Qué pronto se vuelven las tornas. Ahora son el Gobierno de Canarias, y un montón de dirigentes del PSC-PSOE que han permanecido impasibles –en el mejor de los casos-- ante proyectos sumamente agresivos contra los recursos naturales del Archipiélago, los que se vuelven a Bruselas invocando las normas medioambientales europeas. Me estoy refiriendo a las autorizaciones para las prospecciones petrolíferas del ministro Repsoria.
Están tan acostumbrados, por estos andurriales ultraperiféricos, a empezar a contar cada historia por donde les conviene, a imponernos a todos la desmemoria a discreción, que se han llegado a creer que en Europa se pierden los expedientes, o se aplican las normas al estilo compadre…pero resulta que no es así.
Para allanar el terreno a la construcción del Puerto de Granadilla removieron todos los obstáculos habidos y por haber. Condicionaron el apoyo parlamentario de CC a Zapatero, primero a que el Gobierno español defendiera el Puerto ante Bruselas y luego a que no presentara el Recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo “Catálogo”. Luego trataron de descatalogar los sebadales justo en la latitud y longitud marcada por el proyecto del Puerto --como si los habitats se pudieran despachar por piezas--.
Y, para dar el jaque mate a las garantías medioambientales y a los derechos de información, participación y acceso a la justicia de los ciudadanos, incorporados a las leyes europeas y españolas desde el Tratado de Aarhus, aprobaron por Ley el Catálogo Canario de Especies Amenazadas burlando todos esos derechos.
No se cortaron un pelo ni para presentar en el Parlamento de Canarias el nuevo Catálogo a través de una Proposición de Ley (de los grupos parlamentarios de CC y PP) y ahorrarse los informes jurídicos y técnicos que son preceptivos en caso de un Proyecto de Ley del Gobierno. No sea que se descubriera el múltiple fraude de ley.
Para que quede claro: la regulación del Catálogo de Especies por Ley, y no por Decreto, es completamente inusual. Lo hicieron así porque en el procedimiento legislativo no hay trámite de información pública (aunque yo creo que después del Tratado de Aarhus debiera establecerse, cuando la Ley que se pretende aprobar se refiera a materia medioambiental). Y porque una norma con rango de Ley no puede ser recurrida sino ante el Tribunal Constitucional, pero no están legitimados para hacerlo los ciudadanos ni las asociaciones defensoras del medioambiente.
LOS EUROPEOS SON RUBIOS, PERO NO TONTOS. Y ahora mismito se acordarán, y si no les refrescará la memoria el ministro-lotería que tenemos los canarios, de que el Gobierno de España y el de Canarias utilizaron para acallar las quejas de los ecologistas y de tantos canarios de buena voluntad el argumento de que la construcción del Puerto de Granadilla obedecía a “imperativos de interés público de primer orden”, invocando la excepción prevista en la Directiva Habitats (art. 6,4º) para ejecutar un proyecto de infraestructura que afecte a un “hábitat natural que albergue especies de carácter prioritario”.
Como ustedes podrán comprender, si construir un Puerto, haciendo un estropicio medioambiental de aquí te espero, en una isla que tiene otro Puerto importante puede justificarse en pretendidas razones de interés público de primer orden, simplemente elaborando un programa de medidas compensatorias, imagínense quién se va a negar en Bruselas a que el Gobierno de España invoque idénticas razones de interés público nada menos que para autorizar la investigación de recursos petrolíferos en un país que tiene una balanza energética muy deficitaria.
Esto es lo que suele pasar cuando las Instituciones caen en manos de aventureros.
Y a todas éstas, todavía estoy esperando a que mi líder natural --me refiero obviamente a Paco Spínola-- dé la cara y explique por qué todavía no ha cumplido la promesa de presentar, desde que se constituyera el Parlamento tras las elecciones, una iniciativa legislativa para modificar el Catálogo de marras.
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