LAS TERESITAS COMO EJEMPLO

En la vida y en la política, sobre todo en la democracia, aprendemos más con los ejemplos que con los discursos.

El caso “Las Teresitas” tiene importancia en sí mismo, por los intereses públicos que han estado en juego. Pero tiene si cabe más importancia aún como termómetro de un proceso de deterioro de la vida institucional y de la calidad democrática. La preparación, la ejecución de esta operación (en dos actos principales: la compraventa del Frente de Playa por el Ayuntamiento y la recalificación de los terrenos en el Valle de Las Huertas) y la actitud de algunos durante el largo epílogo judicial son la tarjeta de presentación del “Régimen” en que se ha ido convirtiendo en Tenerife lo que debiera ser una democracia.

Rasgo esencial de ese “Régimen” es la utilización de la Administración Pública para fines ajenos y contrapuestos a los que justifican su razón de ser y los poderes de los que está investida: servir con objetividad los intereses generales, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. Es decir, todo lo contrario de la actuación del Ayuntamiento de Santa Cruz en esta historia.

Desde que empezó a saberse algo de la operación que incubaban, a cuatro bandas, políticos-empresarios-junta de compensación-entidad financiera se vislumbraba que iba a tener perfiles propios y de trazos gruesos. Son esos perfiles que no tienen otras operaciones urbanísticas especulativas, cuyos contornos más difusos dificultan la demostración de que las potestades urbanísticas --poder benéfico para algunos y terrorífico para otros, porque permite a un ayuntamiento convertir en oro o en cenizas la propiedad inmobiliaria-- han sido utilizadas al margen de los intereses generales.

Este caso era distinto desde el principio: se sabía quiénes, cómo y la cuantía del crédito inicial con el que los empresarios compraron los terrenos en el Frente de Playa y en el Valle de Las Huertas; era constatable que no habían efectuado ninguna inversión que incrementara su valor; se supo el precio que iba a pagar el Ayuntamiento y, además, el compromiso de recalificarles los terrenos de Las Huertas; desde hacía meses se tramitaba en el Parlamento la Ley de Moratoria, que bloqueaba los desarrollos turísticos…por eso las prisas.

Es decir, no se trataba sólo de las plusvalías que iban a obtener unos empresarios como consecuencia exclusiva de una recalificación urbanística, como suele ocurrir con cierta frecuencia. Se trataba, además, de no exigirles contrapartida alguna por esa recalificación y encima comprarles y pagarles con dinero público constante y sonante un sobreprecio escandaloso por el Frente de Playa.

Las ilegalidades (que no “irregularidades”) que jalonan todo este asunto son graves. Algunas de esas ilegalidades, como el fraude de 5.000 millones de pesetas en la fijación del precio de la compraventa del Frente de Playa por el Ayuntamiento, tienen naturaleza y gravedad delictivas.

Muchas veces he estado pensando por qué los protagonistas de este caso lo idearon y lo ejecutaron. Me he respondido que en la génesis de esta operación hay una mezcla explosiva de dos ingredientes: la ambición desmedida de “hacer negocio” y la sensación de impunidad que se había ido instalando en ciertos ambientes de la sociedad tinerfeña. Y con la impunidad, la soberbia.

La sensación de impunidad y la actitud soberbia iban de la mano cuando los actores principales rechazaron una a una todas las opciones que se les plantearon para reconsiderar los términos de la operación y dar satisfacción a los intereses públicos: la denuncia política, las alegaciones que presentamos frente al Convenio inicial, la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa…, todo les resbalaba.

Sin embargo, cuando la Fiscalía presenta la querella tras un largo año de investigaciones, a raíz de la denuncia de Ínsula Viable, lo que había sido altanería y cerrazón se transforma en infantilismo y en victimismo. El infantilismo lleva a los protagonistas a intentar engañarse ellos mismos, negando evidencias como la Sentencia firme del Tribunal Supremo que declara la ilegalidad de la compraventa del Frente de Playa. A escudarse en sus trayectorias empresariales para tratar de evadir sus responsabilidades en este caso. O, simplemente, contándonos que los que cometen ilegalidades son los las víctimas de una persecución. Y los que defienden el interés público, los malos. Es una manera infantil de contar una historia volviéndola al revés.

Pero la defensa del interés público ha merecido la pena. Se trataba de llenar el vacío que dejaron los representantes políticos de los santacruceros, pasados al bando de los intereses particulares desde el primer momento. Algunos --no muchos, la verdad-- lo entendimos como un honroso deber.

Estoy convencido: Santa Cruz acabará recuperando pronto el dinero malversado. Y en el futuro, los que pretendan imponer sus intereses sobre los intereses de todos se lo pensarán dos veces. Y quienes dirijan las Instituciones políticas o las entidades financieras no olvidarán del todo que en el Estado de Derecho, a tanto poder tanta responsabilidad. Y habremos avanzado algo en dignificar la política y las Instituciones.

Termino como empecé. El affaire de Las Teresitas y el proyecto del Puerto de Granadilla, cada uno con sus propios rasgos, son los peores ejemplos de un Régimen en el que con demasiada frecuencia parte del poder empresarial, financiero e institucional se han puesto de acuerdo para dejar en la cuneta el interés general. Las experiencias, en vivo y en directo, del deterioro de los mecanismos democráticos pueden ser muy útiles para que la opinión pública comprenda que lo que está en juego es la democracia y aprenda a defenderla.

Ahora toca devolver el dinero de Las Teresitas, Sr González

Debe ser la 19th estrategia desarrollada para, burlándose una vez más de la inteligencia de la gente, convencernos de que la OPERACIÓN LAS TERESITAS nunca existió. Fue una maniobra perfectamente orquestada, cosa que le ha quedado clara a todo el que se haya detenido un mero segundo a examinar todos los pasos: el crédito express (5.000 millones de pesetas) que la “Caja de Todos” concedió a una sociedad sin personalidad jurídica, el expolio de muchas propiedades que la Junta de Compensación del Plan Parcial de Las Teresitas realizó al venderlas sin tener facultades para ello a los Sres. Plasencia e Ignacio González para que éstos revendieran al Ayuntamiento (...).

(...) el Convenio Urbanístico votado por Zerolo y sus monaguillos, la formalización de la compraventa del Frente de Playa antes de que el Convenio estuviera legalmente aprobado, el pago de 8.750 millones de pesetas por terrenos que valían la tercera parte de ese precio --y eso sin descontar los espacios pertenecientes al dominio público que también le vendieron al Ayuntamiento--, la recalificación de terrenos en la zona del Valle de Las Huertas proporcionándole a los Señores Plasencia y González unos beneficios que afloraron al venderlos a Inmobiliaria Mapfre por 17.000 millones de pesetas…, sin ninguna compensación al Ayuntamiento, es decir a los santacruceros.

En resumidas cuentas, de lo que compraron con los cinco mil millones obtuvieron casi veinticinco mil millones sin mover una piedra ni oponer una peseta, en un pelotazo de libro. Para diseñar esta operación, era imprescindible contar --y vaya que contaron-- con la complicidad de Zerolo, de los todos los portavoces de los Grupos del Ayuntamiento y de varios altos funcionarios que amañaron los informes para tratar de maquillar de legalidad toda aquella chusquera operación contra el pueblo de santa Cruz.

El Tribunal Supremo ha declarado la ILEGALIDAD de la compraventa, anulándola por Sentencia firme, cuyo cumplimiento da derecho a Santa Cruz a recuperar el dinero. No se ha ejecutado porque Zerolo ha maniobrado para que el Ayuntamiento no cobre, actuando una vez más como agente de los vendedores y no como alcalde del municipio.

Los hechos relatados en la denuncia ante la Fiscalía, que redacté, y en la querella de la Fiscalía tienen entidad para calificarlos como constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Éste último delito lleva aparejada pena de privativa de libertad. Si no, que le pregunten al exalcalde de Valle de Gran Rey, que ha sido condenado a un año y medio de prisión menor por malversar 19.000 euros. En el caso de Las Teresitas la malversación puede ascender a 30 millones de euros, que es la cuantía del sobreprecio por la compraventa, y el monto del fraude al pueblo de santa Cruz. Por estos delitos hay una cuerda de imputados por la Magistrada que instruye el caso. Y por algunos otros delitos.

Ni en la denuncia ni en la querella se hace mención a conductas que pudieran ser calificadas de cohecho, es decir de soborno. Simplemente porque en una denuncia o en una querella hay que exponer hechos demostrables y no sospechas. Si durante la investigación judicial fueron imputadas algunos protagonistas, además de por prevaricación y malversación de caudales públicos, por cohecho todo apunta a que debieron aparecer datos que apuntaban en esa dirección. Las imputaciones por cohecho las ha acordado, y posteriormente revocado, la propia instructora del caso.

Por eso, ahora lo que hay que hacer es que devuelvan el dinero que pertenece a los contribuyentes de Santa Cruz. Cosa que debió ocurrir desde que el Tribunal Supremo declaró la ilegalidad de la compraventa. Y pagar los intereses.

Y, además, responder ante la Jurisdicción Penal si la Fiscalía formula acusación contra la ristra de los imputados en este Caso, que cuentan con todas las garantías de defensa propias del Estado de Derecho y tienen dinero para pagar los mejores abogados. Tanto, que pueden permitirse interponer una demanda contra el Ayuntamiento pretendiendo descabelladamente que los veinticinco mil millones de pesetas se conviertan en cincuenta mil, a costilla de los chicharreros. No se preocupen los contribuyentes. No tiene ningún fundamento. Es sólo para ganar tiempo y confundir a algún despistado.

Cuando quien tiene que representar a un pueblo y defenderlo, es decir su Alcalde y su Ayuntamiento, se cambia de bando alguien tiene que llenar el vacío. Es una misión honrosa. Eso es lo que hicimos los socialistas de Tenerife, cuando comprobamos que algunos habían desertado de sus más sagradas obligaciones: las de hacer valer el interés general. Yo lo volvería a hacer.

Todos tenemos familia. Algunos hemos sido agredidos durante años, todas las semanas, desde una televisora comprada por el Sr. González. Eran los tiempos en que se paladeaba impunidad y pretendían amedrentarnos. Más adelante vinieron los editoriales, día sí y otro también, por los que uno-que-yo-me-sé va a tener que sentarse muy pronto en el banquillo para responder de un delito continuado de injurias graves y con publicidad. Lo más que se despacha en esas viñetas del Código Penal. El origen de esas injurias, no hay más que leer los editoriales, haber denunciado el Caso Las Teresitas.

Hay, no obstante, una diferencia. La que existe entre quienes somos atacados por defender el interés público protegido por la Ley y los que son denunciados por defraudarlo.

O sea, que lo que hay que hacer es devolver el dinero al pueblo de Santa Cruz. Un consejo: no tarden, que es peor. A menos que lo que tengan entre manos sea berlusconear el proceso judicial para después del 20-N.

Y una a modo de despedida. No respondo a las cantinfladas de un “estadista” al que, por cientos de millones que se gaste en una campaña electoral (¿provenientes del caso Las Teresitas?) todo el mundo lo tiene calado. Porque, a pesar de que él se crea lo contrario, la gente de esta tierra es inteligente.

Por su interés, adjuntamos un artículo anterior, referido también a este caso:

“LAS TERESITAS” : EL CASO QUE NUNCA EXISTIÓ

Hay que ver. Todos en tromba. Empresarios que se beneficiaron del fraude, cargos públicos cómplices --e imputados--, lacayo-periodistas…Todos cabalgando de nuevo.

No hubo crédito milmillonario a una sociedad aún no inscrita. No hubo testaferro de un miembro del consejo de administración de una “Caja de todos”, pero más suya que de nadie. La Junta de Compensación no hizo expolio de propiedades en Las Teresitas, para vendérselas a los revendedores y ponerles el negocio en bandeja. No hubo Convenio Urbanístico aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de julio de 2001. No había Ley de Moratoria (L. 6/2001, de 23 de julio, qué casualidad) que suspendía todas las licencias, proyectos de urbanización, tramitación de planes…sobre actuaciones y edificaciones de carácter turístico. No hubo compraventa del Frente de Playa antes de que estuviera definitivamente aprobado el Convenio Urbanístico, que ni siquiera se había sacado a información pública. Ni se pagaron más de 5.000 millones de pesetas de más del dinero de los chicharreros, en beneficio exclusivo de dos de los personajes más ricos e influyentes de Canarias (que no habían movido un solo bloque desde que compraron hasta que revendieron al Ayuntamiento). No se incluyeron en el Frente de Playa, y se pagaron, miles de metros cuadrados de dominio público. No existió en Informe de la arquitecta de la gerencia de Urbanismo valorando el Frente de Playa en la tercera parte del valor (8.750 millones de pesetas) que Zerolo y sus monaguillos pagaron por comprarlo. No hubo un Informe de Intervención perfectamente comprensible para cualquiera no intoxicado de venalidad. No tuvo que marcharse poco después el Interventor al Ayuntamiento de La Laguna, ni Pía Oramas, la arquitecta municipal, al Cabildo. No están imputados los funcionarios que colaboraron en amañar informes para “bendecir” la operación. No tramitaron la reclasificación de los terrenos de Las Huertas (pactada en el mismo Convenio en beneficio exclusivo de los vendedores) para proporcionarle unas plusvalías netas de más de 15.000 pesetas cuando revendieron esas parcelas a la inmobiliaria de una empresa aseguradora, sin ninguna contrapartida para el Ayuntamiento. No culminaron, por fin, una operación de 25.000 millones de pesetas desde que obtuvieron el inicial crédito maravilloso. Ni ocurrió todo esto porque los representantes de los ciudadanos de Santa Cruz, traicionando la confianza de la gente, convirtieron toda la Administración municipal en la agencia particular de los Sres. Plasencia y González. No se ha pronunciado el Tribunal Supremo en varias ocasiones declarando la ilegalidad de la compraventa del Frente de Playa por el Ayuntamiento, ni la ilegalidad de las confiscaciones a muchos propietarios en Las Teresitas. Ni existió nada de esto, ni tampoco otras muchas trapisondas que envuelven, prologan y epilogan todo este turbio asunto.

Por eso, quienes se han atrevido a defender los intereses públicos, la legalidad y la imagen de la ciudad de Santa Cruz y de su Ayuntamiento, que no están ahí para ser la finca particular de nadie, deben (debemos) pedir perdón. Y solicitar respetuosamente que los miles y miles de folios de la investigación judicial, de Informes de la Intervención General del Estado, de diligencias efectuadas en los paraísos fiscales sean entregados al brazo secular para que sean quemados en la hoguera. Porque la información que contienen se refiere a algo que nunca existió.

Pero en el intre, como dice el otro, pongo a disposición de quien esté interesado por la historia de algo que nunca existió dos breves y sencillos documentos: las alegaciones que presenté en defensa del interés público como Secretario de los socialistas tinerfeños, en cumplimiento de un acuerdo del Comité Insular, máximo órgano entre congresos. Y el texto de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que redacté a petición de algunos militantes y simpatizantes socialistas santacruceros. Lo volvería a hacer. Podrán comprobar que apenas hay mención de personas: se relatan hechos que es lo propio de una denuncia. Ni tampoco calificaciones jurídicas, ya que no es legalmente exigible. Ni por cierto, la menor alusión directa o implícita al cobro de comisiones por parte de nadie. ¿Saben por qué? Porque en este sistema económico está casi todo organizado para que esas conductas, si es que ocurren, queden en la impunidad.

En fin, que si algunos han sido imputados por la Magistrada-Instructora por delitos de cohecho como consecuencia de la investigación judicial --ya que tampoco había la menor mención a este tipo de comportamientos delictivos en la querella que presentó la Fiscalía-- y luego han sido desimputados, el día que se levante el secreto del sumario averiguaremos tal vez por qué.

Las Teresitas sí existió, aunque todo el enjambre que ideó y ejecutó este fraude monumental al pueblo de Santa Cruz ponga todo su poder e influencia, una vez más (esto va por rachas), para convencernos de que fue sólo un sueño. En realidad, lo único que no existió en toda esta operación fue el menor atisbo de legalidad.

"Las Teresitas": el caso que nunca existió

Hay que ver. Todos en tromba. Empresarios que se beneficiaron del fraude, cargos públicos cómplices -e imputados-, lacayo-periodistas... Todos cabalgando de nuevo.

No hubo crédito milmillonario a una sociedad aún no inscrita. No hubo testaferro de un miembro del consejo de administración de una "Caja de todos", pero más suya que de nadie. La Junta de Compensación no hizo expolio de propiedades en Las Teresitas, para vendérselas a los revendedores y ponerles el negocio en bandeja. No hubo Convenio Urbanístico aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de julio de 2001. No había Ley de Moratoria (L. 6/2001, de 23 de julio, qué casualidad) que suspendía todas las licencias, proyectos de urbanización, tramitación de planes... sobre actuaciones y edificaciones de carácter turístico. No hubo compraventa del Frente de Playa antes de que estuviera definitivamente aprobado el Convenio Urbanístico, que ni siquiera se había sacado a información pública. Ni se pagaron más de 5.000 millones de pesetas de más del dinero de los chicharreros, en beneficio exclusivo de dos de los personajes más ricos e influyentes de Canarias (que no habían movido un solo bloque desde que compraron hasta que revendieron al Ayuntamiento). No se incluyeron en el Frente de Playa, y se pagaron, miles de metros cuadrados de dominio público. No existió en Informe de la arquitecta de la gerencia de Urbanismo valorando el Frente de Playa en la tercera parte del valor (8.750 millones de pesetas) que Zerolo y sus monaguillos pagaron por comprarlo. No hubo un Informe de Intervención perfectamente comprensible para cualquiera no intoxicado de venalidad. No tuvo que marcharse poco después el Interventor al Ayuntamiento de La Laguna, ni Pía Oramas, la arquitecta municipal, al Cabildo. No están imputados los funcionarios que colaboraron en amañar informes para "bendecir" la operación. No tramitaron la reclasificación de los terrenos de Las Huertas (pactada en el mismo Convenio en beneficio exclusivo de los vendedores) para proporcionarle unas plusvalías netas de más de 15.000 pesetas cuando revendieron esas parcelas a la inmobiliaria de una empresa aseguradora, sin ninguna contrapartida para el Ayuntamiento. No culminaron, por fin, una operación de 25.000 millones de pesetas desde que obtuvieron el inicial crédito maravilloso. Ni ocurrió todo esto porque los representantes de los ciudadanos de Santa Cruz, traicionando la confianza de la gente, convirtieron toda la Administración municipal en la agencia particular de los Sres. Plasencia y González. No se ha pronunciado el Tribunal Supremo en varias ocasiones declarando la ilegalidad de la compraventa del Frente de Playa por el Ayuntamiento, ni la ilegalidad de las confiscaciones a muchos propietarios en Las Teresitas. Ni existió nada de esto, ni tampoco otras muchas trapisondas que envuelven, prologan y epilogan todo este turbio asunto.

Por eso, quienes se han atrevido a defender los intereses públicos, la legalidad y la imagen de la ciudad de Santa Cruz y de su Ayuntamiento, que no están ahí para ser la finca particular de nadie, deben (debemos) pedir perdón. Y solicitar respetuosamente que los miles y miles de folios de la investigación judicial, de Informes de la Intervención General del Estado, de diligencias efectuadas en los paraísos fiscales sean entregados al brazo secular para que sean quemados en la hoguera. Porque la información que contienen se refiere a algo que nunca existió.

Pero en el intre, como dice el otro, pongo a disposición de quien esté interesado por la historia de algo que nunca existió dos breves y sencillos documentos: las alegaciones que presenté en defensa del interés público como secretario de los socialistas tinerfeños, en cumplimiento de un acuerdo del Comité Insular, máximo órgano entre congresos. Y el texto de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que redacté a petición de algunos militantes y simpatizantes socialistas santacruceros. Lo volvería a hacer. Podrán comprobar que apenas hay mención de personas: se relatan hechos que es lo propio de una denuncia. Ni tampoco calificaciones jurídicas, ya que no es legalmente exigible. Ni por cierto, la menor alusión directa o implícita al cobro de comisiones por parte de nadie. ¿Saben por qué? Porque en este sistema económico está casi todo organizado para que esas conductas, si es que ocurren, queden en la impunidad.

En fin, que si algunos han sido imputados por la Magistrada-Instructora por delitos de cohecho como consecuencia de la investigación judicial -ya que tampoco había la menor mención a este tipo de comportamientos delictivos en la querella que presentó la Fiscalía- y luego han sido desimputados, el día que se levante el secreto del sumario averiguaremos tal vez por qué.

Las Teresitas sí existió, aunque todo el enjambre que ideó y ejecutó este fraude monumental al pueblo de Santa Cruz ponga todo su poder e influencia, una vez más (esto va por rachas), para convencernos de que fue sólo un sueño. En realidad, lo único que no existió en toda esta operación fue el menor atisbo de legalidad.

LAS CAÑAS SE HAN VUELTO LANZAS

Es una prioridad de la izquierda. Incluso de la que está en gobiernos que han adoptado recortes en derechos sindicales y sociales, “obligados por los mercados”.

La estabilidad de la democracia y el establecimiento de los mecanismos del Estado Social, indisociablemente relacionados, ha tenido como fundamento una larga etapa de crecimiento de la economía, unos sistemas tributarios con finalidad redistributiva y la disposición de un excedente económico que ha contribuido a amortiguar la conflictividad social, a través del reconocimiento y la garantía de derechos sociales.

Esa economía en crecimiento y la obtención de ese excedente, del que han disfrutado los países desarrollados, se han basado en unas relaciones de intercambio profundamente injustas con los países “en vías de desarrollo”, a los que se han impuesto -a través de todas las variables del neocolonialismo y de sistemas políticos autoritarios y corruptos- modelos de desarrollo dependientes, profundamente contrarios a sus intereses nacionales y al aprovechamiento racional de sus riquezas naturales.

Sin embargo las cañas se han vuelto lanzas. La liberalización del tráfico de capitales y del comercio (del GATT a la OMC); el acceso, junto a la inversión extranjera, a tecnología avanzada; la cualificación creciente de su población activa, fruto de sistemas educativos cada vez más eficientes, y los bajos costes laborales y fiscales, garantizados en muchos países por sistemas políticos no democráticos, han trastocado el panorama: en el amplio campo del tercer mundo han surgido países emergentes, de economías prósperas y alta productividad, cuya balanza exterior tiene un marcado signo positivo. Esto implica altas tasas de ahorro y acumulación de capitales.

En realidad, todo esto forma parte de los efectos a largo plazo del proceso de liberación de los pueblos colonizados, que experimentó una fase de gran intensidad a partir de los años cincuenta del pasado siglo. Muchos países que alcanzaron la independencia quedaron sometidos a nuevos mecanismos de dependencia neocolonial. Otros sucumbieron a un naufragio de sus Estados recién estrenados, carentes de una base poblacional suficientemente cohesionada como consecuencia de unas fronteras geométricamente trazadas por sus antiguos amos, que aglomeraban en su interior tribus y culturas diferentes y hasta hostiles entre sí. Otros fracasaron por la incapacidad y la corrupción de sus élites. Y en todos esos casos, los resultados del desmoronamiento de sus sistemas políticos, diseñados a imitación de los Estados-Nación occidentales, han sido descomposición social, enfrentamientos étnicos, miseria, un neofeudalismo armado hasta los dientes por las antiguas potencias o por los intereses económicos de las multinacionales y todas las variantes que van desde el Estado- fracasado hasta el Estado-delincuente.

Sin embargo, otros países, con envergadura continental en algunos casos, han ido logrando asir las riendas de su propio destino, aprovechar todos los factores favorables a su alcance y protagonizar un cambio en el liderazgo de una economía globalizada, origen y escenario de esta Crisis que en la vieja Europa y Estados Unidos se califica de global, pero en cuyo epicentro están sus propias economías.

Los países desarrollados han contemplado como se deterioraba su sector exterior y, en consecuencia, sus economías empezaban a registrar tasas de ahorro negativo y a depender de financiación externa para mantener la actividad y el crecimiento. Se han convertido en países deudores. Es esta circunstancia la que explica la desconfianza de los “mercados”. Aunque mantengan relativamente controlado el déficit y la deuda pública (caso de España, Alemania o Francia, medidos como porcentaje del PIB), que tenderán a ir creciendo en la medida que se pretenda mantener el gasto social en un escenario de crisis económica -sin atreverse a subir los impuestos sobre las rentas y patrimonios más elevados- y con un balanza exterior deficitaria, las dificultades para hacer frente al endeudamiento de sus economías es perfectamente previsible.

He leído con muy buen feeling los planteamientos y propuestas neokeynesianas de Stiglitz y Krugman, sus críticas a las actuaciones del FMI en reiteradas actuaciones de crisis, como la de las economías emergentes asiáticas a finales de los 90, y al “fanatismo del dolor” de las autoridades del Banco Central Europeo. Pero tengo la impresión, probablemente por mi escasa formación económica, de que afrontar la crisis a través de estímulos a la demanda, en una economía definitivamente globalizada, sólo resultaría eficaz si se pudiera gestionar la demanda a escala global. Cosa simplemente imposible mientras no existan mecanismos de gobierno económico y político a esa escala.

Por varias razones. En primer lugar, porque ya es definitivamente inviable volver a cualquier estrategia proteccionista en cualquiera de sus variables: desde el mercantilismo a la sustitución de importaciones. Ya no es posible reconstruir, si el objetivo es mantener el desarrollo alcanzado por sus economías y el bienestar del que han venido disfrutando sus ciudadanos, circuitos económicos nacionales o supraestatales, como el de la U.E., o el espacio euroamericano que sugiere López Garrido, replegados sobre sí mismos y cuya relación con el exterior fuera ventajosa gracias al auxilio del proteccionismo, del monopolio tecnológico o simplemente del imperialismo. Aunque esta última tentación, la de imponer sus intereses por la fuerza o con la amenaza de las armas, siempre ha estado presente cuando una potencia ha entrado en declive económico pero aún conserva influencia política o supremacía militar.

Creo que, tras el crack de 1929 y la Gran Depresión, el éxito de la estrategia keynesiana fue posible por diversos factores que ahora no se dan o, simplemente, sería catastrófico que volvieran a darse. Entre aquéllos yo subrayaría que, una vez reactivada la maquinaria de lo que entonces eran las economías más avanzadas con la ayuda de estímulos públicos, su liderazgo y las ventajosas condiciones de intercambio con el resto de las economías quedaban garantizados por su ventaja tecnológica y por su hegemonía política. Entre éstos, la guerra y los efectos del gigantesco esfuerzo económico que exigió.

Ya no es posible, siquiera, imponer condiciones comerciales favorables a los intereses de las economías occidentales a través de una demostración de poderío, en la versión clásica de la diplomacia de cañoneras, como en los tiempos de la Guerra del Opio (1839), del bloqueo anglofrancés del Río de La Plata (1845) o del bombardeo de Puerto cabello y La Guaira por las flotas alemana, inglesa, española, italiana y portuguesa (1902), o a través de fórmulas más actuales y más sutiles.

Por otro lado, hay instrumentos de política económica que han quedado muy debilitados: la política arancelaria y el sistema tributario. Aquélla, por la liberalización comercial. Ésta por la liberalización de la circulación de capitales. Los sistemas fiscales, allí donde habían alcanzado cotas significativas de progresividad y resultaban eficaces como herramienta de política económica y de redistribución de la renta, experimentan una equiparación a la baja. El riesgo de la deslocalización de inversiones y de la “fuga” de capitales sirve de coartada a la hora de descrestar la fiscalidad sobre las rentas del capital (y sobre las rentas del trabajo de los profesionales y ejecutivos mejor pagados) y de ir recortando derechos laborales duramente conquistados.

Por eso creo que las políticas de estímulo a la demanda, ante la imposibilidad de su gestión global, sólo pueden tener cierta eficacia frente a la crisis en aquéllas economías que presenten un balance exterior positivo y con el límite absoluto del mismo. Tengo la impresión de que esto lo saben muchos, pero casi nadie lo reconoce. Por eso, la continuidad del Estado de bienestar está seriamente amenazada. La amenaza no es coyuntural, sino de fondo, estructural.

La experiencia ha demostrado la falacia del mantra neoconservador sobre la reducción de impuestos a los más ricos como estímulo a la inversión. De forma que, si algunos beneficios fiscales pueden servir de estímulo para la demanda interna serán precisamente los que incrementen la capacidad adquisitiva de las familias con niveles de ingresos medio-bajos y los que suavicen la fiscalidad de las pymes: aquéllas intentarán atender sus necesidades básicas o recuperar su nivel de vida de antes de la crisis y éstas mantener la actividad y el empleo. Por lo demás, la recuperación de la progresividad de los tributos contribuirá al equilibrio de las cuentas públicas, permitirá a los poderes públicos mejorar su capacidad de inversión y el mantenimiento del gasto social, evitando lo que está ocurriendo en vivo y en directo: que las consecuencias de la crisis estén recayendo sobre los sectores sociales que no son sus causantes.

De todas formas, cuando leo la insistencia con que Krugman plantea que la economía necesita desesperadamente un remedio a corto plazo, recuperación rápida, lo que conllevaría por el momento más gasto gubernamental, no puedo dejar de pensar que la estrategia que tuvo éxito, y no sólo a corto plazo, frente a la crisis desencadenada por el crack de 1929, hoy tropezaría con un escenario de relaciones económicas entre el ámbito euronorteamericano, por un lado, y el de los países emergentes que no tiene nada que ver con el de entonces. Y que, más allá del corto plazo, dificulta la viabilidad de combatir la crisis con fórmulas keynesianas de estímulo de la demanda incrementando la inversión y el gasto público.