Contribuir
a la formación de una opinión pública informada, garantizando el pluralismo y
la veracidad, eran el santo y seña de la reforma del régimen jurídico de la radio y la televisión de titularidad
estatal realizada por el gobierno del PSOE, a través de la Ley 17/2006. Fue un
gesto de coherencia indiscutible. No es
fácil que un gobierno renuncie a lo que venía siendo, y vuelve a ser, un gran
aparato de propaganda.
La
dependencia del Parlamento y no del Gobierno, la elección de su consejo de
administración por mayoría reforzada, la supervisión de su actividad por una
autoridad audiovisual independiente, la defensa de la independencia de sus
profesionales y su participación (Consejo de Informativos) fueron
ingredientes para lograr la “neutralidad y objetividad” de
los contenidos informativos, para que RTVE cumpliera una tarea de servicio público indispensable en una sociedad democrática.
Promover
un cambio similar para la radio y televisión canaria era, fue, un compromiso esencial de los
socialistas ante su degradación y
manipulación por los sucesivos gobiernos
de Coalición Canaria y del PP, que hoy
se “abochorna” ante la indecencia de su
politización. Indecencia que no les frena en absoluto a la hora de perpetrar en
Canarias el mismo asalto a RTVE, la
española, que están rematando estos días.
He
leído el Recurso de Inconstitucionalidad formulado por lo más granado de los
diputados socialistas (Chacón, Hernando, Rubalcaba, Narbona, Jauregui, López
Garrido, Torres Mora, Madina, Valenciano y, cómo no, el inimitable Pepe
Blanco), sobre argumentos elementales desde el punto de vista constitucional y
democrático: la revisión del modelo legal por Decreto Ley es un abuso de los límites constitucionales; y la invocación
razones abstractas para justificar los cambios sólo pretende ocultar sus verdaderos
objetivos de evitar todo tipo de control parlamentario y volver a situar el
ente público en la órbita gubernamental. Objetivos que éstos días “están ocurriendo, los estamos viendo”, como
decía un slogan de CNN+, tras los
últimos nombramientos y destituciones.
El
panorama es patético. Rubalcaba denunciando y, aquí en
Canarias, un PSC-PSOE consintiendo.
Cuando Spínola & Co. protagonizaron
una negociación completamente entreguista con Paulino, obsesionados por
sentarse como fuera en el Gobierno. Cuando aceptaron una Consejería de
Presidencia desgüesada, sin los Servicios Jurídicos ni Seguridad, o una
Consejería de medioambiente sin ordenación del territorio, nunca pensé que la
pusilanimidad llegara a tanto.
Cambiar
el modelo de la radiotelevisión canaria no tiene nada que ver con la crisis
económica, sino con la dignidad democrática, esa que parecen algunos haber perdido para siempre.
Sin una
opinión pública libre “no hay sociedad libre ni, por tanto,
soberanía popular”… “reducidas a formas hueras las instituciones
representativas”…”y absolutamente falseado el principio de legitimidad (democrática) que enuncia el art. 1.2 de
la Constitución”… “vaciados de contenido real otros derechos que la
Constitución consagra”, dejó establecido
el Tribunal Constitucional desde sus
primeras Sentencias (1981) sobre la libertad de información.
En
Canarias entre el paisaje reflejado los
medios de comunicación y el pluralismo de la sociedad hay una sima, que hace
difícil exagerar la importancia de que
los medios de titularidad pública
funcionen como un auténtico servicio público y velen por la objetividad
informativa.
Los
que están perpetuando con su pasividad
en el Gobierno el actual statu quo, con un director general que se ha estado
riendo del Parlamento desde que lo nombraron,
deben ser plenamente conscientes del daño que hacen. Porque los manejos
de Paulino y de los suyos no se limitaron a manipular los medios públicos, sino
a amañar el concurso de la TDT que los Tribunales han anulado --pero ellos como si tal cosa-- y contra el
que el grupo parlamentario socialista canario dirigió las más agrias críticas.
Cada
vez que los que se dicen demócratas consienten un ataque a las reglas
democráticas, por oportunismo o por conveniencia, sientan un grave precedente. Un precedente del que luego
sacan literalmente petróleo los enemigos de la democracia. O los que estarían
más cómodos sin ella.
Decirles estás cosas a unos aparatchiks arregostados de mediocridad es como arar en el mar.
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