibles. Que son muchas en el aquí y ahora de las Islas.

La dirigencia socialista se ha inhibido de todo eso,  a cambio de colmar sus pulsiones freudianas de poder. Por eso evitan como sea la pregunta clave: que no es la de con quién gobiernas, porque en democracia parlamentaria el pacto es lo habitual. Sino la de en qué condiciones y para qué. Porque no tienen arrestos para la única respuesta franca: en las condiciones que sea y para estar en el gobierno. Jerónimo será siempre más descarado que sus epígonos. Y lo dijo claro: no importan los resultados electorales, sino estar en el Gobierno.

Por eso, y porque los resultados electorales fueron pésimos,  en el Congreso del PSC-PSOE no hay demasiadas cosas que celebrar. Les da vértigo simplemente pensar en abrir una  nueva etapa en la que tuvieran que coexistir los que están en el Gobierno con una  nueva dirección y  nuevos retos con aliento de futuro. Que es exactamente lo que han intentado, aunque con poco éxito por lo que se va viendo, los que más instinto de poder tienen en CC.

El PSC-PSOE va a dar continuidad a la  estrategia impuesta por una burocracia tan ambiciosa de “tocar poder” como anodina. Ser partido-bisagra-disponible-para-pactos. Eso es malo para Canarias y puede acabar siendo letal para el PSC-PSOE. Pero con el reparto de cargos la dirigencia  lo  tiene todo controlado. Esa era su estrategia. No conocen otra. Al menos, tengan el decoro de reconocerlo.

QUEJARSE A BRUSELAS

Qué pronto se vuelven las tornas. Ahora son el Gobierno de Canarias, y un montón de dirigentes del PSC-PSOE que han permanecido impasibles –en el mejor de los casos-- ante proyectos sumamente agresivos contra los recursos naturales del Archipiélago, los que se vuelven a Bruselas invocando las normas medioambientales europeas. Me estoy refiriendo a las autorizaciones para las prospecciones petrolíferas del ministro Repsoria.

Están tan acostumbrados, por estos andurriales ultraperiféricos, a empezar a contar cada historia por donde les conviene, a imponernos a todos la desmemoria a discreción, que se han llegado a creer que en Europa se pierden los expedientes, o se aplican las normas al estilo compadre…pero resulta que no es así.

Para allanar el terreno a la construcción del Puerto de Granadilla removieron todos los obstáculos habidos y por haber. Condicionaron el apoyo parlamentario de CC a Zapatero, primero a que el Gobierno español defendiera el Puerto ante Bruselas y luego a que no presentara el Recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo “Catálogo”. Luego trataron de descatalogar los sebadales justo en la latitud y longitud marcada por el proyecto del Puerto --como si los habitats se pudieran despachar por piezas--.

Y, para dar el jaque mate a las garantías medioambientales y a los derechos de información, participación y acceso a la justicia de los ciudadanos, incorporados a las leyes europeas y españolas desde el Tratado de Aarhus, aprobaron por Ley el Catálogo Canario de Especies Amenazadas burlando todos esos derechos.

No se cortaron un pelo ni para presentar en el Parlamento de Canarias el nuevo Catálogo a través de una Proposición de Ley (de los grupos parlamentarios de CC y PP) y ahorrarse los informes jurídicos y técnicos que son preceptivos en caso de un Proyecto de Ley del Gobierno. No sea que se descubriera el múltiple fraude de ley.

Para que quede claro: la regulación del Catálogo de Especies por Ley, y no por Decreto, es completamente inusual. Lo hicieron así porque en el procedimiento legislativo no hay trámite de información pública (aunque yo creo que después del Tratado de Aarhus debiera establecerse, cuando la Ley que se pretende aprobar se refiera a materia medioambiental). Y porque una norma con rango de Ley no puede ser recurrida sino ante el Tribunal Constitucional, pero no están legitimados para hacerlo los ciudadanos ni las asociaciones defensoras del medioambiente.

LOS EUROPEOS SON RUBIOS, PERO NO TONTOS. Y ahora mismito se acordarán, y si no les refrescará la memoria el ministro-lotería que tenemos los canarios, de que el Gobierno de España y el de Canarias utilizaron para acallar las quejas de los ecologistas y de tantos canarios de buena voluntad el argumento de que la construcción del Puerto de Granadilla obedecía a “imperativos de interés público de primer orden”, invocando la excepción prevista en la Directiva Habitats (art. 6,4º) para ejecutar un proyecto de infraestructura que afecte a un “hábitat natural que albergue especies de carácter prioritario”.

Como ustedes podrán comprender, si construir un Puerto, haciendo un estropicio medioambiental de aquí te espero, en una isla que tiene otro Puerto importante puede justificarse en pretendidas razones de interés público de primer orden, simplemente elaborando un programa de medidas compensatorias, imagínense quién se va a negar en Bruselas a que el Gobierno de España invoque idénticas razones de interés público nada menos que para autorizar la investigación de recursos petrolíferos en un país que tiene una balanza energética muy deficitaria.

Esto es lo que suele pasar cuando las Instituciones caen en manos de aventureros.

Y a todas éstas, todavía estoy esperando a que mi líder natural --me refiero obviamente a Paco Spínola-- dé la cara y explique por qué todavía no ha cumplido la promesa de presentar, desde que se constituyera el Parlamento tras las elecciones, una iniciativa legislativa para modificar el Catálogo de marras.

Cambiar las reglas del juego

… a mitad del partido. Esto es lo que reprocha  (con toda la razón del mundo)  la dirección del PSOE al  Gobierno y al PP, a propósito de la elección del presidente del ente público RTVE. Por eso han decidido, al menos de momento, no participar en la “farsa” con argumentos lapidarios como  “lo que no puede explicarse, no debe hacerse”.

Pues eso, cambiar las reglas del juego durante el partido, es exactamente lo que han llevado a cabo en Canarias  CC y la dirigencia del PSC-PSOE para la elección de los miembros de los órganos dependientes del Parlamento. Con un agravante, si cabe: que lo han hecho para dejar en el dique seco al Partido que ganó las elecciones  al Parlamento de Canarias, el PP.

La democracia no puede convertirse en un juego infantil  en el que los cabecillas cambian las reglas y los  argumentos cada vez que les conviene. Ni los protagonistas de la vida institucional pueden continuar tratando a los ciudadanos como  a seres carentes de inteligencia.

El  PSOE puede reivindicar como un logro importante  haber dotado a la radio y la televisión estatales de un estatuto  favorable a su independencia del Gobierno de turno, venciendo la tentación de seguirla utilizando como arma propagandística. Es una tentación golosa que llegó a su cénit en la etapa aznar-urdaciana y a la que ceden casi todos los gobiernos autonómicos. Cualquiera que sea su pelaje político.

Estaba cantado que el PP daría un golpe de mano a RTVE. No pueden con su condición. Y lo han hecho.

Aquí, por estas islas, el PSC-PSOE está en manos de una pandilla de burócratas que no tienen otro rumbo que el que les marca su mediocre tacticismo, salir del paso día a día, renunciando cínicamente a sus compromisos electorales más importantes y dificultando, por contraste, la credibilidad de cualquier discurso de renovación y  de alternativa de fondo y de formas al PP, que resulta inaplazable para el propio PSOE y para la sociedad española.

La verdad es que, si no fuera porque ni los votantes ni la inmensa mayoría de los militantes socialistas se  merecen este espectáculo, no valdría  la pena hablar de estas cosas.

Cambiar el vergonzoso panorama de la radio-televisión autonómica, estableciendo un régimen legal “como el  que Zapatero dio a la televisión estatal” era un compromiso políticamente relevante de los socialistas canarios. Como cambiar el sistema electoral al Parlamento,  derogar el Catálogo de Especies “desprotegidas” y tantos otros. De todo eso no quedó sino polvo de bengala al día siguiente de las elecciones.

Sin embargo, sí que se prestaron a lo que ni siquiera se atrevieron el tándem Soria-Paulino de sus mejores momentos: cambiar las reglas del juego durante el partido para poder dejar fuera del Consejo Consultivo o de la audiencia de Cuentas, llegado el caso,   al ganador de las elecciones.

Cuando les dices que estas maniobras degradan la democracia y que siempre acaban volviéndose, pero corregidas y aumentadas, contra los valores progresistas y contra quienes los defienden  parece que les estás hablando en chino. Sólo conocen la luz de posición. Y mantener su cuota en los 109  altos cargos…de conciencia. Y en la ristra de asesores y personal de confianza.

¿Por qué está devaluado el debate presupuestario en La Laguna?

Y en la generalidad de los Ayuntamientos. Por dos razones:

La primera, porque la legislación prohíbe incorporar al presupuesto inicial , que es el que se debate y se aprueba, los recursos del Remanente de Tesorería que proceden de ejercicios presupuestarios anteriores y que consisten --para entendernos--  en la diferencia entre lo que el Ayuntamiento tiene pendiente de cobrar y lo que tiene pendiente de pagar. Pueden  ser cantidades importantes, de varios millones de euros, que se podrán incorporar posteriormente  para financiar modificaciones del Presupuesto  que se somete a  debate y votación (art. 104.2 y 4 del Reglamento de la Ley de Haciendas Locales).

Esta prohibición legal pretende evitar que con recursos pendientes de cobro  --que se cobrarán o no--  se aprueben presupuestos imaginarios. Pero impide poner sobre la mesa, en el debate presupuestario,  todo el dinero que se va a gastar realmente durante el año. Es decir no sólo  las partidas de gasto que figuran inicialmente en el presupuesto, sino las que resultarán de la incorporación del remanente de tesorería.

La segunda, porque se ha extendido hasta el abuso la tramitación de modificaciones presupuestarias. De   forma que  a lo largo del ejercicio económico se incrementan, o se reducen, muchas de las partidas  de gasto que figuran en el Presupuesto debatido y aprobado por el Ayuntamiento.

Esas modificaciones, aisladamente consideradas, son legales. Pero cuando se tramitan más de 60 durante el año, como en La Laguna, el Presupuesto que realmente gestiona y gasta el gobierno municipal se parece muy poco al que sometieron a debate y votación en el Pleno, que es el momento en el que los representantes de los ciudadanos de La Laguna  -- a los que se pide un esfuerzo económico creciente para poder pagar los impuestos con que se financia el Presupuesto--   pueden fijar los límites del gasto y  en qué debe gastarse.

Es verdad que gran parte del Presupuesto viene prácticamente comprometida de antemano: los gastos de personal y los destinados a pagar el funcionamiento de la Administración municipal y los servicios fundamentales consumen gran parte del presupuesto. Las restricciones que puedan aplicarse no  desvirtúan en lo esencial esta afirmación.

Por eso es tan importante afinar en los gastos que sí dependen de la voluntad de quien gobierna. Es ahí donde se dibujan las sensibilidades y compromisos reales,  el modo real de entender la  administración de los recursos de todos. Que por definición y más en tiempos de crisis, son escasos.

Algunos datos, para que no todo sean razonamientos:

El Presupuesto de gastos del Ayuntamiento aprobado por el pleno para 2011 ascendía a 134.319.686,03 euros. El Presupuesto de gastos definitivo, después de todas las modificaciones efectuadas, ascendió a 173.357.263,04 euros. Casi  40 millones de diferencia.

La partida de  transporte público era inicialmente de 1.015.156,00 euros, la definitiva de 1.390.693,75;  Las obligaciones reconocidas, es decir lo que el Ayuntamiento  se gastó en transporte a 31 de diciembre, sólo de 458.457,25 euros.

Por el contrario, la partida  denominada “Publicidad y Propaganda” era inicialmente de apenas 176.532 euros. La definitiva, de 1.119.931,24 euros. Casi diez veces más de lo que el Pleno autorizó a gastar al aprobar el Presupuesto. Así se pueden entender algunas servidumbres en los medios informativos. Y algunas censuras.

La de fiestas, 1.018.518,72 euros. Finalmente se convirtieron en 1.867.858,69. Pero el gobierno municipal ha comprometido realmente 1.945.553,87  al cerrar el ejercicio. Casi el doble. Y eso que es imposible controlar lo que se gasta por otros conceptos, pero en realidad son gastos de fiestas. Un indicio es el gasto  del área de Comercio, parte del cual financia actividades festivas, con la justificación de que fomentan la actividad comercial. Justificación que tiene fundamento, pero el gasto es en fiestas. Comercio: 219.724,29 euros de consignación inicial, 1.122.007.03  euros al final del ejercicio. Multiplicados por cinco.

Argumentan que la actividad de fiestas mueve empresas y empleos. Y es verdad, pero eso puede decirse de cualquier otro sector de la economía lagunera. Por ejemplo, el turismo: 542.172,29, inicial, y 747.713,06  comprometidos a  final de año. Y también que el dinero que  se exige a familias y empresas para gastarlo en finalidades supérfluas, las propias familias y empresas pueden gastarlo muy sabiamente. Y eso también reactiva la economía. Entonces ¿por qué en fiestas, cómo se contrata y  a qué empresas?

Cuando el Ayuntamiento exige a los vecinos/contribuyentes un esfuerzo adicional de 4.476.080 euros, que es lo que se espera recaudar como fruto de las subidas de el IBI, IAE, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa de la Basura, aprobadas para 2012, hay que ser muy cuidadoso y muy riguroso a la hora de gastar.

Ese gasto, el real, es el que figura a 31 de diciembre de cada año, el que hay que buscar y analizar en la Liquidación del Presupuesto. No el que se  vota por el Pleno, tras lo que debiera ser el debate más importante del año. El debate presupuestario está devaluado. En parte por disposiciones legales, en parte por causa del comportamiento del Gobierno municipal de La Laguna y de los de  casi todos los  municipios canarios. De casi todo pelaje partidista.

Entiendo por los años y la experiencia que los gobernantes quieran hacerse propaganda y crear o mantener clientelas. Es humano y  forma parte de la genética del poder. Aún en tiempos de crisis, donde se ven obligados a recortar prestaciones  y  a subir los tributos, establecer precios públicos y sistemas de copago por servicios que hasta ahora eran gratis. Pero todo, como en la vida, es cuestión de límites. Es en los límites donde se ponen de manifiesto las diferencias en la forma de entender la política. Y los valores sociales  de cada quien.

Esto no pretende ser una visión completa del Presupuesto. El resto lo pueden conocer a través de los medios informativos y de la “publicidad y propaganda”  oficialista, cuyos gastos también mueven la economía. Ustedes verán.

Cualquier intento del Gobierno de La Laguna de pactar el presupuesto, tendría que partir de las cifras que se gastaron en 2011. No de las que figuran en el Presupuesto 2012 que han presentado y aprobado esta semana. Y esto vale para el futuro. Así se evitaría que lo que se pretende pactar sea  una cosa y lo que el gobierno va a gastar, otra.

La "ZAL", una gran operación de suelo en el Plan General de Santa Cruz

Se está tramitando un Plan de Ordenación Industrial de Tenerife. La Dirección General de Industria del Gobierno ha publicado el Avance. El objeto de este Plan debería ser  facilitar el desarrollo del Plan Insular de Ordenación y  proporcionar criterios  sobre la regulación de suelo industrial a los ayuntamientos.

Pero…(siempre hay algún pero) resulta que en el Avance se pretende consolidar un Área muy importante de nuevo suelo industrial en el vértice noroccidental del municipio de Santa Cruz, junto al Sobradillo y el Llano del Moro, en una zona en la que predominan usos residenciales (El Tablero, La Gallega y el Centenero)  en la confluencia de Santa Cruz con El Rosario y La Laguna.

Esta nueva área industrial, la Zona de Actividades Logísticas,  por su superficie (126 hectáreas), ubicación y porque  estará  “a caballo” de la futura Autopista Exterior va a tener influencia sobre toda la Isla. Así se reconoce en el Avance.

Sin embargo, no figura prevista por el Plan Insular de Ordenación. Es el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Plan General de Ordenación, quien pretende implantarla sin tener competencias para ello. Los Ayuntamientos pueden definir áreas de suelo industrial de carácter municipal. Por eso, el Ayuntamiento de Santa Cruz se  empeña en tapar su falta de competencia, afirmando en el  ANEXO SOBRE EL CARÁCTER MUNICIPAL DEL SECTOR ZAL S/C  1 que la futura ZAL servirá exclusivamente para mejorar la competitividad de las Zonas comerciales abiertas de Santa Cruz  (Zona Centro, Las Ramblas y Zona Mercado). Es evidente que no es así.

 Un dato: toda la zona industrial de Los Majuelos (que comprende el Parque Comercial donde está  Alcampo  y otros grandes establecimientos,  más la parte propiamente industrial  que linda con la autopista del norte por debajo de Las Chumberas) tiene sólo 86 hectáreas. Este Polígono  tiene un  indudable carácter insular,  reconocido por el Plan de Ordenación Insular de Tenerife.

Sin embargo, el Plan de Ordenación que aprobó provisionalmente el gobierno de Zerolo sostiene que una nueva Zona Industrial equivalente a  126 campos de fútbol, y situada en la encrucijada de tres municipios, que se van a ver afectados intensamente, puede definirla el Ayuntamiento de Santa Cruz como si fuera un asunto meramente municipal.

Esa Zona de Actividades Logísticas condicionará completamente el Suroeste del Área Metropolitana, la de mayor crecimiento residencial del conjunto Metropolitano  (según la ordenación territorial de Tenerife, el PIOT) y  afectará a amplios espacios de suelo  que el Cabildo ha considerado necesario proteger  por  sus valores agrícolas, paisajísticos y ambientales.

La futura ZAL dependerá de la construcción de la Autovía Exterior, que muchos hemos cuestionado desde que fue concebida y, particularmente, la Asociación de Ganaderos de Tenerife, por considerar que es innecesaria y  porque destruirá de más de 900.000 de metros cuadrados de suelo agrícola, contando sólo los enclavados en el municipio de La Laguna.

En fin, que han intentado aprovechar el Plan General de Ordenación de Santa Cruz para poner en marcha una operación urbanística   de gran envergadura. Tanta, que ni el Ayuntamiento, ni el Plan General de Santa Cruz tienen competencias para diseñarla y   tratar de darle cobertura legal.

Como se ve, una vez más,  hay quienes se aprovechan de esa tan criticada “selva de normas y de planes”   para arrimar el ascua a su sardina.

Lo he preparado, sin ser un especialista en la materia, para presentar alegaciones si  --como me imagino--  el Plan de Ordenación Industrial de Tenerife mantiene el propósito de legalizar una decisión que ni la Dirección General de Industria, ni el Gobierno de Canarias, ni el Ayuntamiento de Santa Cruz tienen autoridad para tomarla al margen y en contra del Plan Insular de Ordenación, que es  donde se ha definido el modelo de desarrollo de Tenerife insular y comarcalmente hablando.

Si alguien tiene interés por profundizar un poco más en este asunto, le recomiendo la lectura de un artículo más elaborado (y más aburrido) que lleva por título: “La  zona de actividades logísticas del Plan General de Santa Cruz.

LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE SANTA CRUZ

El Plan General de Ordenación del municipio de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en tramitación, incluye  la delimitación de una Zona de Actividades Logísticas  (ZAL), que ocupará el  vértice  Noroccidental de este municipio en su límite con El Rosario, junto a sus núcleos de El Sobradillo y Llano del Moro, en un área urbana en la que predominan los usos residenciales (El Tablero, La Gallega, el Centenero)  en los tres términos municipales con los que limita.

Se trata de un Polígono de nueva implantación, definida por el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Industrial de Tenerife, actualmente en fase de Avance, como “Una destacadísima pieza de suelo industrial… (cuyo) carácter predominantemente logístico…lo asocia al Puerto de Santa Cruz y Aeropuerto de Tenerife-Norte….(pero) es precisamente esta singularidad de usos la que lleva a considerar todo el ámbito insular como su zona de influencia”.

La superficie del Área delimitada para la implantación de la ZAL, 126 Hectáreas, su ubicación en el Área Metropolitana y su situación   “a caballo” de la futura Autopista Exterior ( así la describe Avance del PTEOI), cuya ejecución afectará a amplias zonas calificadas por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife  como Áreas De Regulación Homogéneas por sus valores agrícolas y paisajísticos  ponen de manifiesto su trascendencia territorial, con una capacidad estructurante que va más allá del ámbito municipal  de Santa Cruz de Tenerife.

A pesar del alcance insular y, en todo caso, comarcal de la futura ZAL, el Plan Insular de Ordenación de  Tenerife no identifica ni prevé la implantación de esta Zona de suelo industrial, ya que sólo identifica como polígonos de ámbito comarcal: Costa Sur, El Mayorazgo, Los Majuelos y  El Chorrillo-Cuevas Blancas (Área Metropolitana); Las Chafiras, Barranco de Las Torres, Las Almenas y San Jerónimo en el resto de la Isla.

Ello implica que “la identificación de otros ámbitos distintos de los señalados con el carácter de polígonos  comarcales para actividades industriales y terciarias se realizará a través de Planes Territoriales Especiales de Ordenación de ámbito insular.” (3.6.2.5   2-D, PIOT).

Sin embargo, el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife pretende definir y ordenar esta zona de Actividades Logísticas, contraviniendo directamente la prohibición establecida en el Plan Insular de Ordenación “Ningún instrumento de planeamiento urbanístico podrá delimitar ni tampoco ordenar ámbitos que tengan la consideración de polígonos comarcales industriales y/o terciarios que no hayan sido identificados por el PIOT o por un Plan Territorial Especial” (3.6.2.5   4-D, PIOT).

Para llevar a cabo esa delimitación (que contraviene el PIOT y el artículo 7 de la L.  6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes de ordenación territorial) el PGO de Santa Cruz realiza todo un esfuerzo de simulación tratando de justificar el alcance meramente municipal de la ZAL, dedicando  a esta finalidad un ANEXO SOBRE EL CARÁCTER MUNICIPAL DEL SECTOR ZAL  S/C  1, en el que se afirma que “No se trata de una actuación planteada desde el interés insular o comarcal”… ya que  “el desarrollo de esta zona de actividades logísticas vendrá a potenciar la competitividad de las Zonas Comerciales  Abiertas de Santa Cruz  (Zona Centro, Las Ramblas, Zona Mercado…)”, insistiendo en que  “la consideración de un sector de actividades como supramunicipal por la amplia superficie del suelo delimitado, es algo que no está fundamentado en ninguna normativa..”, así como   “al decirse en la Revisión del PGO que el Sector de la ZAL  S/C  está localizado estratégicamente, al tener acceso desde la futura Vía Exterior, no se está diciendo que tenga carácter estratégico..”.

En efecto, el gobierno Municipal  de Santa Cruz es perfectamente consciente de que sus competencias de planeamiento urbanístico están perfectamente delimitadas en materia de delimitación y ordenación de suelo industrial por la legislación canaria sobre ordenación del territorio, de los recursos naturales y urbanística, pudiendo “establecer la clasificación y categorización de suelos industriales para polígonos de ámbito municipal” (art.7.2 de la Ley Territorial 6/2009, de 6 de mayo, entre otras disposiciones).

Y pretende extralimitarse definiendo la implantación,  como si fuera de mero ámbito e incidencia municipales,  de un Polígono Industrial de amplia influencia territorial por su localización, por su dimensión (126 Has.), por su dependencia de la ejecución de infraestructuras viarias de carácter insular, así como por los efectos que producirá en un área supramunicipal de intensa ocupación y potencialidad residencial , que es contigua a ámbitos preservados por sus valores agrícolas, paisajísticos y ambientales.

Para tener una idea de la dimensión de la ZAL que pretende implantarse, 126 Has., comparémosla con la superficie de otros polígonos de suelo industrial de ámbito insular:  Los Majuelos (64 Has.), Polígono de Güimar (115 Has.), Las Chafiras (190 Has.), San Jerónimo-La Orotava (62 Has.), Costa Sur-Mayorazgo- Refinería (189 Has.). Estas superficies están tomadas del Avance del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Industrial de Tenerife e incluyen la ampliación de la superficie actual de esos Polígonos que  se propone por el propio  Avance.

LA IMPLANTACIÓN DE LA ZAL CONTRADICE EL MODELO DE ORDENACIÓN DEL PIOT

El Plan Insular de Ordenación (3.6.2.5  5-D) establece que cada Polígono Industrial Comarcal “debe estar correctamente integrado en el modelo de ordenación que se propone…”:

El Modelo de Ordenación del Área Metropolitana establecido en el Plan Insular de Ordenación  contiene determinaciones muy precisas  en cuanto a la definición de los usos del territorio, protección de los valores agrícolas y paisajísticos y características del sistema viario, que no son compatibles con la implantación de un área de actividades industriales con la ubicación, superficie, conexiones, incidencia territorial y capacidad estructurante  de la ZAL que pretende implantar el Plan General de Ordenación del municipio Santa Cruz de Tenerife.

Y que el Avance del PTEOI pretende convalidar una decisión que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha tomado al margen de sus competencias urbanísticas, a costa de quebrar el sistema integrado del planeamiento, la jerarquía de los diferentes Planes y la propia naturaleza y función del Plan Territorial Especial en fase de Avance: 1.1.3 (Objetivos Estratégicos del PTEOI)  “facilitar el desarrollo de las determinaciones del PIOT…proporcionando criterios de ordenación al planeamiento urbanístico municipal”. Es decir,  exactamente lo contrario de lo que propone el Avance.

El PIOT, que no identifica a la ZAL  S/C 1  entre los polígonos industriales comarcales, define como prioridad la concentración de los esfuerzos de la Administración en el desarrollo de los polígonos comarcales previstos en el PIOT y  dotándolos de acuerdo a las características socioeconómicas y necesidades  de cada comarca concreta (3.3.6.4).

El PIOT, en la ordenación del Área Metropolitana   (sistema de núcleos urbanos 2.2.1.3), se refiere al Sur Oeste metropolitano como el área de mayor capacidad de crecimiento residencial del conjunto metropolitano, lo cual exige (y todavía permite) una atención especial al diseño de la estructura general.

Además, según las previsiones del PGO de Santa Cruz de Tenerife y las del Avance de PTEOI, la ZAL  S/C 1 estará situada a caballo de la futura Autovía Exterior, de cuya  ejecución  tiene una “dependencia funcional temporal”  (Avance PTEOI, Ámbito 06 ZAL, DEBILIDADES).

La propia Autovía Exterior, prevista por el PIOT y desarrollada por el Plan Territorial Especial del sistema Viario del Área Metropolitana,  está concebida  como una infraestructura viaria de carácter insular que debe establecer una clara discontinuidad entre el tejido urbano del área Santa Cruz-La Laguna, cuyas condiciones de ordenación garanticen que, en ningún caso,  puedan inducir  expansiones edificatorias sobre las zonas agrícolas inmediatas  (Área Metropolitana, Modelo Viario 2.2.1.5  7-D).

Es evidente que la implantación de la ZAL, a caballo de  la  ¿futura?  Autovía  Exterior , va a inducir nuevos desarrollos urbanísticos del Área Metropolitana, contradiciendo la funcionalidad  de establecer una discontinuidad entre la trama urbana metropolitana y las zonas adyacentes, que el planeamiento insular atribuye a dicha Autovía. Es como reproducir, dos décadas después y utilizando una infraestructura viaria cuyo trazado afecta a un área de influencia mucho más amplia (Autopista Exterior),  el mismo proceso que el inducido por la ejecución de la Autovía Tenerife 2, desde Las Chumberas a Santa María del Mar, a la que se asignaron en su día  teóricamente las mismas funciones que a la  Autovía Exterior.

Efectivamente, la Autovía TF-2  “…constituyó un primer intento por…desviar al tráfico proveniente del Norte y con destino al Sur de la Isla, evitando su paso por el Centro de santa Cruz…”, aunque en realidad sirvió como soporte de nuevos desarrollos residenciales, industriales y terciarios  (Polígono Los Majuelos), como acabó reconociendo el Avance del Plan Territorial Especial del  sistema Viario del Área Metropolitana  (Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, pág. 5), al  haber quedado  dicha vía  “absorbida por el desarrollo urbano”.

Se quejan constantemente muchos representantes empresariales de la selva de normas y planes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Y tienen razón, aunque sé que lo que algunos desearían es que no hubiera regulación  de ningún tipo. Ahora bien: es evidente que toda esa maraña está sirviendo para un objetivo ajeno a la seguridad jurídica, al interés general y  a la utilización sostenible de nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Está sirviendo en realidad para que algunos políticos, aprovechando la complejidad del sistema, pretendan hacer lo que les da la gana, recuperando por cualquier grieta la más amplia discrecionalidad para hacer valer no se sabe qué intereses. O sí se sabe.

TRAMPAS AL CABILDOS Y AYUNTAMIENTOS

Le cogieron gustito. Al gustito que tienen los tramposos, desde que se les ocurrió cambiar las reglas del juego sobre la marcha para dejar fuera al PP, primera fuerza parlamentaria, de la Audiencia de Cuentas y del Consejo Consultivo. Y ahora le toca a cabildos y ayuntamientos.

Cuando practican el aventurerismo quienes debieran velar por la calidad democrática (me refiero a Spínola y compañía), deben saber que en ese terreno al final acaban perdiendo ellos y, sobre todo, la democracia. Porque los que no creen en la democracia ni en el Estado de Derecho siempre estarán dispuestos a llegar más lejos y más hondo en el deterioro de principios básicos, como el de libertad informativa o el de seguridad jurídica.

Y cuando arrecian los ataques del PP --usando a destajo el Decreto-Ley para derogar derechos laborales o para asaltar TVE-- los aprendices de brujo de estos pagos se quedan inermes. Amordazados por sus propias malandanzas. Porque la derecha es implacable a la hora de restregarnos a todos las inconsecuencias de quienes se dicen de izquierdas o demócratas. Y tiene medios para hacerlo.

El anuncio de que van a subir el IGIC, pero dejando fuera a los cabildos y ayuntamientos canarios del incremento de la recaudación, es hacer trampas. Ya no al adversario político, sino a entidades que están en primera línea de la atención a los canarios y sometidas a un estado de excepción financiero por la crisis. Y porque el Gobierno estatal las ha intervenido imponiéndoles un feroz Plan de Ajuste con el pretexto del pago a los acreedores.

Ese Plan de Ajuste va a obligar a reducir el alcance de los servicios públicos que gestionan por obligación legal, o para responder al fracaso de otras Administraciones (como el de la aplicación de la Ley de Dependencia). O a financiarlos a costa de los usuarios, a través de tasas, precios públicos o del copago, y no a través de los impuestos, renegando del principio esencial del Estado Social

El Gobierno de Canarias va a repetir la agachadilla de la Ley 9/2003: apropiarse en exclusiva del incremento de recaudación sobre la importación y entrega de tabaco rubio, aplicándole un tipo impositivo recargado. Pero corrigiéndola y aumentándola.

El IGIC es un impuesto indirecto técnicamente bien articulado, que permite la progresividad fiscal a base de recargar las operaciones de entrega de bienes o prestación de servicios que demuestran gran capacidad de gasto (y gusto por el lujo) en el contribuyente, manteniendo tipos impositivos muy reducidos sobre todo lo que tenga que ver con bienes y servicios necesarios para las personas o para las empresas. Y esto es lo que debería hacer el Gobierno. Y hacerlo de acuerdo con los cabildos y ayuntamientos y para reforzar los ingresos de todas las Administraciones Públicas Canarias. Y no sólo los recursos del propio Gobierno.

El Gobierno de Canarias sabe que la decisión anunciada es un atropello a un principio de lealtad institucional establecido por la tradición en materia de REF y consagrado por la Ley estatal que creó el IGIC (L. 20/1991, Disposición Adicional Octava) y por la Ley reguladora del Bloque Canario de Financiación (L. 9/2003, Artículo 10).

Sabe también que los tributos del Régimen Económico y Fiscal fueron creados “como recursos de las Haciendas Locales” del Archipiélago, “mejorando la capacidad de las mismas y llevándolas a jugar un importante papel en la promoción de la expansión económica y social de las islas”. Saben, mejor que yo, que la creación de los vigentes tributos del REF afectó a figuras tributarias del “ámbito de la imposición local”. Así de clarito lo dice la Exposición de Motivos de la Ley 20/1991.

Pero saben, sobre todo, que las entidades locales tienen garantizadas constitucionalmente su autonomía y su suficiencia financiera. Ni más ni menos que las Comunidades Autónomas.

Por eso habrá que activar al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local, que también está para eso. Y no sólo para parar las prospecciones petrolíferas repsorianas. En el Ayuntamiento de mi pueblo lo voy a plantear.

Pago a los proveedores y el anzuelo del PP

Está pasando bastante inadvertida la medida adoptada por el Gobierno de España que “parece que va a condicionar la actividad económica municipal para los próximos diez años”, según la Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna.

Esta medida consiste en el establecimiento obligatorio de un “mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas con los proveedores de las entidades locales y su financiación”. Así lo define el Real Decreto Ley 4/2012.

Para el buen funcionamiento de ese mecanismo de pago a los acreedores es necesaria una información financiera fiable. Para obtenerla, se impone a las entidades locales la obligación de comunicar al Ministerio de Hacienda, mediante certificación, el volumen total de su deuda con los acreedores.

Una vez determinado el volumen real de deuda con los proveedores, los Ayuntamientos tienen que “escoger” entre dos opciones: pagar sus deudas o acudir a una operación de endeudamiento. En realidad, en la actual situación no hay opción: el dilema es endeudarse o endeudarse.

Si no pagan, si no conciertan la operación de endeudamiento o si incumplen las condiciones de pago derivadas de la misma (es decir, el pago de intereses y amortización), el Gobierno podrá retener parte de las transferencias que corresponden a los Ayuntamientos por su participación en los tributos del Estado, en la cuantía y plazos que se fijen en los Presupuestos Generales del Estado.

La autorización para poder obtener el nuevo préstamo, que tendrá carácter excepcional y no se le aplicará la regulación restrictiva al endeudamiento de las entidades locales, se condiciona a la aprobación y aplicación de un plan de ajuste que condicionará los Presupuestos Municipales hasta que se cancele la operación de endeudamiento. En el caso de La Laguna, a lo largo de una década (2012-2022).

El coste financiero de la operación de endeudamiento no puede fijarse de antemano. Pero, “una vez concertada computará tanto a efectos de estabilidad presupuestaria como a efectos de endeudamiento” (Informe de la Intervención de La Laguna).

El Plan de Ajuste significa trasladar a ras de tierra, a través de miles de municipios, los criterios de una estrategia contra la crisis que está fracasando económicamente y ya presenta una factura social desastrosa, que no va sino a incrementarse en los próximos años.

Los Ayuntamientos deberán definir como prioridad exclusiva de sus presupuestos la estabilidad presupuestaria, que ha pasado de ser regla de buena gestión a largo plazo a convertirse en código indiscutible de la derecha política y económica, que hay que aplicar sin condiciones aquí y ahora. Y que el PP aplica despiadadamente. Con una intensidad sólo comparable con la perfidia con que ocultaron sus propósitos hasta llegar al poder.

Para cumplir con esas prioridades presupuestarias, los Ayuntamientos deberán adquirir compromisos como los que ha adquirido por la vía de extrema urgencia el de La Laguna y muchos Ayuntamientos canarios:

- Imponer a sus trabajadores las cláusulas indemnizatorias sobre despido barato, de acuerdo con el Decreto Ley de Reforma Laboral. De esta forma, les obligan a consolidar la misma Reforma que ha dado lugar a la impresionante contestación social de la pasada semana. Las Entidades Locales, así obligadas, servirán de punta de lanza para consolidar y legitimar uno de los aspectos más injustos de la Reforma.

- Comprometerse a fijar durante 2012 la cuota de cobertura financiera de la totalidad de los servicios “mediante el sistema de copago, para ejecutarlo en el período de tiempo comprendido entre los años 2013 a 2018, a más tardar”.

En el caso de La Laguna, este compromiso va a afectar a servicios públicos prestados gratuitamente en la actualidad: Atención domiciliaria (3.177.165,91 euros de déficit), Centro de Día de Mayores Acaymo (260.777.82), Absentismo Escolar (219.055,36), Actividades Extraescolares (723.024,96). Como puede apreciarse, se trata de servicios de especial contenido social.

En el caso de los servicios que prestan en la Laguna los Organismo Autónomos de Deportes y de Actividades Musicales, los compromisos consisten en aumentar el importe de las matrículas de las diferentes especialidades musicales y en el establecimiento de precios públicos por la inscripción y disfrute de las actividades de la Campaña Municipal de Promoción Deportiva, así como por la participación en los eventos deportivos, mediante la aprobación o modificación de las correspondientes Ordenanzas Municipales.

En resumen, el PP ha aprovechado un objetivo justificado, la puesta al día de los Ayuntamientos en los pagos a sus proveedores, para darle varias vueltas de tuerca a la imposición de las recetas de la ortodoxia neoliberal, socialmente devastadoras y económicamente ineficaces para superar la crisis.

Con la imposición del Plan de Ajuste (A) extiende las competencias estatales en materia de dirección de la política económica hasta la desaparición de todo vestigio de autonomía local; (B) convierte en prioridad absoluta el pago a proveedores, incluso en el caso de servicios o suministros de carácter superfluo que han continuado contratando muchos gobernantes municipales a pesar de la crisis: fiestas y propaganda, por ejemplo; (C) obliga a establecer recortes en las prestaciones y servicios sociales de los Ayuntamientos o a financiarlos mediante el establecimientos o el incremento de tasas y precios públicos y (D) utiliza a los Ayuntamientos como agente legitimador de los aspectos más regresivos de las políticas del Gobierno estatal, dictados por el poder financiero y sus beneficiarios. Los mismos que impusieron una Reforma Constitucional contraria a la cláusula del Estado Social.

Es decir, intentando destruir lo que para la mayoría de la población da sentido a la convivencia democrática entre las personas y los pueblos de España.

COMPETENCIAS SOBRE LAS AGUAS CANARIAS

Si no he entendido mal, el Gobierno de Canarias pretende sustentar su oposición a la fiebre petrolífera de Soria (que se venía venir) en la flamante Ley de aguas canarias de 2010.

Mi opinión al respecto, después de examinar el texto de la Ley, es que: A) tiene muy poca sustancia normativa y B) no ha modificado la distribución competencial establecida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias.

La finalidad de los promotores de la Ley era la de precisar mejor el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma, incluyendo las aguas archipielágicas, a efectos del ejercicio de las competencias que Canarias tiene atribuidas a través de bloque Constitución-Estatuto. Pero no alterar el reparto competencial, cosa que no podía realizarse a través de una Ley estatal ordinaria.

Creo que esa operación de delimitar las aguas canarias era y es necesario realizarla mediante la reforma del Estatuto de Autonomía (art. 147.2.b de la Constitución), ya que afecta al ámbito espacial de nuestro autogobierno, precisando el alcance geográfico de las Leyes, decisiones políticas y el de las funciones y actividades de las Administraciones Públicas Canarias.

Creo que, en materia de prospecciones o explotación de recursos petrolíferos, la Ley no tiene incidencia competencial alguna. Lo dice explícitamente en el párrafo 2 del Artículo Único.

Sin embargo, ello no debilita en absoluto la afectación a importantes competencias autonómicas que producirán las decisiones del Gobierno de España, autorizando la investigación o el aprovechamiento de yacimientos petrolíferos en el lecho y subsuelo de las aguas jurisdiccionales o de las aguas comprendidas en la zona económica exclusiva del entorno del Archipiélago: ordenación de la actividad económica regional (art. 31.4), ordenación del territorio y de los espacios naturales protegidos (art. 30.15 y 16), turismo (art.30.21) y protección del medio ambiente, incluidos los vertidos en el ámbito territorial de la C.A. (art.32.12),

Es evidente que, si el ámbito espacial de la nuestra autonomía comprende sólamente el territorio insular y las aguas interiores delimitándolas isla a isla --como hasta ahora--, o si incluye también las aguas archipielágicas (Aguas Canarias, como las denomina la nueva Ley), van a resultar afectadas por las decisiones estatales competencias esenciales del Archipiélago. Competencias sin cuyo reconocimiento y ejercicio, la autonomía sería un juego de las casitas.

Precisamente por eso, los socialistas canarios defendimos que el Gobierno de España no autorizara prospecciones ni extracciones petrolíferas en esta zona sin que hubiera consenso con las Instituciones canarias. Y conseguimos que el Ejecutivo estatal aceptara y mantuviera ese criterio. Puedo decirlo con conocimiento de causa porque esa posición la mantuve en la Tribuna del Parlamento el 27 de abril de 2005, en el debate de una Proposición No de Ley que presentaron CC y PP, aunque luego los de Coalición reconsideraron su postura.

Consensuar no es meramente escuchar, ni conceder trámite de audiencia.

La posición de Soria en este tema o la que ha adelantado Miguel Cabrera sobre la modificación del R.E.F., advirtiendo que se decidirán unilateralmente por el Gobierno estatal y la mayoría absoluta que le sustenta, expresan una clara involución y un intento de recortar nuestra Autonomía.

En un sistema político basado en una amplia descentralización del poder y en el reconocimiento de autonomía política a las comunidades territoriales (nacionalidades y regiones las denomina la Constitución), aunque algunas competencias se denominen exclusivas es habitual que en su ejercicio se vean afectadas las competencias de otros entes, incluso las definidas formalmente como exclusivas de éstos.

Por eso el funcionamiento real del Estado Autonómico requiere lealtad y colaboración. Y cuando el ejercicio de las competencias corresponde al Gobierno o a la Administración Pública, sean estatales o autonómicas, se ha de “Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones”. Es lo que establece el art.4.1.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, vinculante tanto para las autoridades estatales como las autonómicas. Lo que fijó esta Ley, que entró en vigor en 1992, fue una práctica ya que ya venía establecida por requerirlo así la propia naturaleza del sistema autonómico.

En el Derecho Constitucional --y las normas que regulan las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la distribución de competencias y su régimen de ejercicio pertenecen a este ámbito-- los usos juegan un papel regulador muy importante. Usos que completan el contenido de las normas escritas, afianzando los principios en que se asienta el orden jurídico y el sistema político.

En los treinta años de autonomía hay asuntos cuya definición política y legislativa ha sido siempre el fruto de acuerdos entre las Instituciones estatales y canarias. Asuntos importantes para Canarias: nuestras peculiaridades en el marco europeo, el R.E.F… El tema de las prospecciones petrolíferas, por su trascendencia, se había incorporado a los asuntos a decidir mediante acuerdo.

Y ésta forma de funcionar es la que quiere cambiar el PP, cambiando las reglas de juego en mitad del partido. Pésima actitud y peor precedente.

Por eso, recomendaría al Partido Socialista Canario y a Coalición Canaria que reconsideren la decisión de cambiar sobre la marcha la forma de elección establecida en la Ley del Consejo Consultivo y en las de otros órganos dependientes del Parlamento. Por dos razones: porque refleja una pésima actitud democrática y porque le dan coartadas al PP para cometer los atropellos que se traen entre manos. No son sólo atropellos contra los partidos que gobiernan en Canarias. Sino contra algo mucho más importante: contra los intereses y la autonomía del Archipiélago.