¿Legislatura para olvidar?

Un mal Gobierno es incompatible con un buen Parlamento, un Parlamento que desarrolle con acierto y vitalidad sus funciones esenciales: la de representar con fidelidad el pluralismo político y social, la de legislar con la vista puesta en los intereses y las necesidades de los ciudadanos y la de controlar, sobre la base de todo ello, la acción del Gobierno.

Por eso, cuando un Gobierno es malo y lo sabe, pero aún y así se empecina en perpetuarse en el poder, no tiene otra opción que sujetar al Parlamento, dificultando el ejercicio de aquellas funciones y, en consecuencia, arrastrarle a compartir el deterioro del propio Ejecutivo.

En los regímenes parlamentarios contemporáneos, especialmente en países donde el sistema se sustenta en partidos políticos muy disciplinados --a lo que contribuye un régimen electoral basado en la fórmula proporcional y en listas cerradas y bloqueadas, como el nuestro-- el contrapeso de poderes, instrumento clave para asegurar la libertad y los derechos de ciudadanía, no se produce entre el Ejecutivo y el Parlamento.

El Gobierno controla a la mayoría parlamentaria que le apoya, a través de la disciplina de partido y de la amenaza de excluir de las listas electorales a los diputados díscolos. Por lo que el freno y control del poder ejecutivo no lo ejerce el Parlamento como Institución, sino el Grupo o los Grupos de la oposición.

Cuando en las elecciones de 2007 el PSC-PSOE se convirtió en primera fuerza parlamentaria y, a pesar de la voluntad de cambio expresada en las urnas, Coalición Canaria y el Partido Popular decidieron aferrarse al Gobierno, una de las incógnitas a despejar era hasta dónde estaban dispuestos a deteriorar la calidad parlamentaria y al propio Parlamento, órgano representativo del Pueblo Canario que es el titular del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a los pueblos de España.

La respuesta no se hizo esperar. Desde el minuto cero de la legislatura lo dejaron bien clarito convirtiendo el Debate de Investidura, en el que el Parlamento trasmite su legitimidad democrática a quien presidirá la Comunidad Autónoma y dirigirá el Gobierno, en un cerco contra el líder socialista que había tenido la osadía de concitar el deseo de cambio de los canarios.

A partir de ese episodio, todo lo que ha venido después era bastante previsible.

Coalición Canaria, el Partido Popular y el Gobierno continuista que formaron se han esmerado “sin complejos” en desnaturalizar la actividad de control parlamentario del Ejecutivo, a base de trufar ataques contra Zapatero con preguntas y comparecencias para el lucimiento de Paulino, sobre todo de Soria, y de los demás consejeros. Descartada la función de investigación parlamentaria, dada la manía de los socios del Régimen de imponer por --como ocurrió en la Comisión de Investigación del caso Eólico y en tantas otras-- como conclusiones impuestas por la mayoría un rosario de falsedades, la dinámica parlamentaria de control político he estado amortizada.

Mención aparte merece la burla constante del Director General de Radiotelevisión Canaria. En sus comparecencias ha faltado el respeto a los representantes del pueblo canario, navegando bajo patente de corso de Paulino Rivero, que es un gran conocedor de que un mal gobierno no es sólo incompatible con un Parlamento vivo, sino con la información objetiva de sus actuaciones y con un panorama medios de comunicación aceptablemente pluralista.

En la actividad legislativa, debo reconocer que han innovado. Han innovado con un nuevo artilugio que consiste en usar a los grupos parlamentarios del Régimen para presentar las iniciativas legislativas más comprometidas del Gobierno, aquéllas que llevan el carné de identidad de determinados grupos de presión o de la clientela electoral del Gobierno.

Con este subterfugio, que han utilizado en Leyes como la del Catálogo Canario de especies desprotegidas, se ahorran aportar al Expediente legislativo informes jurídicos, financieros, científicos, técnicos y hasta el Informe del Consejo Económico y Social, que son preceptivos cuando la iniciativa se tramita como Proyecto de Ley del Gobierno.

La voluntad de dificultar al Parlamento el análisis de la nueva legislación que se propone es palmaria. Y el deterioro del procedimiento legislativo, también. El único informe que se incorporará al expediente, el del Consejo Consultivo, se emitirá cuando ya se haya celebrado el debate de toma en consideración por la Cámara, el debate político sobre la necesidad y el acierto de la propuesta legislativa. Pero del Consejo Consultivo hablaremos en seguida.

Otro manejo con el que rayan el virtuosismo antiparlamentario , también en harina legislativa, es el de aprovechar el último día del plazo de presentación de enmiendas --y si el procedimiento es de urgencia y el plazo improrrogable, mejor-- para sacarse de la manga un puñado de nuevas propuestas que no tienen nada que ver con el objeto de la nueva Ley en trámite, que ha quedado fijado en el debate de toma en consideración o en el de totalidad. Así impiden que la Oposición pueda ejercer sus derechos parlamentarios, “enmendando esas enmiendas” de última hora. Quiebra el principio de contradicción, insignia del Estado de Derecho. Luego las injertan rodillo en mano en la nueva Ley de lo que sea. Y a vivir que son dos días.

¡Claro!. Así aparece en una Ley de Turismo el súbito indulto a edificaciones ilegales en suelo rústico, en algunas Islas que yo me sé.

A cualquier Gobierno, por muy benéfico y benevolente que sea, le incomodan los controles. Pero a un mal Gobierno le dan migraña los controles de legalidad, la fiscalización de su actividad financiera y presupuestaria, la evaluación de su trato a los ciudadanos, del respeto a sus derechos y hasta la mera posibilidad de que exista una opinión pública bien informada.

Era, entonces, muy fácil imaginar que los partidos pro-gubernamentales iban a bloquear la renovación de los Órganos establecidos en el Estatuto de Autonomía, como el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común, para que sus miembros continúen siendo los que designó el Parlamento que surgió de las elecciones de 2003, mucho más proclive al Gobierno, con el propósito de que sus Dictámenes e Informes fueran “amables” con los intereses del Gobierno. Otro tanto le ha ocurrido al Consejo de Administración de los medios informativos públicos de la Comunidad Autónoma. No hace falta explicar por qué.

Me he referido, sin ánimo exhaustivo, a aspectos neurálgicos que determinan la calidad o el deterioro de la vida parlamentaria, que es un ingrediente esencial --quizás el que más-- de la calidad de la democracia. Lo demás, el ritual parlamentario cotidiano es sólo eso: rutina y liturgia cada vez más vacías de contenido.

No puedo terminar sin referirme a una estrategia que también era previsible, desde que impidieron al Partido Socialista, ganador de las elecciones, formar Gobierno. Había que destruir al líder del Partido ganador. No podía seguir tan campante, vivito y coleando, representando los deseos de cambio de los canarios. Esa epidemia había que atajarla. Y se pusieron manos a la obra.

Lo que no podía prever, lo confieso y pido disculpas, es que la dirigencia tradicional del PSC-PSOE y Pepe Blanco se sumaran con tantos bríos. Ni que JFLA resistiera tan poco, a pesar de sentir el aliento de tantos isleños.

No es, en ningún caso, una legislatura para olvidar. ¿Qué más quisiera el Régimen? Sino para recordarla siempre. Para que nunca más se repita.