Le cogieron gustito. Al gustito que tienen los
tramposos, desde que se les ocurrió cambiar las reglas del juego sobre la
marcha para dejar fuera al PP, primera fuerza parlamentaria, de la Audiencia de
Cuentas y del Consejo Consultivo. Y ahora le toca a cabildos y ayuntamientos.
Cuando practican el aventurerismo quienes
debieran velar por la calidad democrática (me refiero a Spínola y compañía),
deben saber que en ese terreno al final acaban perdiendo ellos y, sobre todo,
la democracia. Porque los que no creen en la democracia ni en el Estado de
Derecho siempre estarán dispuestos a llegar más lejos y más hondo en el
deterioro de principios básicos, como el de libertad informativa o el de
seguridad jurídica.
Y cuando arrecian los ataques del PP --usando a
destajo el Decreto-Ley para derogar derechos laborales o para asaltar TVE-- los
aprendices de brujo de estos pagos se quedan inermes. Amordazados por sus
propias malandanzas. Porque la derecha es implacable a la hora de restregarnos
a todos las inconsecuencias de quienes se dicen de izquierdas o demócratas. Y
tiene medios para hacerlo.
El anuncio de que van a subir el IGIC, pero
dejando fuera a los cabildos y ayuntamientos canarios del incremento de la
recaudación, es hacer trampas. Ya no al adversario político, sino a entidades
que están en primera línea de la atención a los canarios y sometidas a un
estado de excepción financiero por la crisis. Y porque el Gobierno estatal las
ha intervenido imponiéndoles un feroz Plan de Ajuste con el pretexto del pago a
los acreedores.
Ese Plan de Ajuste va a obligar a reducir el
alcance de los servicios públicos que gestionan por obligación legal, o para
responder al fracaso de otras Administraciones (como el de la aplicación de la
Ley de Dependencia). O a financiarlos a costa de los usuarios, a través de
tasas, precios públicos o del copago, y no a través de los impuestos, renegando
del principio esencial del Estado Social
El Gobierno de Canarias va a repetir la
agachadilla de la Ley 9/2003: apropiarse en exclusiva del incremento de
recaudación sobre la importación y entrega de tabaco rubio, aplicándole un tipo
impositivo recargado. Pero corrigiéndola y aumentándola.
El IGIC es un impuesto indirecto técnicamente
bien articulado, que permite la progresividad fiscal a base de recargar las
operaciones de entrega de bienes o prestación de servicios que demuestran gran
capacidad de gasto (y gusto por el lujo) en el contribuyente, manteniendo tipos
impositivos muy reducidos sobre todo lo que tenga que ver con bienes y
servicios necesarios para las personas o para las empresas. Y esto es lo que
debería hacer el Gobierno. Y hacerlo de acuerdo con los cabildos y
ayuntamientos y para reforzar los ingresos de todas las Administraciones
Públicas Canarias. Y no sólo los recursos del propio Gobierno.
El Gobierno de Canarias sabe que la decisión
anunciada es un atropello a un principio de lealtad institucional establecido
por la tradición en materia de REF y consagrado por la Ley estatal que creó el
IGIC (L. 20/1991, Disposición Adicional Octava) y por la Ley reguladora del
Bloque Canario de Financiación (L. 9/2003, Artículo 10).
Sabe también que los tributos del Régimen
Económico y Fiscal fueron creados “como recursos de las Haciendas Locales” del
Archipiélago, “mejorando la capacidad de las mismas y llevándolas a jugar un
importante papel en la promoción de la expansión económica y social de las
islas”. Saben, mejor que yo, que la creación de los vigentes tributos del REF
afectó a figuras tributarias del “ámbito de la imposición local”. Así de
clarito lo dice la Exposición de Motivos de la Ley 20/1991.
Pero saben, sobre todo, que las entidades locales
tienen garantizadas constitucionalmente su autonomía y su suficiencia
financiera. Ni más ni menos que las Comunidades Autónomas.
Por eso habrá que activar al Tribunal
Constitucional en defensa de la autonomía local, que también está para eso. Y
no sólo para parar las prospecciones petrolíferas repsorianas. En el
Ayuntamiento de mi pueblo lo voy a plantear.
No hay comentarios:
Publicar un comentario