ELOGIO DEL PARLAMENTARISMO. Confiar a una asamblea representativa el poder tomar las principales decisiones políticas, ha sido la ficción más útil que se ha inventado para resolver el eterno dilema, el primero que se planteó el primer hombre que se puso a pensar sobre la sociedad y sobre el poder, sobre la política: cómo compaginar la libertad del ser humano y la obediencia al gobernante.
Es la ficción de “obedeciendo a (los representantes de) todos, no me obedezco más que a mí mismo”, de formulación rousseauniana, basada en el insuperable optimismo de creer que la mayoría de un parlamento no sería capaz de tomar decisiones amenazadoras para la libertad y los derechos individuales.
El tiempo demostró trágicamente que sí era posible, que sí se podía usar el poder de la mayoría para ahogar la libertad, y a partir de ahí se impuso en la vieja Europa la necesidad de acotar el poder de la mayoría, dándole valor jurídico a la Constitución, asegurando su supremacía sobre las demás normas jurídicas, mediante el control de la constitucionalidad de las Leyes y la regulación de un procedimiento muy riguroso, y distinto del legislativo, para la Reforma constitucional. Algo que ya estaba bien establecido al otro lado del Atlántico. La experiencia constitucional norteamericana resultó sumamente provechosa.
Por eso es tan importante el parlamentarismo, un buen parlamentarismo, como garantía esencial de la libertad y la democracia. El Parlamento es una asamblea representativa de los ciudadanos. Éstos conforman el pueblo, titular de la soberanía, del que emanan los poderes del Estado. Y es esa naturaleza representativa la que justifica que le corresponda aprobar la Leyes, los tributos, los gastos públicos, controlar al Gobierno --frenando la tendencia biológica del poder a extralimitarse, aunque esté en manos bienintencionadas-- y, en los sistemas políticos llamados por eso parlamentarios, investir y destituir al propio Gobierno.
Es una evidencia que el sistema de partidos y el sistema electoral, especialmente cuando se emplea la fórmula proporcional y listas cerradas y bloqueadas, han revertido el funcionamiento de los regímenes parlamentarios, de forma que es en realidad el Gobierno, y por medio de él la dirección del partido gobernante, quien controla a la mayoría parlamentaria (y no al revés), a través del poder de hacer las listas electorales. Por eso, el mecanismo de control y contrapeso del poder --indispensable para la existencia de un sistema político basado en la libertad-- , ya no lo ejerce el Parlamento como Institución sino los grupos que han de fiscalizar, dentro y fuera del Parlamento, la acción del Gobierno: es decir, la oposición parlamentaria y los ciudadanos políticamente activos.
El autogobierno del Archipiélago, para que realmente merezca ese nombre y no sea el gobierno de una oligarquía que arrebata el derecho a la autonomía del pueblo canario, reclama un buen parlamentarismo. En primer lugar, asegurando el carácter fielmente representativo de la Cámara autonómica para asegurar la presencia de la diversidad de intereses y sensibilidades, sociales y territoriales, de la sociedad canaria. Esos intereses y sensibilidades son en ocasiones contradictorios y de difícil armonización.
El sistema electoral es un obstáculo para establecer correctamente esa representatividad, base de la autoridad del Parlamento. Por eso hay que modificarlo, a favor del pluralismo, suprimiendo las barreras draconianas del 30%. Luego habrá que mejorarlo para ajustar mejor representación y población, es decir para acercarnos al principio del voto igual. Pero esto requerirá consensos territoriales que resultan imprescindibles. Porque las actuales barreras electorales son indefendibles, pero la sobrerrepresentación de las Islas no capitalinas se sustenta en unos argumentos histórico-políticos que no pueden ignorarse, ni doblegarse con el mero recurso a la mayoría.
Sintomáticamente, son los que más se empeñan en defender el relato nacionalista --que siempre parte de anteponer la “hermandad” todos los integrantes de la Nación Canaria, a la pluralidad de intereses y de situaciones de la Canarias real-- los mayores defensores de un sistema electoral hecho a su conveniencia, en grave detrimento del pluralismo político y territorial en la composición del Parlamento.
DETERIORO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS. En parte por su déficit representativo, en parte por el déficit de cultura democrática y parlamentaria de la mayoría gobernante, formada y apuntalada durante dos décadas con ayuda de las barreras electorales, el Parlamento ha ido perdiendo en calidad democrática progresivamente. A finales de la pasada legislatura se produjeron episodios que cancelaron, mientras la actual mayoría perdure, la función de investigación parlamentaria. La Comisión de Investigación del Caso Eólico concluyó con flagrantes falsedades impuestas por mayoría. Pero, años después, con grave descrédito del propio Parlamento, los que fueron “absueltos” en sede parlamentaria, se sentarán en el banquillo para responder de graves acusaciones del fiscal.
También en la pasada legislatura se materializó el blindaje del Parlamento ante iniciativas legislativas ciudadanas, alguna de ellas presentada por más del triple de ciudadanos que los requeridos legalmente. La negativa de Coalición Canaria y del Partido Popular a trasladar al Parlamento debates reales que existen en la sociedad canaria, como el de la cuestión desarrollo-medioambiente, tiene al menos un efecto clarificador : reafirmar qué intereses hegemonizan la agenda de unas Instituciones que dicen --y deben-- representar a todos los canarios. Pero la auctoritas del Parlamento, “órgano representativo del pueblo canario”, continua pagando la factura.
En la legislatura que está a punto de terminar, la mayoría del “Régimen” afrontaba un nuevo reto: la de evitar que asumiera el Gobierno el Partido Socialista, después de haber ganado las elecciones y convertirse con holgura en primera fuerza parlamentaria. Y lo han resuelto de la peor manera en aras de su aferramiento al Gobierno y endosándole la factura, otra vez, a la calidad de la democracia y al prestigio del Parlamento.
Desde el minuto cero, el del debate de Investidura, convertido en un contradebate en el que hasta el propio candidato a presidente tenía como objetivo acorralar al líder socialista, vencedor de las elecciones.
En la ACTIVIDAD LEGISLATIVA, el deterioro se ha acentuado.
Se ha vuelto crónica la alergia a las iniciativas legislativas de los ciudadanos, que tradicionalmente se rechazan o se desnaturalizan durante la tramitación parlamentaria, siguiendo la estela de lo que ocurrió, hace varias legislaturas, con la proposición de Ley de Hospital público del Sur de Tenerife, coto tradicional de la sanidad privada, que fue admitida en vísperas de unas elecciones y transmutada en una Ley para construir un Centro Socio-sanitario, que poco tenía que ver con el objeto de la iniciativa popular.
Y, además, el Gobierno ha ensayado una nueva técnica: sacar adelante aspectos muy discutibles de su programa legislativo, a través de proposiciones de Ley de sus grupos parlamentarios. Así, por ejemplo, ocurrió con la flamante Ley del Catálogo de Especies Amenazadas, pensada a tirofijo para descatalogar los sebadales y dar luz verde al Puerto de Granadilla. De esta forma evitan tener que incorporar al expediente legislativo informes jurídicos, técnicos, financieros y hasta científicos --que serían obligatorios si la iniciativa legislativa se tramitara como Proyecto de Ley remitido por el Gobierno-- que ayudarían al Parlamento a apreciar el alcance, acierto u oportunidad de la nueva Ley que se pretende aprobar.
Más grave, si cabe, es el novedoso artilugio de presentar el último día del plazo --de nuevo a través de los grupos parlamentarios del Gobierno-- enmiendas que no tienen relación con la iniciativa legislativa que se está tramitando, una vez que ésta ha superado los debates de totalidad o de toma en consideración y, por tanto, ha quedado definitivamente fijado su objeto, al que se deben referir preceptivamente las enmiendas parlamentarias.
Luego esas enmiendas se imponen por mayoría y, por ejemplo, una Ley para adaptar en materia turística la legislación canaria a la Directiva Europea de Servicios, se convierte en una Ley que regulariza instalaciones turísticas ilegales en algunas Islas. Así impiden al Grupo mayoritario de la Cámara ejercer su derecho a enmendar dichas enmiendas de última hora, que trastocaban el objeto de la Ley con la finalidad de amnistiar infracciones a la normativa territorial y medioambiental. Y que fueron presentadas en un procedimiento legislativo al que se dio trámite de urgencia, dada la premura de los plazos europeos, con el acuerdo del Grupo Socialista. Todo un alarde de abuso y de fraude procedimental en la función principal del Parlamento, la de hacer las Leyes.
En este mismo campo legislativo, C.C. y P.P. han superado su propio palmarés al bloquear la tramitación de iniciativas legislativas del Grupo Socialista, como la de reforma del sistema electoral, abusando de su mayoría en las reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces para intentar controlar, al fijar el Orden del Día del Pleno, la agenda legislativa de la oposición. Parece una broma de parlamentarismo. Pero por desgracia, no lo es.
En el terreno de la ACTIVIDAD DE CONTROL , erradicadas las Comisiones de Investigación ante la evidencia de que la mayoría gubernamental las ha convertido una y otra vez en Comisiones de Investigación contra la oposición, las cosas han ido “a peor la mejoría”: el Gobierno, al que los ciudadanos valoran negativamente hasta en los Sociobarómetros del Consejo Económico y Social, interpreta el control parlamentario de su actuación como una farsa, cuyo guión va desde la autocomplacencia hasta la pretensión de responsabilizar al Gobierno de España de todos los agravios reales o imaginarios contra los canarios. De esta manera dificultan a la oposición realizar una labor imprescindible para la calidad de la vida parlamentaria.
Mención especial, por lo grotesca, fue la propuesta de Coalición Canaria --en plena campaña de crear alarma social, para justificar la necesidad de crear la Policía Autonómica-- de constituir una Comisión de Investigación sobre… ¡los menores desaparecidos en Canarias! Sin comentarios.
El clímax del deterioro de esta función, dejando al margen la cada vez más descarada falta de respeto del Gobierno, a la hora de facilitar documentación a la oposición sobre asuntos “sensibles”, lo ha protagonizado el Director de la Televisión Autonómica que, en sus comparecencias ante la Comisión de Control --cuya importancia en una democracia homologable no es necesario subrayar-- se ríe directamente de los representantes del pueblo canario, bajo patente de corso de Presidencia del Gobierno.
ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL PARLAMENTO. El deterioro de la Institución parlamentaria se ha proyectado sobre otras instancias que son relevantes en el sistema político canario. Se trata de órganos que ejercen funciones de control jurídico, de fiscalización de la gestión económica del sector público del Archipiélago, de defensa de los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas Canarias o que velan por el respeto al pluralismo y a la objetividad informativa en los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad Autónoma: Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas, Diputado del Común, Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria. Todos estos órganos no tienen otra legitimidad que la que les trasmite el Parlamento.
Pues bien: como al “Régimen” no le agradó el resultado de las elecciones de 2007, han bloqueado la renovación de dichos órganos, ejerciendo un auténtico derecho de veto para impedir que el peso del Grupo mayoritario en la Cámara 2007-2011, se reflejara en la composición de aquéllos. Han conseguido prolongar durante toda esta legislatura los resultados de las elecciones de 2003, a base de negarle al Grupo Socialista no sólo el acceso al Gobierno sino también la proyección de su importancia parlamentaria en estos órganos, que forman parte del sistema de control y de los equilibrios indispensables en la sociedad democrática.
No quiero terminar este balance sin referirme a la COMISIÓN GENERAL DE CABILDOS. Es un órgano del Parlamento, pero tiene una gran importancia política. Por dos razones esenciales: porque esto es un Archipiélago y porque nuestro sistema político se basa en la descentralización. A través de esta Comisión se debería canalizar el diálogo y la cooperación entre el Gobierno y los cabildos que representan la autonomía de cada Isla, constitucionalmente reconocida. Es tan intenso el deterioro de la Comisión, por los incumplimientos y la actitud del Gobierno, que los presidentes de los cabildos se han negado reiteradamente a intervenir en las sesiones como señal de protesta.
A MODO DE RESUMEN. Estoy convencido que este Régimen no podría perpetuarse con un buen Parlamento. Como tampoco podría sobrevivir si el sistema de medios informativos del Archipiélago reflejara aceptablemente el pluralismo de la sociedad canaria. Por eso la obsesión del Gobierno de maniatar al Parlamento y de ejercer el mayor pressing posible sobre los medios informativos, para lo que le han venido como anillo al dedo las dificultades que la crisis ha generado en las empresas del sector. El concurso para la concesión de licencias de televisión fue de traca y el Gobierno lleva camino de cosechar en el concurso de emisoras de radio, que quiere resolver en vísperas de elecciones y en clara situación de minoría parlamentaria, los mismos fracasos judiciales. No importa. Saben que el tiempo obligará a las empresas injustamente perjudicadas a capitular ante el Gobierno, aunque le hayan ganado por goleada en los Tribunales.
En fin, una legislatura para olvidar… si eso no fuera precisamente lo que prefieren los protagonistas del “Régimen”. Pasar página y continuar en el poder. La falta de memoria colectiva, muy selectivamente manejada por la propaganda oficialista, es otro ingrediente esencial de cualquier sistema de poder como el que se ha ido fraguando en Canarias. Un sistema intensamente oligárquico en el que la agenda, las prioridades y las decisiones más importantes de las Instituciones públicas están claramente dictadas al Gobierno por grupos de intereses perfectamente reconocibles.
Decía hace poco Antonio Martinón: “Esto es mejor que lo que había (la Dictadura); pero mucho peor que lo que habíamos imaginado”. Lo suscribo.
Santiago Pérez García
ex portavoz del Grupo Socialista y
ex secretario de Autonomías del Partido Socialista Canario-PSOE
(legislatura 2007-11)
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