Debe ser la 19th estrategia desarrollada para, burlándose una vez más de la inteligencia de la gente, convencernos de que la OPERACIÓN LAS TERESITAS nunca existió. Fue una maniobra perfectamente orquestada, cosa que le ha quedado clara a todo el que se haya detenido un mero segundo a examinar todos los pasos: el crédito express (5.000 millones de pesetas) que la “Caja de Todos” concedió a una sociedad sin personalidad jurídica, el expolio de muchas propiedades que la Junta de Compensación del Plan Parcial de Las Teresitas realizó al venderlas sin tener facultades para ello a los Sres. Plasencia e Ignacio González para que éstos revendieran al Ayuntamiento (...).
(...) el Convenio Urbanístico votado por Zerolo y sus monaguillos, la formalización de la compraventa del Frente de Playa antes de que el Convenio estuviera legalmente aprobado, el pago de 8.750 millones de pesetas por terrenos que valían la tercera parte de ese precio --y eso sin descontar los espacios pertenecientes al dominio público que también le vendieron al Ayuntamiento--, la recalificación de terrenos en la zona del Valle de Las Huertas proporcionándole a los Señores Plasencia y González unos beneficios que afloraron al venderlos a Inmobiliaria Mapfre por 17.000 millones de pesetas…, sin ninguna compensación al Ayuntamiento, es decir a los santacruceros.
En resumidas cuentas, de lo que compraron con los cinco mil millones obtuvieron casi veinticinco mil millones sin mover una piedra ni oponer una peseta, en un pelotazo de libro. Para diseñar esta operación, era imprescindible contar --y vaya que contaron-- con la complicidad de Zerolo, de los todos los portavoces de los Grupos del Ayuntamiento y de varios altos funcionarios que amañaron los informes para tratar de maquillar de legalidad toda aquella chusquera operación contra el pueblo de santa Cruz.
El Tribunal Supremo ha declarado la ILEGALIDAD de la compraventa, anulándola por Sentencia firme, cuyo cumplimiento da derecho a Santa Cruz a recuperar el dinero. No se ha ejecutado porque Zerolo ha maniobrado para que el Ayuntamiento no cobre, actuando una vez más como agente de los vendedores y no como alcalde del municipio.
Los hechos relatados en la denuncia ante la Fiscalía, que redacté, y en la querella de la Fiscalía tienen entidad para calificarlos como constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Éste último delito lleva aparejada pena de privativa de libertad. Si no, que le pregunten al exalcalde de Valle de Gran Rey, que ha sido condenado a un año y medio de prisión menor por malversar 19.000 euros. En el caso de Las Teresitas la malversación puede ascender a 30 millones de euros, que es la cuantía del sobreprecio por la compraventa, y el monto del fraude al pueblo de santa Cruz. Por estos delitos hay una cuerda de imputados por la Magistrada que instruye el caso. Y por algunos otros delitos.
Ni en la denuncia ni en la querella se hace mención a conductas que pudieran ser calificadas de cohecho, es decir de soborno. Simplemente porque en una denuncia o en una querella hay que exponer hechos demostrables y no sospechas. Si durante la investigación judicial fueron imputadas algunos protagonistas, además de por prevaricación y malversación de caudales públicos, por cohecho todo apunta a que debieron aparecer datos que apuntaban en esa dirección. Las imputaciones por cohecho las ha acordado, y posteriormente revocado, la propia instructora del caso.
Por eso, ahora lo que hay que hacer es que devuelvan el dinero que pertenece a los contribuyentes de Santa Cruz. Cosa que debió ocurrir desde que el Tribunal Supremo declaró la ilegalidad de la compraventa. Y pagar los intereses.
Y, además, responder ante la Jurisdicción Penal si la Fiscalía formula acusación contra la ristra de los imputados en este Caso, que cuentan con todas las garantías de defensa propias del Estado de Derecho y tienen dinero para pagar los mejores abogados. Tanto, que pueden permitirse interponer una demanda contra el Ayuntamiento pretendiendo descabelladamente que los veinticinco mil millones de pesetas se conviertan en cincuenta mil, a costilla de los chicharreros. No se preocupen los contribuyentes. No tiene ningún fundamento. Es sólo para ganar tiempo y confundir a algún despistado.
Cuando quien tiene que representar a un pueblo y defenderlo, es decir su Alcalde y su Ayuntamiento, se cambia de bando alguien tiene que llenar el vacío. Es una misión honrosa. Eso es lo que hicimos los socialistas de Tenerife, cuando comprobamos que algunos habían desertado de sus más sagradas obligaciones: las de hacer valer el interés general. Yo lo volvería a hacer.
Todos tenemos familia. Algunos hemos sido agredidos durante años, todas las semanas, desde una televisora comprada por el Sr. González. Eran los tiempos en que se paladeaba impunidad y pretendían amedrentarnos. Más adelante vinieron los editoriales, día sí y otro también, por los que uno-que-yo-me-sé va a tener que sentarse muy pronto en el banquillo para responder de un delito continuado de injurias graves y con publicidad. Lo más que se despacha en esas viñetas del Código Penal. El origen de esas injurias, no hay más que leer los editoriales, haber denunciado el Caso Las Teresitas.
Hay, no obstante, una diferencia. La que existe entre quienes somos atacados por defender el interés público protegido por la Ley y los que son denunciados por defraudarlo.
O sea, que lo que hay que hacer es devolver el dinero al pueblo de Santa Cruz. Un consejo: no tarden, que es peor. A menos que lo que tengan entre manos sea berlusconear el proceso judicial para después del 20-N.
Y una a modo de despedida. No respondo a las cantinfladas de un “estadista” al que, por cientos de millones que se gaste en una campaña electoral (¿provenientes del caso Las Teresitas?) todo el mundo lo tiene calado. Porque, a pesar de que él se crea lo contrario, la gente de esta tierra es inteligente.
Por su interés, adjuntamos un artículo anterior, referido también a este caso:
“LAS TERESITAS” : EL CASO QUE NUNCA EXISTIÓ
Hay que ver. Todos en tromba. Empresarios que se beneficiaron del fraude, cargos públicos cómplices --e imputados--, lacayo-periodistas…Todos cabalgando de nuevo.
No hubo crédito milmillonario a una sociedad aún no inscrita. No hubo testaferro de un miembro del consejo de administración de una “Caja de todos”, pero más suya que de nadie. La Junta de Compensación no hizo expolio de propiedades en Las Teresitas, para vendérselas a los revendedores y ponerles el negocio en bandeja. No hubo Convenio Urbanístico aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de julio de 2001. No había Ley de Moratoria (L. 6/2001, de 23 de julio, qué casualidad) que suspendía todas las licencias, proyectos de urbanización, tramitación de planes…sobre actuaciones y edificaciones de carácter turístico. No hubo compraventa del Frente de Playa antes de que estuviera definitivamente aprobado el Convenio Urbanístico, que ni siquiera se había sacado a información pública. Ni se pagaron más de 5.000 millones de pesetas de más del dinero de los chicharreros, en beneficio exclusivo de dos de los personajes más ricos e influyentes de Canarias (que no habían movido un solo bloque desde que compraron hasta que revendieron al Ayuntamiento). No se incluyeron en el Frente de Playa, y se pagaron, miles de metros cuadrados de dominio público. No existió en Informe de la arquitecta de la gerencia de Urbanismo valorando el Frente de Playa en la tercera parte del valor (8.750 millones de pesetas) que Zerolo y sus monaguillos pagaron por comprarlo. No hubo un Informe de Intervención perfectamente comprensible para cualquiera no intoxicado de venalidad. No tuvo que marcharse poco después el Interventor al Ayuntamiento de La Laguna, ni Pía Oramas, la arquitecta municipal, al Cabildo. No están imputados los funcionarios que colaboraron en amañar informes para “bendecir” la operación. No tramitaron la reclasificación de los terrenos de Las Huertas (pactada en el mismo Convenio en beneficio exclusivo de los vendedores) para proporcionarle unas plusvalías netas de más de 15.000 pesetas cuando revendieron esas parcelas a la inmobiliaria de una empresa aseguradora, sin ninguna contrapartida para el Ayuntamiento. No culminaron, por fin, una operación de 25.000 millones de pesetas desde que obtuvieron el inicial crédito maravilloso. Ni ocurrió todo esto porque los representantes de los ciudadanos de Santa Cruz, traicionando la confianza de la gente, convirtieron toda la Administración municipal en la agencia particular de los Sres. Plasencia y González. No se ha pronunciado el Tribunal Supremo en varias ocasiones declarando la ilegalidad de la compraventa del Frente de Playa por el Ayuntamiento, ni la ilegalidad de las confiscaciones a muchos propietarios en Las Teresitas. Ni existió nada de esto, ni tampoco otras muchas trapisondas que envuelven, prologan y epilogan todo este turbio asunto.
Por eso, quienes se han atrevido a defender los intereses públicos, la legalidad y la imagen de la ciudad de Santa Cruz y de su Ayuntamiento, que no están ahí para ser la finca particular de nadie, deben (debemos) pedir perdón. Y solicitar respetuosamente que los miles y miles de folios de la investigación judicial, de Informes de la Intervención General del Estado, de diligencias efectuadas en los paraísos fiscales sean entregados al brazo secular para que sean quemados en la hoguera. Porque la información que contienen se refiere a algo que nunca existió.
Pero en el intre, como dice el otro, pongo a disposición de quien esté interesado por la historia de algo que nunca existió dos breves y sencillos documentos: las alegaciones que presenté en defensa del interés público como Secretario de los socialistas tinerfeños, en cumplimiento de un acuerdo del Comité Insular, máximo órgano entre congresos. Y el texto de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que redacté a petición de algunos militantes y simpatizantes socialistas santacruceros. Lo volvería a hacer. Podrán comprobar que apenas hay mención de personas: se relatan hechos que es lo propio de una denuncia. Ni tampoco calificaciones jurídicas, ya que no es legalmente exigible. Ni por cierto, la menor alusión directa o implícita al cobro de comisiones por parte de nadie. ¿Saben por qué? Porque en este sistema económico está casi todo organizado para que esas conductas, si es que ocurren, queden en la impunidad.
En fin, que si algunos han sido imputados por la Magistrada-Instructora por delitos de cohecho como consecuencia de la investigación judicial --ya que tampoco había la menor mención a este tipo de comportamientos delictivos en la querella que presentó la Fiscalía-- y luego han sido desimputados, el día que se levante el secreto del sumario averiguaremos tal vez por qué.
Las Teresitas sí existió, aunque todo el enjambre que ideó y ejecutó este fraude monumental al pueblo de Santa Cruz ponga todo su poder e influencia, una vez más (esto va por rachas), para convencernos de que fue sólo un sueño. En realidad, lo único que no existió en toda esta operación fue el menor atisbo de legalidad.
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