INFLUIR EN MADRID

Al apagarse los focos del último congreso de los socialistas canarios, escuché a alguno de los nuevos directivos (¿nuevos?), proclamar con euforia “vamos a influir en El Gobierno de España”… “¡Ahora sí! ”. Querían decir que JFLA no se había ocupado de colocar a socialistas canarios en la nómina de altos cargos de Zapatero. Y ellos, los nuevos directivos socialistas canarios, sí iban a hacerlo. Había que ser respetuosos con los ganadores y habría sido de mal gusto recordarles que la cúpula, toda la cúpula de las ejecutivas de Juan Fernando, estaba compuesta por ellos mismos.

El tiempo ha pasado vertiginosamente. Y resulta que el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales han suscrito con Coalición Canaria un acuerdo, sin la presencia de los socialistas canarios ni en la negociación ni en la puesta en escena, sobre asuntos que pertenecen estrictamente a la política canaria.

Sin ir más lejos, sobre el sistema electoral al Parlamento de Canarias, cuya regulación vigente, desde 1996, es la piedra angular sobre la que se asienta el sistema de poder institucional en la Comunidad Autónoma de Canarias. Un sistema electoral que expulsa a cientos de miles de canarios, a base de tirar su voto a la basura en el momento del reparto de escaños. Disuade a otros tantos de participar en las elecciones, convencidos de la inutilidad de su voto. Y debilita notablemente la representatividad del Parlamento, con un exótico sufragio censitario (como en los regímenes oligárquicos del siglo XIX) que no se aplica antes, sino después de la votación. En realidad no le impiden votar; simplemente anulan de hecho los votos de muchísimos ciudadanos de esta Tierra Única. La consecuencia práctica, la misma: un Parlamento con una composición lo suficientemente condicionada como para hacer inviable la alternancia real de gobiernos. Y la alternancia real de políticas.

Coalición Canaria, sobre todo la “durmiente” ATI, defiende a capa y espada el sistema electoral que le ha permitido hegemonizar la política canaria. Desde hace varios años, los socialistas canarios venimos condicionando cualquier reforma del Estatuto y cualquier nueva ampliación de competencias a la reforma del sistema electoral.

Sin embargo, lo que han pactado Coalición Canaria y el portavoz del PSOE en el Congreso es exactamente lo contrario: no condicionar la futura Reforma del Estatuto a la modificación del sistema electoral, que se haría --para no hacerse nunca-- por Ley del Parlamento de Canarias, aprobada por una mayoría de dos tercios. Es decir, por una mayoría más reforzada que la que se requiere para modificar el Estatuto. Es evidente que el sistema electoral es el Superestatuto de Canarias, porque es la base que sustenta la hegemonía de la derecha; dentro de la derecha la de Coalición Canaria y, dentro de ésta, la de la “inexistente” ATI. Que no es poco.

Luego vino el acuerdo para que el Gobierno de España renunciara a interponer el recurso de inconstitucionalidad directo contra la Ley del Catálogo Canario de Especies Amenazadas, aprobada con el descarado propósito de desproteger los sebadales y dejar el campo libre para la construcción del Puerto de Granadilla. El Grupo Parlamentario Socialista Canario había declarado que su oposición al Catálogo de desprotección era casus belli.

Se trata, como se ve, de dos asuntos del estricto ámbito de la política canaria. Pero a los defensores de nuestros fueros, a los que se dicen nacionalistas, no se le han caído los anillos para sacarlos del radio de acción de las Instituciones canarias y pactarlos en Madrid, aprovechando la precariedad parlamentaria del Gobierno ZP. Ni a éste ni a sus colaboradores les ha dado insomnio dejar en descampado a los socialistas canarios.

Y es que la política española viene condicionada, al margen de su diseño constitucional, por una Ley electoral que facilita una sobrerrepresentación a los partidos de ámbito territorial que se dicen nacionalistas, convirtiéndolos en árbitros de la política española cada vez que el Gobierno de España no dispone de mayoría parlamentaria suficiente. Esta Ley electoral ha permanecido intacta, a estos efectos, desde la celebración de las primeras elecciones parlamentarias de la Transición (1977).

La democracia se consolidó. El Estado de las Autonomías se desarrolló satisfactoriamente. Las nacionalidades y regiones fueron ocupando el espacio de autogobierno ofrecido por la Constitución. Y, partir de ahí, los grupos nacionalistas han empezado a reclamar competencias que le son imprescindibles al Gobierno de España para desempeñar su función primordial, la de dirección política del país. Y para garantizar la unidad de España y la solidaridad entre los ciudadanos y los territorios que forman parte de ella.

Así, mientras en los sistemas federales en los que podemos mirarnos, la tendencia es el fortalecimiento paulatino de las instancias centrales (Paul Krugman: “EE.UU un país con un Gobierno central grande”), el perfeccionamiento de mecanismos de cooperación entre el gobierno federal y los entes territoriales y el establecimiento de procedimientos de participación multilateral de éstos en la formación de la voluntad política del Estado, en España vamos por el camino opuesto. Los nacionalistas hacen de barco rompehielos (la expresión no es mía, sino de Blanco Valdés) y la representación de los partidos de ámbito estatal en los diversos territorios van a remolque.

Sin embargo, ese no es el camino. El camino es consolidar la dinámica federal. Y no el embarcarnos con un rumbo de tipo confederal que nos abocará a una situación crítica y paralizadora. Y acabará teniendo efectos deslegitimadores no sólo sobre la España autonómica. Sino, a lo peor, sobre la España democrática.

Por eso, sobre los territorios, a lo largo y ancho del país, la actitud de los socialistas y de los demócratas debe ser tan firme en la defensa del autogobierno de sus respectivas Comunidades Autónomas como rigurosa a la hora de marcar diferencias ideológicas con las representaciones mentales de los nacionalistas. Y muy firme a la hora de evitar que las respectivas direcciones de los Partidos de ámbito estatal, para salir del paso en el día a día en busca de apoyos parlamentarios, traten como moneda de cambio los asuntos políticos de cada Comunidad Autónoma. Porque no son ni más ni menos importantes que los asuntos estatales. Simplemente pertenecen a otra esfera que debe ser respetada.

La lealtad que los socialistas canarios debemos al Gobierno de España es, como la lealtad federal, un concepto de doble dirección. Apoyo en los asuntos de interés general de los españoles y exigencia de respeto en los temas que nos conciernen como socialistas y como canarios. Además, es el único modo de no regalarle a los que se digan nacionalistas canarios o de cualquier otro lugar, un patente de exclusividad en la defensa de su tierra que --creo sinceramente-- no se merecen. Ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Pero en política, más que en ningún ámbito, la apariencia suplanta a la realidad.

Pero, óyeme, pa’ que tu lo sepas no es fácil poder adoptar esa actitud cuando uno le debe el cargo, y el éxito en un congreso regional, a la larga sombra de Ferraz. o de Génova.