En
este escenario, el gobierno de Canarias clama al cielo por la destrucción de
los bosques de laurisilva, una reliquia del terciario de extraordinario valor
biológico que forma parte de nuestro imaginario colectivo.
Sin
embargo el presidente de este gobierno clamante, de composición tan
pintoresca que hace que el consejero de hacienda --con la que está cayendo-- sea, a la vez, responsable de emergencias y de la lucha contra los incendios y que cuenta con una consejería de
medioambiente disociada de la de ordenación del territorio (y ambas asignadas a
partidos distintos), es el principal
responsable de uno de los atentados más graves contra la biodiversidad del
Archipiélago que registran los anales: la exclusión de los sebadales del
catálogo de hábitats y especies con alto grado de protección, para construir
impunemente el Puerto de Granadilla.
La
operación fue perpetrada con premeditación y alevosía. Hagamos memoria. En
Canarias, para el stablishement la
memoria es subversiva. A finales de la pasada legislatura, mediante una Ley del
Parlamento de Canarias, se modificó el Catálogo Canario de Especies Amenazadas
reduciendo a una categoría de riesgo inventada ex profeso, que mal cubría la
vergüenzas de una desprotección real, las praderas de cimodosea nodosa, los
sebadales, un ecosistema de alta productividad en biomasa y oxígeno, de gran importancia en la lucha contra el
cambio climático, porque es un verdadero sumidero de CO2, y de gran biodiversidad.
Aprobó
el nuevo Catálogo por Ley surgida de una proposición de los grupos
parlamentarios de CC y PP, ya que el Gobierno no se atrevió a presentar un
proyecto de Ley, cuya tramitación en sede gubernativa habría requerido incómodos informes de los servicios jurídicos y
técnicos de la Administración.
No
se tramitó como Decreto, como todos los
catálogos estatales y autonómicoshabidos y por haber, porque esa tramitación
habría requerido una fase de participación ciudadana, que es un derecho, desde
que el Tratado de Aarhus fue incorporado a los ordenamientos europeo y
español, que se quería evitar a toda
costa. Y porque una Ley no puede ser recurrida por los ciudadanos y asociaciones ecologistas ante los Tribunales y un Decreto sí. Es difícil
imaginar una degradación mayor
del Parlamento y del propio concepto de
Ley como principal instrumento de nuestro autogobierno.
El único cabo suelto, la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad por parte del PSOE (a lo que se comprometió
solemnemente el gran Paco Spínola, plenipotenciario de los socialistas
canarios) fue amarrado como una de las contrapartidas secretas del apoyo de
Coalición Canaria a Zapatero.
El
Tribunal Supremo ha anulado una Orden de
la Consejería de Medioambiente, dictada por Domingo Berriel la pasada
legislatura, que tenía la misma
finalidad que el nuevo Catálogo: desproteger el sebadal para construir el
Puerto de Granadilla. Y, ponderando los intereses económicos y mediambientales
en juego en este espacio del Sur de Tenerife, ha dado prioridad a la protección
de los recursos naturales y la biodiversidad.
A partir de esta Sentencia muchas voces se han
alzado exigiendo la paralización de las obras del Puerto de Granadilla. Pero
esa Sentencia no es suficiente jurídicamente. Precisamente la aprobación por Ley del Catálogo fue pura guerra
preventiva contra la posibilidad de esta Sentencia anulatoria. Ahora bien:
con esta Sentencia en la mano, hay que solicitar formalmente al Gobierno que
paralice las obras. Y, cuando el Gobierno se niegue o dé la callada por
respuesta, hay que pedir la intervención de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Entonces, el Gobierno se escudará en la Ley
del Catálogo y ese será el momento de promover
la cuestión de inconstitucionalidad. De manera que lo que el PSOE pudo
hacer y no hizo, llevar este gigantesco chanchullo ante el Tribunal
Constitucional, puedan hacerlo los ciudadanos a través del poder judicial.
La descripción de toda esta maniobra, su
finalidad de impedir el ejercicio de derechos de participación y de acceso a la
justicia, y el objetivo final desvelado por la Sentencia del Tribunal Supremo:
imponer intereses económicos a la preservación de un ecosistema amenazado de extraordinaria importancia biológica,
componen en mi opinión un arsenal
jurídico de gran consistencia.
En el plano político la exigencia de suspensión
ha de ser una constante. Por eso es tan meritoria la iniciativa de G.
Llamazares ante el Congreso. Pero los autores e inductores de la agresión saben
que sólo el Tribunal Constitucional
puede ponerlos en su sitio. Es verdad que llevará tiempo. Es algo que
tenían perfectamente previsto. En realidad es la finalidad esencial de toda
esta estratagema. Pero más tiempo se perderá cuanto más tarde en ponerse en
marcha el camino hacia la jurisdicción constitucional.
¿Cómo
se explica que el Gobierno defienda la laurisilva y destruya el sebadal?
Porque la laurisilva se ve, la han
cantado nuestros poetas y los canarios
la hemos incorporado a nuestros más delicados sentimientos. Al sebadal
lo recubren someramente las
aguas de la mar océana y no se ve. Y
dice el dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y ese dicho lo
conocen todos los demagogos de hoy y de
siempre.
Paulino
clama sin el menor rubor en defensa de la laurisilva y contra las prospecciones
petrolíferas. José Miguel Pérez, consejero de medioambiente, se limita a anunciar que prepara un nuevo
catálogo con todas las bendiciones científicas. Para cuando lo presente, ya se
habrán producido las mortíferas consecuencias del actual catálogo de desprotección de especies amenazadas y la
construcción del Puerto de Granadilla,
piensan, será irreversible.
Lo menos que se despachaba entretanto, para
mantener un mínimo respeto a sus compromisos con los votantes socialistas, era
haber presentado un proyecto de Ley de artículo único: queda derogado el
Catálogo tramposo de 2010 y restablecido el
de 2001. Pero no lo han hecho y ni la Sentencia del Tribunal Supremo les
saca los colores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario