Tal vez no hubo acuerdo en realidad

http://elpais.com/elpais/2012/08/03/opinion/1344010232_720886.html

LA LAURISILVA SE VE, EL SEBADAL NO

Canarias es tierra de paradojas, algunas siniestras. Estos días vivimos una tragedia, con destellos de un diabólico  ritual  de autoinmolación y hecatombe.

En este escenario, el gobierno de Canarias clama al cielo por la destrucción de los bosques de laurisilva, una reliquia del terciario de extraordinario valor biológico que forma parte de nuestro imaginario colectivo.

Sin embargo el presidente de  este  gobierno clamante, de composición tan pintoresca que hace que el consejero de hacienda   --con la que está cayendo--  sea, a la vez,  responsable de emergencias  y de  la lucha contra los incendios  y que cuenta con una consejería de medioambiente disociada de la de ordenación del territorio (y ambas asignadas a partidos distintos),  es el principal responsable de uno de los atentados más graves contra la biodiversidad del Archipiélago que registran los anales: la exclusión de los sebadales del catálogo de hábitats y especies con alto grado de protección, para construir impunemente  el Puerto de Granadilla.

La operación fue perpetrada con premeditación y alevosía. Hagamos memoria. En Canarias, para el stablishement  la memoria es subversiva. A finales de la pasada legislatura, mediante una Ley del Parlamento de Canarias, se modificó el Catálogo Canario de Especies Amenazadas reduciendo a una categoría de riesgo inventada ex profeso, que mal cubría la vergüenzas de una desprotección real, las praderas de cimodosea nodosa, los sebadales, un ecosistema de alta productividad en biomasa y oxígeno,  de gran importancia en la lucha contra el cambio climático, porque es un verdadero sumidero de CO2,  y de gran biodiversidad.

Aprobó el nuevo Catálogo por Ley  surgida  de una proposición de los grupos parlamentarios de CC y PP, ya que el Gobierno no se atrevió a presentar un proyecto de Ley, cuya tramitación en sede gubernativa  habría requerido incómodos  informes de los servicios jurídicos y técnicos de la Administración.

No se tramitó como Decreto, como  todos los catálogos estatales y autonómicoshabidos y por haber, porque esa tramitación habría requerido una fase de participación ciudadana, que es un derecho, desde que el Tratado de Aarhus fue incorporado a los ordenamientos europeo y español,  que se quería evitar a toda costa. Y porque una Ley no puede ser recurrida por los ciudadanos y  asociaciones ecologistas  ante los Tribunales y un Decreto sí. Es difícil  imaginar una degradación  mayor del  Parlamento y del propio concepto de Ley como principal instrumento de nuestro autogobierno.

El único cabo suelto, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PSOE (a lo que se comprometió solemnemente el gran Paco Spínola, plenipotenciario de los socialistas canarios) fue amarrado como una de las contrapartidas secretas del apoyo de Coalición Canaria a Zapatero.

El Tribunal  Supremo ha anulado una Orden de la Consejería de Medioambiente, dictada por Domingo Berriel la pasada legislatura,  que tenía la misma finalidad que el nuevo Catálogo: desproteger el sebadal para construir el Puerto de Granadilla. Y, ponderando los intereses económicos y mediambientales en juego en este espacio del Sur de Tenerife, ha dado prioridad a la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.

A partir de esta Sentencia muchas voces se han alzado exigiendo la paralización de las obras del Puerto de Granadilla. Pero esa Sentencia no es suficiente jurídicamente. Precisamente la aprobación por Ley del Catálogo fue pura guerra preventiva contra la posibilidad de esta Sentencia anulatoria. Ahora bien: con esta Sentencia en la mano, hay que solicitar formalmente al Gobierno que paralice las obras. Y, cuando el Gobierno se niegue o dé la callada por respuesta, hay que pedir la intervención de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Entonces, el Gobierno se escudará en la Ley del Catálogo y ese será el momento de promover  la cuestión de inconstitucionalidad. De manera que lo que el PSOE pudo hacer y no hizo, llevar este gigantesco chanchullo ante el Tribunal Constitucional, puedan hacerlo los ciudadanos a través del poder judicial.

La descripción de toda esta maniobra, su finalidad de impedir el ejercicio de derechos de participación y de acceso a la justicia, y el objetivo final desvelado por la Sentencia del Tribunal Supremo: imponer intereses económicos a la preservación de un ecosistema amenazado  de extraordinaria importancia biológica, componen en mi opinión  un arsenal jurídico de gran consistencia.

En  el plano político la exigencia de suspensión ha de ser una constante. Por eso es tan meritoria la iniciativa de G. Llamazares ante el Congreso. Pero los autores e inductores de la agresión saben que sólo el Tribunal Constitucional  puede ponerlos en su sitio. Es verdad que llevará tiempo. Es algo que tenían perfectamente previsto. En realidad es la finalidad esencial de toda esta estratagema. Pero más tiempo se perderá cuanto más tarde en ponerse en marcha el camino hacia la jurisdicción constitucional. 

¿Cómo se explica que el Gobierno defienda la laurisilva y destruya el sebadal? Porque  la laurisilva se ve, la han cantado nuestros poetas y  los canarios la hemos incorporado a nuestros más delicados sentimientos.  Al sebadal  lo recubren someramente  las aguas  de la mar océana y no se ve. Y dice el dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y ese dicho lo conocen todos los demagogos  de hoy y de siempre.

Paulino clama sin el menor rubor en defensa de la laurisilva y contra las prospecciones petrolíferas. José Miguel Pérez, consejero de medioambiente,  se limita a anunciar que prepara un nuevo catálogo con todas las bendiciones científicas. Para cuando lo presente, ya se habrán producido las mortíferas consecuencias del actual catálogo  de desprotección de especies amenazadas y la construcción del  Puerto de Granadilla, piensan, será irreversible.

Lo menos que se despachaba entretanto, para mantener un mínimo respeto a sus compromisos con los votantes socialistas, era haber presentado un proyecto de Ley de artículo único: queda derogado el Catálogo tramposo de 2010 y restablecido el  de 2001. Pero no lo han hecho y ni la Sentencia del Tribunal Supremo les saca los colores.

TELEVISIÓN PÚBLICA: RUBALCABA DENUNCIA, SPÍNOLA CONSIENTE

Contribuir a la formación de una opinión pública informada, garantizando el pluralismo y la veracidad, eran el santo y seña de la reforma del régimen jurídico de  la radio y la televisión de titularidad estatal realizada por el gobierno del PSOE, a través de la Ley 17/2006. Fue un gesto de  coherencia indiscutible. No es fácil que un gobierno renuncie a lo que venía siendo, y vuelve a ser, un gran aparato de propaganda.

La dependencia del Parlamento y no del Gobierno, la elección de su consejo de administración por mayoría reforzada, la supervisión de su actividad por una autoridad audiovisual independiente, la defensa de la independencia de sus profesionales y su participación (Consejo de Informativos)  fueron   ingredientes  para lograr la “neutralidad y objetividad” de los contenidos informativos, para que RTVE cumpliera una tarea de  servicio público indispensable en  una sociedad democrática.

Promover un cambio similar para la radio y televisión canaria  era, fue, un compromiso esencial de los socialistas   ante su degradación y manipulación  por los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria y del  PP, que hoy se “abochorna”  ante la indecencia  de  su politización. Indecencia que no les frena en absoluto a la hora de perpetrar en Canarias el mismo asalto  a RTVE, la española, que están rematando estos días.

He leído el Recurso de Inconstitucionalidad formulado por lo más granado de los diputados socialistas (Chacón, Hernando, Rubalcaba, Narbona, Jauregui, López Garrido, Torres Mora, Madina, Valenciano y, cómo no, el inimitable Pepe Blanco), sobre argumentos elementales desde el punto de vista constitucional y democrático: la revisión del modelo legal por Decreto Ley es un abuso  de los límites constitucionales; y  la invocación  razones abstractas para justificar los cambios  sólo pretende ocultar sus verdaderos objetivos de evitar todo tipo de control parlamentario y volver a situar el ente público en la órbita gubernamental. Objetivos que éstos días  “están ocurriendo, los estamos viendo”, como decía un slogan  de CNN+, tras los últimos nombramientos y destituciones.

El panorama  es patético.  Rubalcaba denunciando y, aquí en Canarias,  un PSC-PSOE consintiendo. Cuando Spínola & Co.  protagonizaron una negociación completamente entreguista con Paulino, obsesionados por sentarse como fuera en el Gobierno. Cuando aceptaron una Consejería de Presidencia desgüesada, sin los Servicios Jurídicos ni Seguridad, o una Consejería de medioambiente sin ordenación del territorio, nunca pensé que la pusilanimidad llegara a tanto.

Cambiar el modelo de la radiotelevisión canaria no tiene nada que ver con la crisis económica, sino con la dignidad democrática, esa que parecen  algunos haber perdido para siempre.

Sin una opinión pública  libre  “no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular”… “reducidas a formas hueras las instituciones representativas”…”y absolutamente falseado el principio de legitimidad (democrática) que enuncia el art. 1.2 de la Constitución”… “vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra”,  dejó establecido el Tribunal Constitucional desde  sus primeras Sentencias (1981) sobre la libertad de información.

En Canarias entre el paisaje reflejado  los medios de comunicación y el pluralismo de la sociedad hay una sima, que hace difícil exagerar  la importancia de que los  medios de titularidad pública funcionen como un auténtico servicio público y velen por la objetividad informativa.

Los que están perpetuando  con su pasividad en el Gobierno el actual statu quo, con un director general que se ha estado riendo del Parlamento desde que lo nombraron,  deben ser plenamente conscientes del daño que hacen. Porque los manejos de Paulino y de los suyos no se limitaron a manipular los medios públicos, sino a amañar el concurso de la TDT que los Tribunales han anulado  --pero ellos como si tal cosa-- y contra el que el grupo parlamentario socialista canario dirigió las más agrias   críticas.

Cada vez que los que se dicen demócratas consienten un ataque a las reglas democráticas, por oportunismo o por conveniencia, sientan un  grave precedente. Un precedente del que luego sacan literalmente petróleo los enemigos de la democracia. O los que estarían más cómodos sin ella.

Decirles  estás cosas a unos aparatchiks  arregostados   de mediocridad es como arar en el mar.

Tal vez no hubo acuerdo en realidad

O si lo  hubo, pero algunos lo firmaron con tantas reservas mentales que fue como si no lo hubiera habido.

Me refiero a los que pensaban que España no existe, que carece en absoluto de sustancia y que lo único real es la existencia de comunidades territoriales que tienen entre sí  muchas más diferencias que parecidos. A partir de ahí han elaborado todo un lenguaje sobre la plurinacionalidad y, con disciplina espartana, han sustituido en el discurso el término España por el de Estado. Como si éste fuera un mero artificio de gobierno (o de dominación)  instalado sobre la nada sociológica o histórica o cultural…

Y también me refiero  a los que  nunca aceptaron que eso que llaman España es  plural  y necesita organizar la convivencia entre las personas y los territorios  que refleje esa manera de ser.

Cuando observo la España autonómica de los últimos tiempos me convenzo de que si hubo acuerdo constitucional, ya no lo hay. Que  los que nunca creyeron en el acuerdo y lo aceptaron por mera conveniencia táctica, o porque no les quedaba otra, se han vuelto a encuevar en su punto de partida. De donde   en realidad nunca habían salido.

 Porque, aunque los hechos importan, no son decisivos, puesto que lo que se discute es la manera de considerarlos (C. Gómez y J. Muguerza, 2007).

Lo singular de los tiempos recientes es que cada quien proclama su ideario sin complejos. Desde los que siempre creyeron que el sistema autonómico era una estación de tránsito hacia la soberanía de “su” nación, que sí es de verdad,  hasta los que al socaire del panorama actual proclaman que el Estado de las autonomías es el de las “anomalías” y que lo que se puede hacer con él, y se debe, es reorganizarlo en profundidad    “o incluso suprimirlo” (Jorge De Esteban, el Mundo 23-7-2012).

No hay ningún argumento, ni histórico, ni sociológico, ni comparativo (los demás Estados-Nación occidentales se formaron ni más ni menos de la misma manera que el Estado español, o sea con una mezcla de maquiavelismo, unidad religiosa impuesta, limpiezas étnicas, guerra, diplomacia dinástica y con una base social en general no más compacta que la de los pueblos ibérico) que pueda convencer a los que de antemano  están adheridos a un relato cerrado a cualquier diálogo.

Ni tampoco a los que no aceptan ni aceptarán otra idea de España que la de la unidad de destino en lo universal.

En estas cosas no hay argumentos inapelables. Lo que hay es una decisión razonable, basada en experiencias históricas propias y ajenas que aconsejaban poner en pie un sistema político y de convivencia que ayudara a establecer la libertad, la unidad de los pueblos de España, el respeto y la solidaridad entre ellos, es decir entre los españoles.

Pero ese sistema, para ser viable y útil para alcanzar los fines que lo inspiran, tiene que desenvolverse con arreglo a sus propios principios y fundamentos.

Por eso las propuestas de reforma han de venir desde los que creemos en la España de las Autonomías, que es España y España plural, pero no un simple puzle de piezas territoriales y nada más.

Las reformas del Estado de las Autonomías exigen un viaje a la semilla, a sus propios orígenes. Y en el principio era la Constitución. Y  dentro de ella el artículo 149, que contiene los resortes imprescindibles para que el Gobierno de España sea  el gobierno de un Estado y no otra cosa. No hay nada más pernicioso que un gobierno que no puede gobernar los asuntos comunes. El desarrollo autonómico no puede ser un asalto interminable a las competencias exclusivas del Estado. Ni el sistema electoral al Congreso debe seguir amplificando eternamente ese asalto, a costa del principio del voto igual.

Los poderes del Gobierno, como la dirección de la política económica, están para defender los intereses comunes a los españoles; pero no para desnaturalizar el sistema,  aprovechando la crisis como estribo para una nueva recentralización.

Volver a la semilla es recordar algunos consejos que  los Expertos (1981) nos brindaron cuando el  desarrollo autonómico estaba bloqueado y la democracia en peligro: que los parlamentos autonómicos no debían tener períodos de sesiones permanentes, ni cobijar a un nuevo estamento de diputados con sueldo; ni las Comunidades Autónomas, por mera inercia,  un aparato administrativo completo. Buenos consejos para tiempos difíciles, como los de ahora.

Luego la democracia se asentó y la economía creció. Parecía que para siempre jamás.

El panorama actual es otro. Toca recoger velas para salvar lo fundamental. Y lo fundamental para muchos es que España existe y merece la pena. Y también un sistema de convivencia entre sus pueblos en libertad. Y un  tipo de gobierno que ayude a corregir desigualdades e injusticias  de antiguo. Porque con demasiadas injusticias sólo puede haber demasiada poca democracia.

El reto no es fácil. Si no lo acometen quienes crean en los valores constitucionales, los cambios de todas formas se harán.

Y los harán, los están haciendo, otros. Con rumbo inquietante.