Al menos para algo ha servido la reacción del Rectorado de la Universidad de La Laguna (ULL): nos hemos enterado de que el dictamen sobre los Presupuestos del Estado lo encargó Paulino Rivero. Coalición Canaria ha recuperado súbitamente la confianza en nuestra Universidad, desde el cambio en el Rectorado.
Los titulares no dejaban lugar a dudas: “La ULL avala la tesis del Gobierno Canario sobre el Presupuesto estatal” (Diario de Avisos,28 de octubre de 2007).Es ése, exclusivamente, el efecto político que el Gobierno buscaba. Y al que se ha prestado el Rectorado.
Ya sabemos que el informe lo encargó Paulino. Podía haberlo solicitado directamente a algún departamento universitario; pero no. Lo encargó al Rectorado para comprometer a la Institución Universitaria. Se trataba de usar la imagen de la Universidad en la estrategia de confrontación contra el Gobierno de España. ¡Y vaya si la han usado!
Ahora convendría saber por qué una cuestión que es esencialmente jurídica : si el incumplimiento del artículo 96 de la Ley del REF puede fundamentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado, debe dictaminarla un equipo de profesores en el que no hay ni un solo jurista. Por eso, el informe se llena con consideraciones sobre lo que habría sido la economía canaria en los años 2004,2005, 2006, 2007 (¡y hasta 2008! ) y con afirmaciones genéricas sobre que el artículo 96 del REF constituye la base legal -que no constitucional- del compromiso de inversión anual del Estado en Canarias.
Habría tenido mucho interés profundizar en las características de la Ley de Presupuestos como norma jurídica; en las responsabilidades que tiene el Gobierno (que tiene el monopolio de la iniciativa legislativa sobre los Presupuestos) a la hora de cumplir los requerimientos que le imponen la propia Constitución, las normas europeas, y un número considerable de Leyes Orgánicas -rango que no tiene el REF- y ordinarias a la hora de elaborar y cuadrar los Presupuestos. Y en tantas otras dimensiones jurídicas de esta cuestión…
Es verdad que las ventajas fiscales del REF, las compensaciones a la insularidad y los compromisos de inversión anual del Estado son instrumentos de política económica conceptualmente autónomos, pero su influencia sobre la economía canaria se pretende y debe ser agregada, como los propios autores del informe reconocen. Por eso es bien difícil justificar la ofensiva política del Gobierno de Canarias contra los Presupuestos del Estado que mejores cifras presentan, con mucho, para Canarias en las últimas décadas. Y tanto o más difícil fundamentar un recurso de inconstitucionalidad sin poner sobre la mesa el conjunto del Presupuesto.
Por qué han establecido comparaciones solamente entre los Presupuestos de los cuatro últimos ejercicios? ¿Responde esta limitación a los términos del encargo de Paulino o es una aportación académica de Becerra? Seguramente algún interés tendrá Paulino en no hacer comparaciones con los Presupuestos estatales de Aznar que aplaudía con las orejas.
El mismo día que se hace pública la contestación del Rectorado, el desparpajo inimitable de Soria, definitivamente convencido de que los canarios somos bobos, manifiesta sin pestañear que el Proyecto de Presupuestos para 2008 del Gobierno Soria-Paulino contiene una estrategia anticíclica, porque el dinero que se deja de recaudar -en cuya estimación utiliza el tipo cero de algunas tarifas del IGIC y del AIEM, que llevan aplicándose varios años y constituyen la parte del león de esos 100.000 millones de las antiguas pesetas que el Gobierno dice que va a dejar de recaudar - se va a poner en manos de familias y empresas para activar la economía en desaceleración. Y los mil millones de euros que el Estado deja de recaudar en aplicación de la Reserva de Inversiones ¿habrá que esconderlos para que el Tribunal Constitucional no los vea? ¿Y el monto de los Convenios de Carreteras, de Costas, de Obras Hidráulicas? ¿Y las aportaciones del Fondo de Compensación Territorial? ¿Y el incremento del 100 % en la subvención al transporte de mercancías ? Y…?
Supongo que no hace falta ser experto en nada para entender que, a la hora de enjuiciar si el Gobierno de España cumple sus compromisos constitucionales con la solidaridad interterritorial, con la atención al hecho insular y, en definitiva, con la solidaridad, habrá que examinar el conjunto del Presupuesto a la luz del conjunto de obligaciones legales y constitucionales. Quienes apoyaron con fervor y resaltaron durante tres largos lustros las excelencias de los Presupuestos del Estado para Canarias, no pueden agarrarse ahora a un precepto legal aislado, que ha estado en vigor desde los años 90 sin que nadie lo invocara, para criminalizar un Presupuesto que mejora notablemente las consignaciones de aquellos Presupuestos. ¿Echamos mano de hemeroteca o certificamos simplemente que los conseguidores de Canarias ya no cuentan con grupo parlamentario propio ni pueden adornarse con las plumas de los mejores Presupuestos estatales para Canarias, los del próximo 2008?
¿Tendrá algún interés en que la gente sepa que en estos presupuestos se supera, en inversión estatal para Canarias, la exigencia establecida en el Estatuto de Cataluña -de la que tanto hablan- , ya que la inversión estatal en nuestro Archipiélago rebasa el porcentaje, el 3.7%, que representa la economía canaria en el conjunto de la economía española?
No habría estado de más que los autores del informe, además de hacer las proyecciones sobre la inversión estatal en la economía canaria, le hubieran echado un ratito a analizar qué habría sido de la economía canaria si la variable institucional, es decir la que se refiere al liderazgo o a la falta de liderazgo del Gobierno y a la eficiente o deficiente gestión de los inmensos recursos públicos a su disposición -para formación o empleo, por ejemplo- , hubiera estado a la altura de las expectativas y necesidades de Canarias. Pero, claro, hasta ahí no llegaba el encargo de Paulino.
