MENOS CONCEJALES, MENOS PLURALISMO, MÁS BIPARTIDISMO

El Gobierno  de España ha dado un palo de ciego o  quiere pasarse de listo. Disminuir en el futuro, ya que no puede hacerlo ahora, el número de concejales no va a reducir los abusos en el coste político de los Ayuntamientos, pero sí el pluralismo político y la calidad democrática  --aún más--  en la vida  municipal ya que, por debajo de un determinado número de concejales el  sistema de representación proporcional tiende a convertirse en mayoritario. Y el pluripartidismo en bipartidismo.

Si el Gobierno quisiera realmente   atajar la colonización del presupuesto municipal a manos de los que gobiernan y las repercusiones negativas de ello, incluida la creación de clientelas   de asesores y paniaguados  que degradan  de la democracia interna de los partidos, lo que tiene que hacer es limitar el número de concejales que cobran retribución periódica del Ayuntamiento, así como limitar la cuantía de  esos sueldos.

De la misma forma en la que la legislación local limitó el número de miembros de las Comisiones de Gobierno de los Ayuntamientos (ahora denominadas Juntas de Gobierno), puede fijarse en  función de la población  cuántos concejales pueden cobrar un sueldo y la cuantía máxima de éste.

Además, debería suprimir o reducir drásticamente el número de asesores retribuidos así como fijar la cuantía máxima de sus  salarios. Esto puede ponerlo en práctica de inmediato, ya que los “asesores” no han sido elegidos ni ostentan representatividad democrática alguna.

Puestos a hilar fino, también debería fijarse la cuantía máxima de las percepciones de dietas por parte de los miembros de las entidades locales que no cobran sueldo, ya que la experiencia demuestra que hay verdaderos diseños de ingeniería dietética, especialidad que no tiene nada que ver con los asuntos nutricionales  sino con el arte de sumar dietas hasta alcanzar el nivel de un sueldo.

De todas formas, si el Gobierno estatal no adopta estas medidas, la Comunidad Autónoma de canarias puede hacerlo, ya que tiene competencias legislativas en materia de Régimen Local y nada impide constitucionalmente que lo haga.

Porque la cuestión no va de menos concejales, sino de  reducir la multiplicación vertiginosa de cargos retribuidos , ya sean electos o personal de confianza,  y la carga que supone para unos ayuntamientos a los que el Ministerio de Hacienda ha obligado  a aplicar un drástico Plan de Ajuste que conllevará, entre otras medidas,  la subida de tributos y el establecimiento  generalizado de mecanismos de copago y precios públicos  por la prestación de servicios municipales, así como a  recortar duramente las  retribuciones de funcionarios y  laborales.

Y, de paso, el Gobierno y el Parlamento de Canarias podrían dar el ejemplo aplicando  la misma receta a bastantes cargos directivos y sus respectivos  “gabinetes”   que son superfluos, cuantía de algunos sueldos y acumulación de dietas.

Lo más importante de estos asuntos no es el monto económico, que ya es importante. Sino el valor ejemplarizador de estas medidas si se toman efectivamente. Y la desmoralización y el descrédito hacia los  representantes políticos si no se toman. Un descrédito con el que contaminan el prestigio de las Instituciones democráticas y su capacidad de liderazgo de la sociedad, y de contrapeso a los grandes poderes financieros,  en momentos tan difíciles como los actuales.