ONOMÁSTICA CONSTITUCIONAL

Este 6 de diciembre es la onomástica de una Constitución debilitada. Debilitada en su valor normativo, debilitada en su auctoritas, en su autoridad moral como símbolo de un gran pacto de convivencia entre las personas y los pueblos de España.

Siglo y medio después de la conferencia de Ferdinand Lassalle, el dirigente socialista que negó todo valor jurídico a las Constituciones de su época, afirmando que las cuestiones constitucionales son meras cuestiones de poder y que la capacidad reguladora de una Constitución no llega sino hasta donde coincida con las efectivas relaciones de poder existentes en un país, parece que volviéramos al punto de partida. Claro que la correlación de fuerzas no se mide hoy en términos de país, sino definitivamente en términos  globales.

El pacto constitucional, que fue un pacto político, está completamente agrietado, deterioradas las grandes decisiones que lo plasmaron en la Constitución, convirtiéndola  así en el centro de nuestro sistema jurídico, del orden político y del modelo de sociedad.

Dos episodios certifican este estado de cosas: las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía y la Reforma constitucional exprés pactada entre Zapatero y Rajoy.

El Estatuto catalán abrió el camino a una reforma constitucional encubierta y a un nuevo desarrollo autonómico más allá de las fronteras de sí mismo. Durante el siglo XX los federalismos americano y  alemán han experimentado un fortalecimiento progresivo de las competencias de los órganos federales: el presidente y el Congreso de los Estados Unidos y el Gobierno y el Parlamento de la R.F.A.  

El trasfondo de ambos procesos ha obedecido a similares razones: planificación e integración económica, corrección de los desequilibrios territoriales, igualdad de derechos de los ciudadanos y despliegue de los mecanismos del Estado social.

Sin embargo, el diseño constitucional abierto de lo que ha acabado siendo el Estado de las Autonomías, la posición de partidos  nacionalistas en el fiel de la balanza de la mayoría , gracias a la sobrerrepresentación que les concede el sistema electoral, y su expresa prioridad: construir su nación (Cataluña, Euskadi…), negándole toda entidad a España como comunidad política, han acabado convirtiendo al Estado autonómico en un exótico sistema político cuyas normas reguladoras tienden a disolverlo y no a consolidarlo.

Me han sorprendido las reacciones ante la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. La última, la del líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, calificando de “disparate democrático que unos jueces puedan enmendar lo que los ciudadanos habían votado” (El País, 21-XI-12). Lo que, a lo peor sin saberlo, ha cuestionado ha sido el valor de la constitución como norma jurídica, como norma fundamental. Es simplemente retrotraernos a las discusiones parlamentarias de la Segunda República, olvidando que la democracia constitucional no consiste sólo en el poder de la mayoría, sino en las garantías de los derechos individuales y los de las minorías. Europa  ha tenido que sufrir demasiadas tragedias para acabar entendiéndolo.

El Tribunal Constitucional, cualquiera que sean las interferencias de un sistema de partidos completamente asilvestrado   --no más intensas, por cierto, que las que afectan a otros órganos constitucionales--, no podía hacer otra cosa distinta de lo que hizo: preservar la Constitución poniendo la raya alrededor de competencias esenciales del Estado; porque despojado de esas competencias, el sistema autonómico se convierte en otra cosa de tipo confederal, a la que resultaría identificarla incluso como Estado.

El otro acontecimiento que ha quebrado el consenso constitucional ha sido la Reforma Constitucional para consagrar la estabilidad presupuestaria y la absoluta prioridad de la deuda pública como reglas de oro en la actuación de los poderes públicos.

El contenido y la tramitación de la Reforma no cumplieron ni uno solo de los requisitos que el propio Gobierno estatal consideraba imprescindibles en su comunicación al Consejo de Estado, en marzo de 2005: que respondiera a demandas efectivas de la sociedad, que fuera fruto de un diálogo intenso y sostenido entra las fuerzas políticas y la sociedad, que respetara los equilibrios en que descansa la Constitución y que se tramitara cumpliendo escrupulosamente los procedimientos establecidos.

Pues bien: la Reforma de un artículo perdido afectaba --y el tiempo así lo demuestra-- a aspectos fundamentales del consenso y del texto constitucional: la cláusula del Estado social, legitimando la demolición de servicios públicos y programas sociales; la autonomía de nacionalidades y regiones (y la de las entidades locales) ahora intervenidas al socaire del nuevo artículo 135 y de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que lo desarrolla; y la democracia pluralista, pues la ortodoxia neoliberal hecha Constitución permite cambio de gobiernos, pero obstruye la alternancia de políticas.

 Muchos pensamos que el procedimiento de Reforma fue un fraude constitucional: se tramitó como una reforma menor un cambio que dejaba tocado el núcleo duro, el especialmente protegido, el que plasmaba el acuerdo de la Transición. Se sofocó, gracias a la disciplina partidista, hasta la petición de someterla a referéndum.

La situación tiene arreglo, un arreglo imposible si no se  parte de un diagnóstico acertado. Mi diagnóstico es que la Constitución, y el sistema jurídico, social y político que en ella se sustenta está entrando en crisis, el acuerdo constitucional roto.

La solución debe ser política, o no será. Y debe partir por restablecer el consenso primordial: “España se constituye…”, porque tiene entidad propia como  comunidad política  para sustentar un Estado. Es imposible recomponer un proyecto común entre quienes aceptan esa premisa y quienes simplemente la niegan.

Ni afirmo que España sea una Nación, ni niego que algunas Comunidades territoriales lo sean. Esa es una discusión ideológica y, además, interminable.

Esa comunidad debe contar con Instituciones que garanticen las libertades individuales, la igualdad esencial de sus ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y en sus condiciones de vida y el respeto a un pacto de convivencia entre los pueblos de España basado en el derecho al autogobierno y en la solidaridad.

Esa es la base de la Constitución, la que permitió aprobarla en un clima de grandes apoyos, consolidar su vigencia y su aplicación e irla convirtiendo en un símbolo colectivo. Justo lo que deberíamos estar celebrando, pero no está el ambiente para fiestas.  Ahora toca reconstruirla. Y nos jugamos mucho en la tarea.

… Y EL RESTO ES CASTILLA

En el intenso debate desencadenado por la reclamación de soberanía por amplios sectores de Catalunya, hay una especie de punto de coincidencia, una especie de premisa compartida en las tres orillas, porque son tres, catalanista, federalista y españolista, con todo tipo de variables y sincretismos entre ellas. Esa premisa consiste en aceptar que el resto de España es un paisaje monocorde, estático, como fosilizado.

Por eso se emplea, con ciertas connotaciones peyorativas, el slogan “café para todos”, referido al proceso de extensión de la autonomía a todas las comunidades territoriales de España y a su paulatina equiparación competencial.

Por un lado estarían Catalunya y Euskadi, todo lo más Galicia… y por otro el resto, bajo el manto rapaz, mesetario, intransigente de Castilla.

Seguramente el acontecimiento que determinó el rumbo del Estado Autonómico, antes de que se le diera ese nombre, ocurrió un mes de febrero. Febrero 1980, Andalucía. Los andaluces recorrieron con éxito una imposible carrera de obstáculos: la vía del 151 de la Constitución, un camino de fosos y de alambradas que disuadiría a cualquier polizón territorial de subir al navío de las nacionalidades históricas. Esto trastocó algunas cosas del acuerdo constituyente. El propio PSOE acabó liderando la reivindicación andaluza, cuyas exigencias fueron bien vistas por buena parte del “resto de España”, donde empezaban a anidar actitudes identitarias e, inevitablemente, igualitaristas.

El factor andaluz ha condicionado cualitativamente más el desarrollo autonómico que los Pactos Autonómicos entre UCD-PSOE (1981) y PSOE-PP (1992), no sólo por la importancia territorial y poblacional de Andalucía sino por su valor simbólico.

Después de que las Comunidades de “primera” ya no iban a ser sólo tres, las históricas, qué hacer con el modelo de Estado, cómo iba a funcionar un patchwork mitad federal, mitad unitario, cuánto iba a costar. Qué iba a ocurrir con el País Valenciano o con Aragón, de heráldica y tradiciones constitucionales compartidas con Catalunya. ¿Iban a resignarse a ser parte de la España-resto? ¿Hasta dónde llegaría un más que previsible deseo de equipararse?¿Y Navarra, con una compleja relación con los territorios vascos y, además, bien provista de credenciales históricas?¿Y Canarias, donde de los rescoldos de la UCD que, con una hegemonía electoral abrumadora durante la transición boicoteó cualquier amago cientocincuentayunista, surgió un nacionalismo inédito, alentado por sectores sociales que habían transitado el franquismo entre el confort y la complicidad?¿Y la dura Extremadura, hermanada desde siempre a Andalucía en injusticias y olvidos?.

Castilla, es cierto, fue el centro de la Monarquía española, la principal protagonista de su poder, sus éxitos y desvaríos, pero también la víctima. Su intensa participación en la “Reconquista”, primero, y la temprana rebelión de sus ciudades contra el naciente absolutismo, tras su aplastamiento en Villalar (1521), fueron las grandes excusas para acrecentar el poder de sus Reyes y acabar con sus viejas constituciones medievales. Fue Castilla protagonista y víctima. Cuando Olivares, en el Memorial Secreto, aconsejaba a Felipe IV extender el Derecho de Castilla a otros reinos, no proponía extender el poder castellano, sino el poder de la Corona ya consolidado en el gobierno de aquel reino (Tomás y Valiente). Castilla estaba diezmada de hombres y de riquezas cuando la rebelión catalana de 1640. Por eso, para recuperar Cataluña, la Corona tuvo organizar su ejército apelando a la aristocracia (J. Lynch, Los Austrias), a los mecanismos del Medioevo, después de siglo y medio de absolutismo monárquico.

No pretendo bosquejar una gran panorámica histórica, tarea que estaría fuera de mi alcance y no sólo por falta de espacio. Quiero, simplemente, dar a entender que los datos históricos dan para mucho y dan para todos los territorios, a la hora de hilvanar un relato identitario.

Cuando los Estados Unidos emprendieron la senda imperialista, a fines del XIX, dándole el puntillazo a los restos fantasmales del primer Imperio de la Edad Moderna en el Caribe y en Filipinas, el Gobierno americano tomo la decisión de despachar también una flota “emancipadora” en dirección a Canarias (Phillip S. Foner, La Guerra hispano-cubano-norteamericana y el nacimiento del imperialismo yanqui, Akal). La percepción de Canarias desde la potencia emergente era inequívoca. Sin embargo, las clases dirigentes y el pueblo de las Islas renovaron en las más diversas difíciles circunstancias su condición española, incluso cuando su economía estaba casi plenamente integrada en los circuitos del Imperio Británico. Pero los intereses y las circunstancias pueden cambiar tradiciones y acendrados sentimientos. Y, a veces, a velocidad de vértigo. La emancipación de la América Española está llena de ejemplos.

Quién no tiene en la cabeza múltiples ejemplos de países a los que su conciencia nacional no les ha llevado a reivindicar un estado independiente. Y, al contrario, a países a los que las circunstancias convirtieron en Estados de la noche al día, cuando apenas balbuceaba una conciencia colectiva. La Declaración de Independencia de las Trece Colonias destila indignación porque a los colonos no se les respetaran sus derechos como ingleses, pero muy pocos ecos nacionalistas. J. Lynch, casi caricaturizaba el súbito viraje independentista de la aristocracia peruana, preocupada “no de la supervivencia del dominio ni de la consecución de la independencia, sino del grado de poder y de control que pudiera tener en cualquier régimen” (Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826).

Respeto a Catalunya, a los catalanes, las aspiraciones que tengan. Disiento del nacionalismo catalán y del castizo, del canario, de cualquier nacionalismo. Los derechos democráticos de un pueblo no son ni un patrimonio, ni un mero efluvio de ideología nacionalista. Pero no me puedo hacer una idea de España sin ninguno de los pueblos que la formamos, después de una historia llena de azares, como toda historia. Y de tragedias, de las que algo nos podría haber aliviado la divina providencia. Historia compartida, al fin y al cabo, a través de la que hemos llegado a ser lo que somos.

Ni creo que si Catalunya emprende su propio camino, todo lo demás quedará como está. Y no pienso sólo en Euskadi.

Ni veo, en el caso de que Catalunya adquiera un status especial, que se vaya a resolver su encaje en España. Porque siempre estarán los nacionalistas, a los que la integración en España dejaría sin el leit motiv de su forma de entender las cosas, de su propia razón de ser.

¿Alguien cree, además de los nacionalistas catalanes y algunos federalistas bienintencionados, que el tan denostado, castellano y agresivo Estado va a meter en cintura a los demás pueblos de España cuando cunda entre las restantes regiones y nacionalidades el ejemplo catalán, ya tome la vía de la separación o la de una concertación bilateral con el “Estado”?. No será, supongo, aplicando una Constitución ni unos poderes a los que constantemente se deslegitima.

G. Jellinek, en su Teoría General del Estado, afirmaba que “…el Derecho no tiene jamás fuerza para determinar en los momentos críticos la vida del Estado, la dirección de su camino”. La Transición dio de sí la Constitución porque había un acuerdo lo bastante amplio en la sociedad española, cuyo primer paso era reconocerse a sí misma en su unidad y su diversidad. Por eso fue posible disuadir a quienes, con mucho poder en el Estado y en sus márgenes, se oponían a un proyecto diferente al de la España de siempre.

Aquél acuerdo está agrietado, erosionadas sus grandes vertientes, la democrática, la social, la territorial, las que sumaron adhesiones de personas, clases y territorios alrededor de una nueva forma de convivencia. O se reconstruye un gran acuerdo, a partir de los valores que fundaron la Constitución de 1978, o todo quedará expuesto a la “relación real entre las fuerzas”, empleando una frase de Jellinek de resonancias lassalleanas. Mal asunto en los tiempos que corren.

BABELIA FEDERALISTA

Si en los últimos tiempos el lenguaje político está siendo pervertido, incluso en aquellos asuntos como los tributarios o los servicios públicos que están mucho más cerca del ciudadano de a pié (he visto emplear “ajuste” tanto para enmascarar una denostada subida del IVA, como para ocultar continuos recortes en sanidad, educación o programas sociales), cuánto no se podrán manipular las palabras en asuntos-sólo-para-iniciados como es el de la organización territorial del Estado o la financiación autonómica.

El término Estado Federal ha batido todos los records: hasta los analistas mejor intencionados llaman federalismo a lo que no es. Y menos a la vista de su evolución contemporánea en la que no han cesado de reforzarse las instancias federales para afrontar situaciones de crisis, asegurar la unidad de mercado y la cohesión económica, la igualdad de los ciudadanos ante el Estado Social… Si empleamos los mismos términos para referirnos a cosas distintas, y hasta contradictorias, se forma una babelia intransitable.

Se escuchan condenas inapelables sobre el error del café para todos. La Constitución no podía establecer nada diferente a la igualdad básica de ciudadanos y territorios, si lo que quería era establecer un Estado. Y, además, democrático y social. Ni hay argumento basado en identidades ni en relatos míticos que pueda arropar, a fin de cuentas, un principio de desigualdad. El denostado café para todos, que salía al paso de los intentos de sustentar en los hechos diferenciales la exigencia de más y mejor autogobierno para unas comunidades territoriales, fue la constatación de una realidad insoslayable: que eran aceptables tratos diferentes, pero no preferentes. Por eso el régimen financiero vasco y navarro genera tantas suspicacias en Catalunya y en las demás comunidades autónomas. Su generalización reduciría a la impotencia a las instituciones estatales.

Son habituales --en los análisis de la situación catalana-- las descripciones de este contencioso de quienes se colocan en la equidistancia. Para ello tienen que redibujarlo como un conflicto simétrico entre una Catalunya incómoda e incomprendida y una España (mejor, un Estado) cicatera y mesetaria. Una España que sigue siendo Castilla.

He comprobado cómo colocan reiteradamente al Tribunal Constitucional en una posición insensible y beligerante frente a las aspiraciones de Catalunya y su deseo de conformar una España en la que pueda encajar. El Tribunal Constitucional, en ese cuaderno de agravios, habría frustrado las expectativas puestas en la Reforma Estatutaria, a pesar de que estaba avalada por “cuatro instancias democráticas: Parlement, Congreso, Senado y por el pueblo catalán en referéndum”.

El Tribunal Constitucional ha de enjuiciar las decisiones de los órganos supremos que protagonizan el proceso político y con efectos colectivos espectaculares (G. Enterría), pero ha de hacerlo aplicando el método jurídico y extrayendo del Texto Constitucional los criterios de decisión de sus Sentencias.

Por eso, lo que pretenden dejar sentado esas voces acusadoras es que el Tribunal Constitucional sobra, porque sobraría si no pudiera contrastar las reformas estatutarias o cualquier otra Ley, aprobadas necesariamente con grandes avales democráticos, con el modelo diseñado por la Constitución para la ordenación territorial del poder con el objetivo de integrar una realidad plural. Ese modelo es abierto, ma non troppo, ya que la Constitución sí que define los instrumentos que corresponden al Gobierno y al poder legislativo estatal para que puedan desempeñar sus tareas de dirección política, generando constantemente integración política, solidaridad y, al tiempo, respeto a la pluralidad.

Cuando el Tribunal Constitucional examinó el nuevo Estatut tenía que valorar jurídicamente el alcance tanto de los poderes que adquiría la Generalitat en materia de financiación, como de los compromisos que se imponían al Estado en materia presupuestaria y de inversiones. Entre otras muchas razones porque los condicionamientos en estas materias vacían de contenido la vertiente esencial de la función estatal de dirección política. Y, sobre todo, porque implican la metamorfosis, sin marcha atrás, de un modelo de inspiración federal en otro de tipo confederal. Confederalismo es levedad, e impotencia, de las instancias comunes. No es donde debe ir España, sino de donde debe salir la Unión Europea.

De la misma manera, el Tribunal Constitucional debería tener la oportunidad de enjuiciar el Capítulo IV de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, especialmente cuando establece la obligatoriedad para las Comunidades Autónomas, cuyos órganos ejercen el derecho al autogobierno y tienen legitimidad democrática, de las medidas propuestas por una “comisión de expertos”. O la tosca aplicación de la coacción federal (art.155 de la Constitución) por parte de un Senado completamente alejado de cualquier perfil de Cámara Territorial. No se le puede pedir que ejerza sus prerrogativas más duras, en garantía del sistema autonómico, a una Cámara que no ha desarrollado ni remotamente la condición de Cámara de representación territorial.

Los preceptos constitucionales no son un arsenal de armas que están ahí, disponibles para utilizarlas cuando convenga. Cuando las normas constitucionales son instrumento directísimo de Gobierno, como es el caso, su manejo ha de ser prudente, contextualizado, pendiente de la letra y del sentido. Un Senado como el actual no añade ningún plus de legitimidad a medidas coactivas sobre las Comunidades Autónomas. Simplemente porque en la formación de la voluntad del Senado, que una vez definida es voluntad estatal y no representación corporativa de las Comunidades Autónomas, éstas no influyen en nada. Y mucho menos cuando se trata de medidas de origen democráticamente cuestionable --propuestas por una comisión de expertos “de negro”-- y al margen de que los incumplimientos de las Comunidades Autónomas de los “planes de ajuste” o de los “planes económico-financieros”, que serán la contrapartida por solicitar recursos del Fondo de Liquidez Autonómica, sean intencionados, por negligencia o inevitables.

El Senado, del que algunos se acuerdan ahora, no tiene sitio, no puede desarrollar una función constitucional útil, ni en los asuntos autonómicos, porque ese espacio está ocupado por el Congreso. Nadie tiene el menor interés en trasladar el debate competencial o sobre financiación autonómica a la Cámara Alta mientras el sistema electoral conceda una presencia reforzada a los partidos nacionalistas en la Cámara Baja y puedan plantear aquí sus exigencias amagando contra la estabilidad del Gobierno.

Los Tribunales encargados de velar por la Constitución son conscientes de la trascendencia política de sus decisiones. No será la primera vez que el ambiente de tensión política creado por una Sentencia les haya llevado a hacer un alto en el camino, antes de reemprender una nueva línea jurisprudencial que haya despertado grandes resistencias conservadoras.

Ciertos desarrollos de los principios constitucionales sobre igualdad de derechos pueden irse acompasando, a medida que van obteniendo el respaldo de amplios sectores de la ciudadanía; pero vaciar de contenido los instrumentos de gobierno de quien tiene que velar por el equilibrio unidad-pluralidad-solidaridad es un cambio no reversible de los principios y herramientas que sustentan el proyecto de España suscrito en 1978.

No va a ser fácil encauzar una situación que va adquiriendo vuelo propio y que siempre contará con voluntarios dispuestos a complicarla. Es lo que pasa cuando se sustituye el terreno de la razón por el de la mitología y los sentimientos.

LA TISANA FEDERAL

La reclamación de Independencia por parte de amplios sectores de la sociedad catalana ha hecho reverdecer múltiples proclamas federalistas. Se da un cierto paralelismo entre la identificación de la fórmula magistral que curará todos los padecimientos de Cataluña, la independencia, y la infusión federalista que resolverá el encaje de esa comunidad territorial en España. Dos actitudes, sendos sortilegios.

Se habla de transformar el Estado autonómico en un Estado federal que atienda la diversidad. Sin embargo, el federalismo es un sistema concebido para producir integración, de lo extenso o de lo diverso. Puede integrar diferencias, pero digiere mal la consagración de preferencias, que es lo que sugieren --como respuesta al envite catalán-- algunos ecos federalizantes.

La evolución del federalismo ha estado marcada por un fortalecimiento constante de los poderes de la Federación, a costa de los entes federados o Estados miembros. Afrontar situaciones de guerra, crisis económicas globales, fortalecer el mercado interior , corregir desequilibrios de renta y riqueza entre los territorios o desarrollar el Welfare State han sido, durante los siglos XIX y XX, coartadas tan eficaces para los Gobiernos federales como en su tiempo lo fueron la defensa de la Nación o la unidad religiosa para consolidar las Monarquías renacentistas, expropiando a los poderes feudales.

En estos ambientes federalizantes, pero casualmente también en los que claman por la independencia de Cataluña, hay una denigración generalizada de lo que llaman “café para todos”, como si la igualación sustancial del autogobierno de todas las comunidades Autónomas hubiera sido una mera ofrenda al españolismo más recalcitrante. Se olvida que la Constitución no estableció ninguna categorización entre nacionalidades y regiones sobre el calado de su autonomía y sí, por el contrario, definiciones muy precisas contra los privilegios económicos o sociales entre las diversas partes del territorio, o entre los ciudadanos por su pertenencia a las diferentes Comunidades Autónomas. Y no se toman en cuenta factores sociopolíticos de gran intensidad que han actuado a favor de la emulación y la equiparación competencial. Ni las dificultades de funcionamiento y los costes de mantener la estructura de un Estado unitario respecto a unos territorios y profundamente descentralizado en otros.

Vivimos una situación difícil en la que el lenguaje no está sirviendo para entendernos, a base de emplear las mismas palabras para decir cosas distintas.

Llamémosle como se quiera: Estado federal, Estado autonómico, federalismo asimétrico… lo que hay que discutir son estas tres cosas: si el Gobierno de España va a seguir disponiendo de las herramientas esenciales para ejercer la dirección política del país, o va a quedar sumido en una impotencia similar a la que la Unión Europea tiene que superar; si todos los entes territoriales, naciones, nacionalidades o regiones, van a disfrutar de un autogobierno similar en extensión y profundidad; si van a respetarse el principio de solidaridad territorial y las políticas y programas en que se materializa, dejando abiertos a la discusión y al acuerdo la cuantía y la evaluación de sus resultados; si va a ver una instancia arbitral, como en todos los federalismos, que resuelva los conflictos interpretando y aplicando la Constitución o restablecemos la dictadura rousseauniana de las mayorías.

Las diatribas contra el Tribunal Constitucional producen las coincidencias más pintorescas. Los argumentos son variaciones de la misma idea: con unas credenciales democráticas tan fuertes, la del Parlement, Congreso y Senado y el refrendo del pueblo catalán, la Reforma del Estatuto debió respetarse. Todas las normas que se someten al juicio de constitucionalidad tienen rango de Ley y, por tanto, los máximos avales democráticos y el Tribunal Constitucional debe fundar sus decisiones en la Constitución, en garantía de la supremacía de ésta y de las decisiones fundamentales que contiene. Y eso es exactamente lo que hizo al examinar el Estatut.

La Constitución definió perfectamente los instrumentos imprescindibles para que el Ejecutivo y el Legislativo estatales puedan hacerse cargo de la unidad y la solidaridad entre los pueblos de España. Si el Tribunal Constitucional hubiera confirmado sin reservas ciertos condicionantes sobre la política presupuestaria del Estado y ciertas competencias fiscales establecidas en la nueva hornada de Estatutos, habríamos entrado en un terreno confederal ajeno a las previsiones constitucionales.

Estoy convencido que una comunidad humana de base territorial que decida y persista en tener su propio Estado tiene derecho a conseguirlo. Es una cuestión de voluntad política y derechos democráticos. El derecho a la independencia no proviene de ningún pedigree, ni de una epopeya fundacional. Lo adquiere la voluntad decidida de un pueblo.

Un Estado no es un juguete. De su integridad o desmembración no se debe hablar con términos melifluos, como para restarle importancia. Estos asuntos, con la carga emocional que arrastran, se sabe cómo empiezan pero no cuándo ni cómo terminan, ni cuál es su precio.

Ahora bien: no se puede obligar a los demás pueblos de España ni a sus ciudadanos a aceptar un modelo de convivencia basado en la desigualdad de derechos, ni en sofisticadas teorías de la asimetría que, por cierto, no tienen base constitucional.

Cataluña tiene derecho a separarse. También a discutir el monto de la solidaridad, no el concepto. A partir de ahí, de la evaluación constante del sistema y de la exigencia de transparencia, podemos todos entendernos. A partir de la idea de que España no es una mera fórmula transitoria. Y a partir de la idea de que todos los ciudadanos y pueblos de España, sean cuales sean sus blasones, somos sustancialmente iguales en derechos y deberes.

Tal vez no hubo acuerdo en realidad

http://elpais.com/elpais/2012/08/03/opinion/1344010232_720886.html

LA LAURISILVA SE VE, EL SEBADAL NO

Canarias es tierra de paradojas, algunas siniestras. Estos días vivimos una tragedia, con destellos de un diabólico  ritual  de autoinmolación y hecatombe.

En este escenario, el gobierno de Canarias clama al cielo por la destrucción de los bosques de laurisilva, una reliquia del terciario de extraordinario valor biológico que forma parte de nuestro imaginario colectivo.

Sin embargo el presidente de  este  gobierno clamante, de composición tan pintoresca que hace que el consejero de hacienda   --con la que está cayendo--  sea, a la vez,  responsable de emergencias  y de  la lucha contra los incendios  y que cuenta con una consejería de medioambiente disociada de la de ordenación del territorio (y ambas asignadas a partidos distintos),  es el principal responsable de uno de los atentados más graves contra la biodiversidad del Archipiélago que registran los anales: la exclusión de los sebadales del catálogo de hábitats y especies con alto grado de protección, para construir impunemente  el Puerto de Granadilla.

La operación fue perpetrada con premeditación y alevosía. Hagamos memoria. En Canarias, para el stablishement  la memoria es subversiva. A finales de la pasada legislatura, mediante una Ley del Parlamento de Canarias, se modificó el Catálogo Canario de Especies Amenazadas reduciendo a una categoría de riesgo inventada ex profeso, que mal cubría la vergüenzas de una desprotección real, las praderas de cimodosea nodosa, los sebadales, un ecosistema de alta productividad en biomasa y oxígeno,  de gran importancia en la lucha contra el cambio climático, porque es un verdadero sumidero de CO2,  y de gran biodiversidad.

Aprobó el nuevo Catálogo por Ley  surgida  de una proposición de los grupos parlamentarios de CC y PP, ya que el Gobierno no se atrevió a presentar un proyecto de Ley, cuya tramitación en sede gubernativa  habría requerido incómodos  informes de los servicios jurídicos y técnicos de la Administración.

No se tramitó como Decreto, como  todos los catálogos estatales y autonómicoshabidos y por haber, porque esa tramitación habría requerido una fase de participación ciudadana, que es un derecho, desde que el Tratado de Aarhus fue incorporado a los ordenamientos europeo y español,  que se quería evitar a toda costa. Y porque una Ley no puede ser recurrida por los ciudadanos y  asociaciones ecologistas  ante los Tribunales y un Decreto sí. Es difícil  imaginar una degradación  mayor del  Parlamento y del propio concepto de Ley como principal instrumento de nuestro autogobierno.

El único cabo suelto, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PSOE (a lo que se comprometió solemnemente el gran Paco Spínola, plenipotenciario de los socialistas canarios) fue amarrado como una de las contrapartidas secretas del apoyo de Coalición Canaria a Zapatero.

El Tribunal  Supremo ha anulado una Orden de la Consejería de Medioambiente, dictada por Domingo Berriel la pasada legislatura,  que tenía la misma finalidad que el nuevo Catálogo: desproteger el sebadal para construir el Puerto de Granadilla. Y, ponderando los intereses económicos y mediambientales en juego en este espacio del Sur de Tenerife, ha dado prioridad a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.

A partir de esta Sentencia muchas voces se han alzado exigiendo la paralización de las obras del Puerto de Granadilla. Pero esa Sentencia no es suficiente jurídicamente. Precisamente la aprobación por Ley del Catálogo fue pura guerra preventiva contra la posibilidad de esta Sentencia anulatoria. Ahora bien: con esta Sentencia en la mano, hay que solicitar formalmente al Gobierno que paralice las obras. Y, cuando el Gobierno se niegue o dé la callada por respuesta, hay que pedir la intervención de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Entonces, el Gobierno se escudará en la Ley del Catálogo y ese será el momento de promover  la cuestión de inconstitucionalidad. De manera que lo que el PSOE pudo hacer y no hizo, llevar este gigantesco chanchullo ante el Tribunal Constitucional, puedan hacerlo los ciudadanos a través del poder judicial.

La descripción de toda esta maniobra, su finalidad de impedir el ejercicio de derechos de participación y de acceso a la justicia, y el objetivo final desvelado por la Sentencia del Tribunal Supremo: imponer intereses económicos a la preservación de un ecosistema amenazado  de extraordinaria importancia biológica, componen en mi opinión  un arsenal jurídico de gran consistencia.

En  el plano político la exigencia de suspensión ha de ser una constante. Por eso es tan meritoria la iniciativa de G. Llamazares ante el Congreso. Pero los autores e inductores de la agresión saben que sólo el Tribunal Constitucional  puede ponerlos en su sitio. Es verdad que llevará tiempo. Es algo que tenían perfectamente previsto. En realidad es la finalidad esencial de toda esta estratagema. Pero más tiempo se perderá cuanto más tarde en ponerse en marcha el camino hacia la jurisdicción constitucional. 

¿Cómo se explica que el Gobierno defienda la laurisilva y destruya el sebadal? Porque  la laurisilva se ve, la han cantado nuestros poetas y  los canarios la hemos incorporado a nuestros más delicados sentimientos.  Al sebadal  lo recubren someramente  las aguas  de la mar océana y no se ve. Y dice el dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y ese dicho lo conocen todos los demagogos  de hoy y de siempre.

Paulino clama sin el menor rubor en defensa de la laurisilva y contra las prospecciones petrolíferas. José Miguel Pérez, consejero de medioambiente,  se limita a anunciar que prepara un nuevo catálogo con todas las bendiciones científicas. Para cuando lo presente, ya se habrán producido las mortíferas consecuencias del actual catálogo  de desprotección de especies amenazadas y la construcción del  Puerto de Granadilla, piensan, será irreversible.

Lo menos que se despachaba entretanto, para mantener un mínimo respeto a sus compromisos con los votantes socialistas, era haber presentado un proyecto de Ley de artículo único: queda derogado el Catálogo tramposo de 2010 y restablecido el  de 2001. Pero no lo han hecho y ni la Sentencia del Tribunal Supremo les saca los colores.

TELEVISIÓN PÚBLICA: RUBALCABA DENUNCIA, SPÍNOLA CONSIENTE

Contribuir a la formación de una opinión pública informada, garantizando el pluralismo y la veracidad, eran el santo y seña de la reforma del régimen jurídico de  la radio y la televisión de titularidad estatal realizada por el gobierno del PSOE, a través de la Ley 17/2006. Fue un gesto de  coherencia indiscutible. No es fácil que un gobierno renuncie a lo que venía siendo, y vuelve a ser, un gran aparato de propaganda.

La dependencia del Parlamento y no del Gobierno, la elección de su consejo de administración por mayoría reforzada, la supervisión de su actividad por una autoridad audiovisual independiente, la defensa de la independencia de sus profesionales y su participación (Consejo de Informativos)  fueron   ingredientes  para lograr la “neutralidad y objetividad” de los contenidos informativos, para que RTVE cumpliera una tarea de  servicio público indispensable en  una sociedad democrática.

Promover un cambio similar para la radio y televisión canaria  era, fue, un compromiso esencial de los socialistas   ante su degradación y manipulación  por los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria y del  PP, que hoy se “abochorna”  ante la indecencia  de  su politización. Indecencia que no les frena en absoluto a la hora de perpetrar en Canarias el mismo asalto  a RTVE, la española, que están rematando estos días.

He leído el Recurso de Inconstitucionalidad formulado por lo más granado de los diputados socialistas (Chacón, Hernando, Rubalcaba, Narbona, Jauregui, López Garrido, Torres Mora, Madina, Valenciano y, cómo no, el inimitable Pepe Blanco), sobre argumentos elementales desde el punto de vista constitucional y democrático: la revisión del modelo legal por Decreto Ley es un abuso  de los límites constitucionales; y  la invocación  razones abstractas para justificar los cambios  sólo pretende ocultar sus verdaderos objetivos de evitar todo tipo de control parlamentario y volver a situar el ente público en la órbita gubernamental. Objetivos que éstos días  “están ocurriendo, los estamos viendo”, como decía un slogan  de CNN+, tras los últimos nombramientos y destituciones.

El panorama  es patético.  Rubalcaba denunciando y, aquí en Canarias,  un PSC-PSOE consintiendo. Cuando Spínola & Co.  protagonizaron una negociación completamente entreguista con Paulino, obsesionados por sentarse como fuera en el Gobierno. Cuando aceptaron una Consejería de Presidencia desgüesada, sin los Servicios Jurídicos ni Seguridad, o una Consejería de medioambiente sin ordenación del territorio, nunca pensé que la pusilanimidad llegara a tanto.

Cambiar el modelo de la radiotelevisión canaria no tiene nada que ver con la crisis económica, sino con la dignidad democrática, esa que parecen  algunos haber perdido para siempre.

Sin una opinión pública  libre  “no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular”… “reducidas a formas hueras las instituciones representativas”…”y absolutamente falseado el principio de legitimidad (democrática) que enuncia el art. 1.2 de la Constitución”… “vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra”,  dejó establecido el Tribunal Constitucional desde  sus primeras Sentencias (1981) sobre la libertad de información.

En Canarias entre el paisaje reflejado  los medios de comunicación y el pluralismo de la sociedad hay una sima, que hace difícil exagerar  la importancia de que los  medios de titularidad pública funcionen como un auténtico servicio público y velen por la objetividad informativa.

Los que están perpetuando  con su pasividad en el Gobierno el actual statu quo, con un director general que se ha estado riendo del Parlamento desde que lo nombraron,  deben ser plenamente conscientes del daño que hacen. Porque los manejos de Paulino y de los suyos no se limitaron a manipular los medios públicos, sino a amañar el concurso de la TDT que los Tribunales han anulado  --pero ellos como si tal cosa-- y contra el que el grupo parlamentario socialista canario dirigió las más agrias   críticas.

Cada vez que los que se dicen demócratas consienten un ataque a las reglas democráticas, por oportunismo o por conveniencia, sientan un  grave precedente. Un precedente del que luego sacan literalmente petróleo los enemigos de la democracia. O los que estarían más cómodos sin ella.

Decirles  estás cosas a unos aparatchiks  arregostados   de mediocridad es como arar en el mar.

Tal vez no hubo acuerdo en realidad

O si lo  hubo, pero algunos lo firmaron con tantas reservas mentales que fue como si no lo hubiera habido.

Me refiero a los que pensaban que España no existe, que carece en absoluto de sustancia y que lo único real es la existencia de comunidades territoriales que tienen entre sí  muchas más diferencias que parecidos. A partir de ahí han elaborado todo un lenguaje sobre la plurinacionalidad y, con disciplina espartana, han sustituido en el discurso el término España por el de Estado. Como si éste fuera un mero artificio de gobierno (o de dominación)  instalado sobre la nada sociológica o histórica o cultural…

Y también me refiero  a los que  nunca aceptaron que eso que llaman España es  plural  y necesita organizar la convivencia entre las personas y los territorios  que refleje esa manera de ser.

Cuando observo la España autonómica de los últimos tiempos me convenzo de que si hubo acuerdo constitucional, ya no lo hay. Que  los que nunca creyeron en el acuerdo y lo aceptaron por mera conveniencia táctica, o porque no les quedaba otra, se han vuelto a encuevar en su punto de partida. De donde   en realidad nunca habían salido.

 Porque, aunque los hechos importan, no son decisivos, puesto que lo que se discute es la manera de considerarlos (C. Gómez y J. Muguerza, 2007).

Lo singular de los tiempos recientes es que cada quien proclama su ideario sin complejos. Desde los que siempre creyeron que el sistema autonómico era una estación de tránsito hacia la soberanía de “su” nación, que sí es de verdad,  hasta los que al socaire del panorama actual proclaman que el Estado de las autonomías es el de las “anomalías” y que lo que se puede hacer con él, y se debe, es reorganizarlo en profundidad    “o incluso suprimirlo” (Jorge De Esteban, el Mundo 23-7-2012).

No hay ningún argumento, ni histórico, ni sociológico, ni comparativo (los demás Estados-Nación occidentales se formaron ni más ni menos de la misma manera que el Estado español, o sea con una mezcla de maquiavelismo, unidad religiosa impuesta, limpiezas étnicas, guerra, diplomacia dinástica y con una base social en general no más compacta que la de los pueblos ibérico) que pueda convencer a los que de antemano  están adheridos a un relato cerrado a cualquier diálogo.

Ni tampoco a los que no aceptan ni aceptarán otra idea de España que la de la unidad de destino en lo universal.

En estas cosas no hay argumentos inapelables. Lo que hay es una decisión razonable, basada en experiencias históricas propias y ajenas que aconsejaban poner en pie un sistema político y de convivencia que ayudara a establecer la libertad, la unidad de los pueblos de España, el respeto y la solidaridad entre ellos, es decir entre los españoles.

Pero ese sistema, para ser viable y útil para alcanzar los fines que lo inspiran, tiene que desenvolverse con arreglo a sus propios principios y fundamentos.

Por eso las propuestas de reforma han de venir desde los que creemos en la España de las Autonomías, que es España y España plural, pero no un simple puzle de piezas territoriales y nada más.

Las reformas del Estado de las Autonomías exigen un viaje a la semilla, a sus propios orígenes. Y en el principio era la Constitución. Y  dentro de ella el artículo 149, que contiene los resortes imprescindibles para que el Gobierno de España sea  el gobierno de un Estado y no otra cosa. No hay nada más pernicioso que un gobierno que no puede gobernar los asuntos comunes. El desarrollo autonómico no puede ser un asalto interminable a las competencias exclusivas del Estado. Ni el sistema electoral al Congreso debe seguir amplificando eternamente ese asalto, a costa del principio del voto igual.

Los poderes del Gobierno, como la dirección de la política económica, están para defender los intereses comunes a los españoles; pero no para desnaturalizar el sistema,  aprovechando la crisis como estribo para una nueva recentralización.

Volver a la semilla es recordar algunos consejos que  los Expertos (1981) nos brindaron cuando el  desarrollo autonómico estaba bloqueado y la democracia en peligro: que los parlamentos autonómicos no debían tener períodos de sesiones permanentes, ni cobijar a un nuevo estamento de diputados con sueldo; ni las Comunidades Autónomas, por mera inercia,  un aparato administrativo completo. Buenos consejos para tiempos difíciles, como los de ahora.

Luego la democracia se asentó y la economía creció. Parecía que para siempre jamás.

El panorama actual es otro. Toca recoger velas para salvar lo fundamental. Y lo fundamental para muchos es que España existe y merece la pena. Y también un sistema de convivencia entre sus pueblos en libertad. Y un  tipo de gobierno que ayude a corregir desigualdades e injusticias  de antiguo. Porque con demasiadas injusticias sólo puede haber demasiada poca democracia.

El reto no es fácil. Si no lo acometen quienes crean en los valores constitucionales, los cambios de todas formas se harán.

Y los harán, los están haciendo, otros. Con rumbo inquietante.

ESTADO DE EXCEPCIÓN AUTONÓMICO

La Constitución atribuye al Gobierno de España la función de dirección política. De ahí derivan sus competencias en materia de hacienda y economía, indispensables para que un gobierno sea un gobierno. No hay nada más pernicioso que un Gobierno sin poder para gobernar.

Sin embargo, los poderes derivados de la Constitución no pueden aplicarse arbitrariamente, ni para dar rienda suelta a meras conveniencias partidistas o a inquinas multicolores. En todas las modalidades de federalismo o de intensa descentralización política, además, hay que ser muy respetuosos con el ámbito de decisión de los diferentes poderes territoriales.

Que el PP no cree mucho en la España de las Autonomías no es ningún descubrimiento. Que esté aprovechando la crisis para reformular el modelo de Estado e imponernos a todos lo que les hubiera gustado hacer durante la Transición tampoco es una sorpresa.

La regulación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se ha convertido en el gran instrumento de neutralización política y de intervención estatal de las Comunidades Autónomas. No en vano ha recalado por estas asirocadas islas el gran Soria a meternos a empujones en el corral. Soria, con toda la irresponsabilidad que cabe, sabe que si Canarias se acoge al Fondo de Liquidez pasa a manos del gobierno estatal. Y confía en que eso signifique que pasa a sus propias manos.

Vamos a ver: la adhesión de las Comunidades Autónomas al mecanismo de liquidez conlleva unas contrapartidas fiscales y financieras muy parecidas a las establecidas para las entidades locales que se han acogido al mecanismo ágil de pago a proveedores diseñado por el Ministerio de Hacienda y de (Intervención) de las Administraciones Públicas. La fundamental es la aprobación de un (nuevo) plan de ajuste, es decir de recortes de gastos y subida de impuestos y tasas, que anula todo margen de decisión en el terreno presupuestario, vaciando de contenido la autonomía de las entidades territoriales. Porque autonomía sin margen alguno de decisión económico-presupuestaria no es autonomía, sino otra cosa.

La segunda es que el Ministerio de Hacienda aceptará la solicitud de una Comunidad Autónoma con amplia discrecionalidad “atendiendo a la situación financiera de la misma” (art. 2.1 del Decreto-Ley). Ya empezamos.

Sigamos: para evitar el incumplimiento o “riesgos de incumplimiento” entra es escena toda una gama de misiones de control y comisiones de “expertos”, hombres de negro, con autoridad para dictar medidas de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas.

Y, en caso de incumplimiento de las medidas fijadas por los “expertos” enviados por el Ministerio de Hacienda (e Intervención) de las Administraciones Públicas se desencadenarán las medidas de coacción previstas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Lo que en los sistemas federales se llama coacción federal.

La adopción de estas medidas coactivas sobre las autoridades y funcionarios de las Comunidades Autónomas tienen cobertura constitucional (art. 155 de la Constitución) y requieren autorización del Senado, por mayoría absoluta. Aparentemente todo parece correcto. Pero se me ocurre algún pero, con el permiso de Soria y compañía.

El primer pero es que no se hace distingo alguno, a la hora de valorar los incumplimientos de las medidas dictadas por los “expertos” (que tal vez provengan de Goldman Sachs, Lehman Brothers y otras benéficas entidades financieras), de cuál es su causa, ni de la actitud de las autoridades autonómicas afectadas, ni de si el incumplimiento se debe a un nuevo deterioro de la situación económica o a un nuevo empeoramiento del trato por parte de los mercados financieros. El incumplimiento es automáticamente, al margen de circunstancias actitudes y responsabilidades, el desencadenante necesario y suficiente de medidas de extrema gravedad constitucional.

Abusar del Senado

El segundo pero proviene de la utilización abusiva del Senado. Es verdad que la Constitución, en su diseño contradictorio de esta Cámara, la proclama de representación territorial y le atribuye la autorización de medidas coercitivas sobre las Comunidades Autónomas. Pero es difícilmente cuestionable que esas medidas excepcionales debería autorizarlas un Senado que efectivamente hubiera desarrollado su carácter de Cámara de representación territorial, lo que no es el caso.

El actual Senado refleja meramente la propia mayoría gubernamental, es de elección abrumadoramente provincial y, por tanto, no representa garantía alguna del status constitucional de las Comunidades Autónomas, ni del respeto a los principios de unidad y autonomía en que descansa en España la organización territorial del poder.

Y esa garantía que es la única razón de ser de la exigencia constitucional de que sea el Senado quien autorice esas medidas coactivas.

En tu caso, forastero, yo no lo haría.

MENOS CONCEJALES, MENOS PLURALISMO, MÁS BIPARTIDISMO

El Gobierno  de España ha dado un palo de ciego o  quiere pasarse de listo. Disminuir en el futuro, ya que no puede hacerlo ahora, el número de concejales no va a reducir los abusos en el coste político de los Ayuntamientos, pero sí el pluralismo político y la calidad democrática  --aún más--  en la vida  municipal ya que, por debajo de un determinado número de concejales el  sistema de representación proporcional tiende a convertirse en mayoritario. Y el pluripartidismo en bipartidismo.

Si el Gobierno quisiera realmente   atajar la colonización del presupuesto municipal a manos de los que gobiernan y las repercusiones negativas de ello, incluida la creación de clientelas   de asesores y paniaguados  que degradan  de la democracia interna de los partidos, lo que tiene que hacer es limitar el número de concejales que cobran retribución periódica del Ayuntamiento, así como limitar la cuantía de  esos sueldos.

De la misma forma en la que la legislación local limitó el número de miembros de las Comisiones de Gobierno de los Ayuntamientos (ahora denominadas Juntas de Gobierno), puede fijarse en  función de la población  cuántos concejales pueden cobrar un sueldo y la cuantía máxima de éste.

Además, debería suprimir o reducir drásticamente el número de asesores retribuidos así como fijar la cuantía máxima de sus  salarios. Esto puede ponerlo en práctica de inmediato, ya que los “asesores” no han sido elegidos ni ostentan representatividad democrática alguna.

Puestos a hilar fino, también debería fijarse la cuantía máxima de las percepciones de dietas por parte de los miembros de las entidades locales que no cobran sueldo, ya que la experiencia demuestra que hay verdaderos diseños de ingeniería dietética, especialidad que no tiene nada que ver con los asuntos nutricionales  sino con el arte de sumar dietas hasta alcanzar el nivel de un sueldo.

De todas formas, si el Gobierno estatal no adopta estas medidas, la Comunidad Autónoma de canarias puede hacerlo, ya que tiene competencias legislativas en materia de Régimen Local y nada impide constitucionalmente que lo haga.

Porque la cuestión no va de menos concejales, sino de  reducir la multiplicación vertiginosa de cargos retribuidos , ya sean electos o personal de confianza,  y la carga que supone para unos ayuntamientos a los que el Ministerio de Hacienda ha obligado  a aplicar un drástico Plan de Ajuste que conllevará, entre otras medidas,  la subida de tributos y el establecimiento  generalizado de mecanismos de copago y precios públicos  por la prestación de servicios municipales, así como a  recortar duramente las  retribuciones de funcionarios y  laborales.

Y, de paso, el Gobierno y el Parlamento de Canarias podrían dar el ejemplo aplicando  la misma receta a bastantes cargos directivos y sus respectivos  “gabinetes”   que son superfluos, cuantía de algunos sueldos y acumulación de dietas.

Lo más importante de estos asuntos no es el monto económico, que ya es importante. Sino el valor ejemplarizador de estas medidas si se toman efectivamente. Y la desmoralización y el descrédito hacia los  representantes políticos si no se toman. Un descrédito con el que contaminan el prestigio de las Instituciones democráticas y su capacidad de liderazgo de la sociedad, y de contrapeso a los grandes poderes financieros,  en momentos tan difíciles como los actuales.

¿HAN SIDO RESCATADOS LOS AYUNTAMIENTOS?

A finales de febrero, el Gobierno estatal aprobó un Decreto-Ley poniendo en marcha un “mecanismo ágil de pago” a proveedores de las entidades locales y su financiación. Se sumaba a las iniciativas ya adoptadas por el Gobierno Zapatero en 2009 y 2011.

En principio, nada que objetar: facilitar liquidez a las empresas que están teniendo graves dificultades de acceso al crédito, especialmente pymes y autónomos, y contribuir así a reactivar la economía.

Sin embargo, el Gobierno del PP ha introducido una novedad: que no es necesario que las deudas provengan de contratos que reúnan los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. Esto quiere decir que si los acreedores han efectuado la obra, prestado el servicio o entregado el suministro a la entidad local, se les paga --cosa a la que tienen derecho-- con independencia de que quien les contrató haya actuado dentro o al margen de la legalidad.

Ésta es una de las diferencias entre el Decreto-Ley 8/2011 (art. 5.1) y el Decreto-Ley de Rajoy (art. 2.1.c).

El establecimiento de ese mecanismo de pago, dotado inicialmente con 6.000 millones de euros, impone a los Ayuntamientos la obligación de aprobar un Plan de Ajuste que condicionará sus presupuestos, es decir toda la actividad municipal, hasta 2022. En el caso de La Laguna, el Plan de Ajuste va a significar a partir de 2013 el establecimiento generalizado de tasas, precios públicos o modalidades de copago en la prestación de los servicios municipales.

Y, además, efectuar una operación de endeudamiento por el importe de todas las obligaciones con proveedores pendientes de pago que se van a saldar a través de ese “mecanismo ágil de pago”.

En garantía del cumplimiento del pago de intereses y la devolución de esa deuda, el Gobierno estatal podrá efectuar retenciones en las transferencias a los Ayuntamientos por su participación en los tributos del Estado. Es decir, se convierte en prioritario el pago de una deuda que puede proceder, al menos en parte, de obras, servicios o suministros adjudicados por alcaldes y concejales al margen de la legalidad. En qué proporción no se sabe. Al menos, por lo que se refiere a La Laguna, mis intentos de averiguarlo han sido hasta ahora infructuosos.

En las entidades locales se ha generalizado un procedimiento forzado, y que en mi opinión consiste en un fraude de ley, para regularizar buena parte de los contratos ilegales: es el “reconocimiento extrajudicial de crédito” por parte del Pleno de obligaciones que provienen de contratos ilegales, ya que se adjudicaron sin cobertura presupuestaria o incumpliendo las reglas de contratación pública que aseguran la concurrencia de varias ofertas y la obtención de las mejores condiciones calidad-precio para la Administración.

La justificación chusquera de ese reconocimiento es más o menos así: como el proveedor ha cumplido, si no se le paga se le ocasiona un perjuicio económico. Y, al tiempo, la Administración se enriquece injustamente a costa del proveedor. Este argumento valdría si se empleara para regularizar adjudicaciones efectuadas realmente en circunstancias de urgencia o excepcionalidad y para resolver problemas o necesidades importantes. Pero cuando se utiliza casi a diario para pagar contrataciones ilegales en materia de fiestas o de publicidad y propaganda, ustedes dirán.

Todos los acuerdos del Pleno de reconocimiento extrajudicial de crédito llevan una cláusula ritual, exigida por la Intervención, que es la de “sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir quien contrató en nombre del Ayuntamiento” al margen de la legalidad. Pero ahí se queda. Nunca, que yo recuerde, esa parte del acuerdo del Pleno ha tenido el menor recorrido.

Con lo que ahora resulta que el pago de esos contratos ilegales se convierte en una obligación preferente, ya que el préstamo que los Ayuntamientos asumen va a condicionar toda su actividad presupuestaria, los recortes en servicios públicos municipales o el establecimiento de precios, tasas o modalidades de copago que deberán satisfacer los usuarios.

El lenguaje y normas sobre presupuestos y hacienda emplean una jerga que a casi todos los ciudadanos les suena a swajili. Y también a quienes estamos familiarizados con esos asuntos, pero no somos especialistas.

A pesar de ello, el paralelismo entre lo que acabo de comentarles y el rescate (¿o línea de crédito?) a la banca es evidente: compromisos económicos debidos al menos en parte a una gestión irregular o simplemente ilegal se convierten en prioritarios y, por uno u otro vericueto, los acabarán pagando los contribuyentes. Se está exigiendo con toda razón la creación de comisiones parlamentarias de investigación y la determinación de responsabilidades, incluso penales, a los banqueros. Y me pregunto si se exigirá algún tipo de responsabilidades por las reiteradas contrataciones ilegales y el despilfarro de dinero público en los Ayuntamientos.

CONGRESOS A ESTRIBOR

Es todo un símbolo que el día del congreso de Coalición Canaria    --y en vísperas del de el PSC-PSOE, su socio--   la Asociación española  de Directores y Gerentes de servicios Sociales vuelva a dar un requetesuspenso a Canarias en la aplicación de la Ley de Dependencia, cuyas aportaciones financieras estatales servían al Gobierno de Paulino  “para hacer caja”, como tantas veces sostuvo una aguerrida  Paquita Luengo. Digo servían,  ya que el PSC-PSOE  no ha vuelto a hablar de esto. Ni, según la nota (2.1), a mejorar el trato a los dependientes.

Paulino reclama más apoyo  de los canarios a CC para “echarle pulsos al Estado”. A Canarias le puede venir bien que existan opciones de ámbito estrictamente canario. El Estado Autonómico, como cualquier sistema democrático descentralizado, funciona empujado por la competencia de intereses y territorios  a la  que debe  servir de cauce.  Sin embargo, cuando la única forma de expresarse los intereses canarios es a través del discurso nacionalista,  la utilización del conflicto con el Estado como coartada está servida. Como coartada para no hacer balance del ejercicio del poder que CC ha monopolizado durante tanto tiempo. Ni de las oportunidades desaprovechadas, tal vez para siempre, a lo largo de los años de vacas gordas.

La dirigencia del PSC-PSOE tiene amarrado ya SU congreso. No se prevé el menor sobresalto. Que coincida el peor resultado  de treinta  años de elecciones al Parlamento Canario con ese sismógrafo tan plano es un síntoma inequívoco. De que algo no funciona.

He dicho, y lo mantengo, que puestos a hacer recortes  en los servicios y programas sociales prefiero que los hagan los socialistas. Porque los harán a regañadientes, por convicción y por instinto político de supervivencia.

Creo, además, que es mejor que Canarias no esté en manos de un gobierno del PP en estos momentos. Simplemente porque la concentración de poderes ahoga la sociedad libre. Y porque una de las grandes razones de ser del federalismo es precisamente esa: “… el poder que se desprende del pueblo se divide entre dos gobiernos distintos (el Federal y el de los Estados miembros), y luego la porción que le corresponde a cada uno se subdivide en departamentos diferentes y separados (legislativo, ejecutivo y judicial). De aquí surge una doble seguridad para los derechos del pueblo…”. Así lo argumentaba James Madison al defender la Constitución Norteamericana de 1787.

El PSC-PSOE no puede hacer otra cosa que gestionar  los estragos de la crisis y de una herencia ajena de veinte años de hegemonía de CC y de su forma de ejercer el poder.

No  es perceptible, ni en el discurso del Gobierno canario ni en las decisiones que toma, la huella de un discurso o de unas prioridades  inspiradas por la dirigencia socialista. Más bien lo contrario: cada vez es más frecuente la utilización por los Spínola y Cía. de las muletillas de Coalición Canaria: la exportación de errores y responsabilidades. Y  su disposición llamar ahora ajustes a lo que en la pasada legislatura  los socialistas canarios llamábamos recortes, recortes que CC y PP hacían  en los servicios públicos fundamentales mientras se mantenían gastos completamente superfluos. Esta burocracia atolondrada no quiere caer en la cuenta de que quien impone el lenguaje, impone su hegemonía y la de los intereses que representa. En este caso, CC no impone: sencillamente mantiene una supremacía gastada. Ahora, con el bastón de un PSC-PSOE a la deriva.

En Canarias  hay exigencias de fortalecimiento y calidad democráticos  que  son irrenunciables. Sin coste económico. Debieron ser la señal de que este Gobierno participado por el PSC-PSOE no era uno más de la serie interminable. Pero la inanidad de algunos lo ha impedido. Me refiero a la reforma electoral, a la del régimen de la RTVC, a la del Catálogo de Especies “desprotegidas”, a la evaluación en serio de la Ley de Dependencia, al cuestionamiento  de verdad  de la colonización del Presupuesto por la caterva de los 109  altos cargos de conciencia (y su cohorte de asesores  de la nada)…

Es indudable que la adopción de medidas claras en esa dirección habría contribuido a mejorar la confianza de los canarios en sus Instituciones. En tiempos de crisis, el restablecimiento de la confianza en los gobernantes es uno de los ingredientes esenciales de la solución. Sólo esa confianza hace posible proponer a los ciudadanos una tarea colectiva esperanzadora, aunque entrañe sacrificios.

Sólo la confianza en que el reparto de sacrificios será justo y que al final del túnel habrá una Canarias mejor para todos movilizará  todas las energías disponibles. Que son muchas en el aquí y ahora de las Islas.

La dirigencia socialista se ha inhibido de todo eso,  a cambio de colmar sus pulsiones freudianas de poder. Por eso evitan como sea la pregunta clave: que no es la de con quién gobiernas, porque en democracia parlamentaria el pacto es lo habitual. Sino la de en qué condiciones y para qué. Porque no tienen arrestos para la única respuesta franca: en las condiciones que sea y para estar en el gobierno. Jerónimo será siempre más descarado que sus epígonos. Y lo dijo claro: no importan los resultados electorales, sino estar en el Gobierno.

Por eso, y porque los resultados electorales fueron pésimos,  en el Congreso del PSC-PSOE no hay demasiadas cosas que celebrar. Les da vértigo simplemente pensar en abrir una  nueva etapa en la que tuvieran que coexistir los que están en el Gobierno con una  nueva dirección y  nuevos retos con aliento de futuro. Que es exactamente lo que han intentado, aunque con poco éxito por lo que se va viendo, los que más instinto de poder tienen en CC.

El PSC-PSOE va a dar continuidad a la  estrategia impuesta por una burocracia tan ambiciosa de “tocar poder” como anodina. Ser partido-bisagra-disponible-para-pactos. Eso es malo para Canarias y puede acabar siendo letal para el PSC-PSOE. Pero con el reparto de cargos la dirigencia  lo  tiene todo controlado. Esa era su estrategia. No conocen otra. Al menos, tengan el decoro de reconocerlo.

QUEJARSE A BRUSELAS

Qué pronto se vuelven las tornas. Ahora son el Gobierno de Canarias, y un montón de dirigentes del PSC-PSOE que han permanecido impasibles –en el mejor de los casos-- ante proyectos sumamente agresivos contra los recursos naturales del Archipiélago, los que se vuelven a Bruselas invocando las normas medioambientales europeas. Me estoy refiriendo a las autorizaciones para las prospecciones petrolíferas del ministro Repsoria.

Están tan acostumbrados, por estos andurriales ultraperiféricos, a empezar a contar cada historia por donde les conviene, a imponernos a todos la desmemoria a discreción, que se han llegado a creer que en Europa se pierden los expedientes, o se aplican las normas al estilo compadre…pero resulta que no es así.

Para allanar el terreno a la construcción del Puerto de Granadilla removieron todos los obstáculos habidos y por haber. Condicionaron el apoyo parlamentario de CC a Zapatero, primero a que el Gobierno español defendiera el Puerto ante Bruselas y luego a que no presentara el Recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo “Catálogo”. Luego trataron de descatalogar los sebadales justo en la latitud y longitud marcada por el proyecto del Puerto --como si los habitats se pudieran despachar por piezas--.

Y, para dar el jaque mate a las garantías medioambientales y a los derechos de información, participación y acceso a la justicia de los ciudadanos, incorporados a las leyes europeas y españolas desde el Tratado de Aarhus, aprobaron por Ley el Catálogo Canario de Especies Amenazadas burlando todos esos derechos.

No se cortaron un pelo ni para presentar en el Parlamento de Canarias el nuevo Catálogo a través de una Proposición de Ley (de los grupos parlamentarios de CC y PP) y ahorrarse los informes jurídicos y técnicos que son preceptivos en caso de un Proyecto de Ley del Gobierno. No sea que se descubriera el múltiple fraude de ley.

Para que quede claro: la regulación del Catálogo de Especies por Ley, y no por Decreto, es completamente inusual. Lo hicieron así porque en el procedimiento legislativo no hay trámite de información pública (aunque yo creo que después del Tratado de Aarhus debiera establecerse, cuando la Ley que se pretende aprobar se refiera a materia medioambiental). Y porque una norma con rango de Ley no puede ser recurrida sino ante el Tribunal Constitucional, pero no están legitimados para hacerlo los ciudadanos ni las asociaciones defensoras del medioambiente.

LOS EUROPEOS SON RUBIOS, PERO NO TONTOS. Y ahora mismito se acordarán, y si no les refrescará la memoria el ministro-lotería que tenemos los canarios, de que el Gobierno de España y el de Canarias utilizaron para acallar las quejas de los ecologistas y de tantos canarios de buena voluntad el argumento de que la construcción del Puerto de Granadilla obedecía a “imperativos de interés público de primer orden”, invocando la excepción prevista en la Directiva Habitats (art. 6,4º) para ejecutar un proyecto de infraestructura que afecte a un “hábitat natural que albergue especies de carácter prioritario”.

Como ustedes podrán comprender, si construir un Puerto, haciendo un estropicio medioambiental de aquí te espero, en una isla que tiene otro Puerto importante puede justificarse en pretendidas razones de interés público de primer orden, simplemente elaborando un programa de medidas compensatorias, imagínense quién se va a negar en Bruselas a que el Gobierno de España invoque idénticas razones de interés público nada menos que para autorizar la investigación de recursos petrolíferos en un país que tiene una balanza energética muy deficitaria.

Esto es lo que suele pasar cuando las Instituciones caen en manos de aventureros.

Y a todas éstas, todavía estoy esperando a que mi líder natural --me refiero obviamente a Paco Spínola-- dé la cara y explique por qué todavía no ha cumplido la promesa de presentar, desde que se constituyera el Parlamento tras las elecciones, una iniciativa legislativa para modificar el Catálogo de marras.