Y en la
generalidad de los Ayuntamientos. Por dos razones:
La primera, porque la legislación prohíbe incorporar al presupuesto inicial , que es el que se debate y se aprueba, los recursos del Remanente de Tesorería que proceden de ejercicios presupuestarios anteriores y que consisten --para entendernos-- en la diferencia entre lo que el Ayuntamiento tiene pendiente de cobrar y lo que tiene pendiente de pagar. Pueden ser cantidades importantes, de varios millones de euros, que se podrán incorporar posteriormente para financiar modificaciones del Presupuesto que se somete a debate y votación (art. 104.2 y 4 del Reglamento de la Ley de Haciendas Locales).
Esta
prohibición legal pretende evitar que con recursos pendientes de cobro --que se cobrarán o no-- se aprueben presupuestos imaginarios. Pero
impide poner sobre la mesa, en el debate presupuestario, todo el dinero que se va a gastar realmente
durante el año. Es decir no sólo las
partidas de gasto que figuran inicialmente en el presupuesto, sino las que
resultarán de la incorporación del remanente de tesorería.
La
segunda, porque se ha extendido hasta el abuso la tramitación de modificaciones
presupuestarias. De forma que a lo largo del ejercicio económico se
incrementan, o se reducen, muchas de las partidas de gasto que figuran en el Presupuesto
debatido y aprobado por el Ayuntamiento.
Esas modificaciones, aisladamente
consideradas, son legales. Pero cuando se tramitan más de 60 durante el año,
como en La Laguna, el Presupuesto que realmente gestiona y gasta el gobierno
municipal se parece muy poco al que sometieron a debate y votación en el Pleno,
que es el momento en el que los representantes de los ciudadanos de La
Laguna -- a los que se pide un esfuerzo
económico creciente para poder pagar los impuestos con que se financia el
Presupuesto-- pueden fijar los límites del gasto y en qué debe gastarse.
Es
verdad que gran parte del Presupuesto viene prácticamente comprometida de antemano:
los gastos de personal y los destinados a pagar el funcionamiento de la
Administración municipal y los servicios fundamentales consumen gran parte del
presupuesto. Las restricciones que puedan aplicarse no desvirtúan en lo esencial esta afirmación.
Por
eso es tan importante afinar en los gastos que sí dependen de la voluntad de
quien gobierna. Es ahí donde se dibujan las sensibilidades y compromisos
reales, el modo real de entender la administración de los recursos de todos. Que
por definición y más en tiempos de crisis, son escasos.
Algunos
datos, para que no todo sean razonamientos:
El
Presupuesto de gastos del Ayuntamiento aprobado por el pleno para 2011 ascendía
a 134.319.686,03 euros. El Presupuesto de gastos definitivo, después de todas
las modificaciones efectuadas, ascendió a 173.357.263,04 euros. Casi 40 millones de diferencia.
La
partida de transporte público era
inicialmente de 1.015.156,00 euros, la definitiva de 1.390.693,75; Las obligaciones reconocidas, es decir lo que
el Ayuntamiento se gastó en transporte a
31 de diciembre, sólo de 458.457,25 euros.
Por
el contrario, la partida denominada
“Publicidad y Propaganda” era inicialmente de apenas 176.532 euros. La
definitiva, de 1.119.931,24 euros. Casi diez veces más de lo que el Pleno
autorizó a gastar al aprobar el Presupuesto. Así se pueden entender algunas
servidumbres en los medios informativos. Y algunas censuras.
La
de fiestas, 1.018.518,72 euros. Finalmente se convirtieron en 1.867.858,69.
Pero el gobierno municipal ha comprometido realmente 1.945.553,87 al cerrar el ejercicio. Casi el doble. Y eso
que es imposible controlar lo que se gasta por otros conceptos, pero en
realidad son gastos de fiestas. Un indicio es el gasto del área de Comercio, parte del cual financia
actividades festivas, con la justificación de que fomentan la actividad
comercial. Justificación que tiene fundamento, pero el gasto es en fiestas.
Comercio: 219.724,29 euros de consignación inicial, 1.122.007.03 euros al final del ejercicio. Multiplicados
por cinco.
Argumentan
que la actividad de fiestas mueve empresas y empleos. Y es verdad, pero eso
puede decirse de cualquier otro sector de la economía lagunera. Por ejemplo, el
turismo: 542.172,29, inicial, y 747.713,06
comprometidos a final de año. Y
también que el dinero que se exige a
familias y empresas para gastarlo en finalidades supérfluas, las propias
familias y empresas pueden gastarlo muy sabiamente. Y eso también reactiva la
economía. Entonces ¿por qué en fiestas, cómo se contrata y a qué empresas?
Cuando
el Ayuntamiento exige a los vecinos/contribuyentes un esfuerzo adicional de
4.476.080 euros, que es lo que se espera recaudar como fruto de las subidas de
el IBI, IAE, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa de la Basura,
aprobadas para 2012, hay que ser muy cuidadoso y muy riguroso a la hora de
gastar.
Ese
gasto, el real, es el que figura a 31 de diciembre de cada año, el que hay que
buscar y analizar en la Liquidación del Presupuesto. No el que se vota por el Pleno, tras lo que debiera ser el
debate más importante del año. El debate presupuestario está devaluado. En
parte por disposiciones legales, en parte por causa del comportamiento del
Gobierno municipal de La Laguna y de los de casi todos los
municipios canarios. De casi todo pelaje partidista.
Entiendo
por los años y la experiencia que los gobernantes quieran hacerse propaganda y
crear o mantener clientelas. Es humano y
forma parte de la genética del poder. Aún en tiempos de crisis, donde se
ven obligados a recortar prestaciones y a
subir los tributos, establecer precios públicos y sistemas de copago por
servicios que hasta ahora eran gratis. Pero todo, como en la vida, es cuestión
de límites. Es en los límites donde se ponen de manifiesto las diferencias en
la forma de entender la política. Y los valores sociales de cada quien.
Esto
no pretende ser una visión completa del Presupuesto. El resto lo pueden conocer
a través de los medios informativos y de la “publicidad y propaganda” oficialista, cuyos gastos también mueven la economía.
Ustedes verán.
Cualquier
intento del Gobierno de La Laguna de pactar el presupuesto, tendría que partir
de las cifras que se gastaron en 2011. No de las que figuran en el Presupuesto
2012 que han presentado y aprobado esta semana. Y esto vale para el futuro. Así
se evitaría que lo que se pretende pactar sea
una cosa y lo que el gobierno va a gastar, otra.
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