¿HAN SIDO RESCATADOS LOS AYUNTAMIENTOS?

A finales de febrero, el Gobierno estatal aprobó un Decreto-Ley poniendo en marcha un “mecanismo ágil de pago” a proveedores de las entidades locales y su financiación. Se sumaba a las iniciativas ya adoptadas por el Gobierno Zapatero en 2009 y 2011.

En principio, nada que objetar: facilitar liquidez a las empresas que están teniendo graves dificultades de acceso al crédito, especialmente pymes y autónomos, y contribuir así a reactivar la economía.

Sin embargo, el Gobierno del PP ha introducido una novedad: que no es necesario que las deudas provengan de contratos que reúnan los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. Esto quiere decir que si los acreedores han efectuado la obra, prestado el servicio o entregado el suministro a la entidad local, se les paga --cosa a la que tienen derecho-- con independencia de que quien les contrató haya actuado dentro o al margen de la legalidad.

Ésta es una de las diferencias entre el Decreto-Ley 8/2011 (art. 5.1) y el Decreto-Ley de Rajoy (art. 2.1.c).

El establecimiento de ese mecanismo de pago, dotado inicialmente con 6.000 millones de euros, impone a los Ayuntamientos la obligación de aprobar un Plan de Ajuste que condicionará sus presupuestos, es decir toda la actividad municipal, hasta 2022. En el caso de La Laguna, el Plan de Ajuste va a significar a partir de 2013 el establecimiento generalizado de tasas, precios públicos o modalidades de copago en la prestación de los servicios municipales.

Y, además, efectuar una operación de endeudamiento por el importe de todas las obligaciones con proveedores pendientes de pago que se van a saldar a través de ese “mecanismo ágil de pago”.

En garantía del cumplimiento del pago de intereses y la devolución de esa deuda, el Gobierno estatal podrá efectuar retenciones en las transferencias a los Ayuntamientos por su participación en los tributos del Estado. Es decir, se convierte en prioritario el pago de una deuda que puede proceder, al menos en parte, de obras, servicios o suministros adjudicados por alcaldes y concejales al margen de la legalidad. En qué proporción no se sabe. Al menos, por lo que se refiere a La Laguna, mis intentos de averiguarlo han sido hasta ahora infructuosos.

En las entidades locales se ha generalizado un procedimiento forzado, y que en mi opinión consiste en un fraude de ley, para regularizar buena parte de los contratos ilegales: es el “reconocimiento extrajudicial de crédito” por parte del Pleno de obligaciones que provienen de contratos ilegales, ya que se adjudicaron sin cobertura presupuestaria o incumpliendo las reglas de contratación pública que aseguran la concurrencia de varias ofertas y la obtención de las mejores condiciones calidad-precio para la Administración.

La justificación chusquera de ese reconocimiento es más o menos así: como el proveedor ha cumplido, si no se le paga se le ocasiona un perjuicio económico. Y, al tiempo, la Administración se enriquece injustamente a costa del proveedor. Este argumento valdría si se empleara para regularizar adjudicaciones efectuadas realmente en circunstancias de urgencia o excepcionalidad y para resolver problemas o necesidades importantes. Pero cuando se utiliza casi a diario para pagar contrataciones ilegales en materia de fiestas o de publicidad y propaganda, ustedes dirán.

Todos los acuerdos del Pleno de reconocimiento extrajudicial de crédito llevan una cláusula ritual, exigida por la Intervención, que es la de “sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir quien contrató en nombre del Ayuntamiento” al margen de la legalidad. Pero ahí se queda. Nunca, que yo recuerde, esa parte del acuerdo del Pleno ha tenido el menor recorrido.

Con lo que ahora resulta que el pago de esos contratos ilegales se convierte en una obligación preferente, ya que el préstamo que los Ayuntamientos asumen va a condicionar toda su actividad presupuestaria, los recortes en servicios públicos municipales o el establecimiento de precios, tasas o modalidades de copago que deberán satisfacer los usuarios.

El lenguaje y normas sobre presupuestos y hacienda emplean una jerga que a casi todos los ciudadanos les suena a swajili. Y también a quienes estamos familiarizados con esos asuntos, pero no somos especialistas.

A pesar de ello, el paralelismo entre lo que acabo de comentarles y el rescate (¿o línea de crédito?) a la banca es evidente: compromisos económicos debidos al menos en parte a una gestión irregular o simplemente ilegal se convierten en prioritarios y, por uno u otro vericueto, los acabarán pagando los contribuyentes. Se está exigiendo con toda razón la creación de comisiones parlamentarias de investigación y la determinación de responsabilidades, incluso penales, a los banqueros. Y me pregunto si se exigirá algún tipo de responsabilidades por las reiteradas contrataciones ilegales y el despilfarro de dinero público en los Ayuntamientos.

CONGRESOS A ESTRIBOR

Es todo un símbolo que el día del congreso de Coalición Canaria    --y en vísperas del de el PSC-PSOE, su socio--   la Asociación española  de Directores y Gerentes de servicios Sociales vuelva a dar un requetesuspenso a Canarias en la aplicación de la Ley de Dependencia, cuyas aportaciones financieras estatales servían al Gobierno de Paulino  “para hacer caja”, como tantas veces sostuvo una aguerrida  Paquita Luengo. Digo servían,  ya que el PSC-PSOE  no ha vuelto a hablar de esto. Ni, según la nota (2.1), a mejorar el trato a los dependientes.

Paulino reclama más apoyo  de los canarios a CC para “echarle pulsos al Estado”. A Canarias le puede venir bien que existan opciones de ámbito estrictamente canario. El Estado Autonómico, como cualquier sistema democrático descentralizado, funciona empujado por la competencia de intereses y territorios  a la  que debe  servir de cauce.  Sin embargo, cuando la única forma de expresarse los intereses canarios es a través del discurso nacionalista,  la utilización del conflicto con el Estado como coartada está servida. Como coartada para no hacer balance del ejercicio del poder que CC ha monopolizado durante tanto tiempo. Ni de las oportunidades desaprovechadas, tal vez para siempre, a lo largo de los años de vacas gordas.

La dirigencia del PSC-PSOE tiene amarrado ya SU congreso. No se prevé el menor sobresalto. Que coincida el peor resultado  de treinta  años de elecciones al Parlamento Canario con ese sismógrafo tan plano es un síntoma inequívoco. De que algo no funciona.

He dicho, y lo mantengo, que puestos a hacer recortes  en los servicios y programas sociales prefiero que los hagan los socialistas. Porque los harán a regañadientes, por convicción y por instinto político de supervivencia.

Creo, además, que es mejor que Canarias no esté en manos de un gobierno del PP en estos momentos. Simplemente porque la concentración de poderes ahoga la sociedad libre. Y porque una de las grandes razones de ser del federalismo es precisamente esa: “… el poder que se desprende del pueblo se divide entre dos gobiernos distintos (el Federal y el de los Estados miembros), y luego la porción que le corresponde a cada uno se subdivide en departamentos diferentes y separados (legislativo, ejecutivo y judicial). De aquí surge una doble seguridad para los derechos del pueblo…”. Así lo argumentaba James Madison al defender la Constitución Norteamericana de 1787.

El PSC-PSOE no puede hacer otra cosa que gestionar  los estragos de la crisis y de una herencia ajena de veinte años de hegemonía de CC y de su forma de ejercer el poder.

No  es perceptible, ni en el discurso del Gobierno canario ni en las decisiones que toma, la huella de un discurso o de unas prioridades  inspiradas por la dirigencia socialista. Más bien lo contrario: cada vez es más frecuente la utilización por los Spínola y Cía. de las muletillas de Coalición Canaria: la exportación de errores y responsabilidades. Y  su disposición llamar ahora ajustes a lo que en la pasada legislatura  los socialistas canarios llamábamos recortes, recortes que CC y PP hacían  en los servicios públicos fundamentales mientras se mantenían gastos completamente superfluos. Esta burocracia atolondrada no quiere caer en la cuenta de que quien impone el lenguaje, impone su hegemonía y la de los intereses que representa. En este caso, CC no impone: sencillamente mantiene una supremacía gastada. Ahora, con el bastón de un PSC-PSOE a la deriva.

En Canarias  hay exigencias de fortalecimiento y calidad democráticos  que  son irrenunciables. Sin coste económico. Debieron ser la señal de que este Gobierno participado por el PSC-PSOE no era uno más de la serie interminable. Pero la inanidad de algunos lo ha impedido. Me refiero a la reforma electoral, a la del régimen de la RTVC, a la del Catálogo de Especies “desprotegidas”, a la evaluación en serio de la Ley de Dependencia, al cuestionamiento  de verdad  de la colonización del Presupuesto por la caterva de los 109  altos cargos de conciencia (y su cohorte de asesores  de la nada)…

Es indudable que la adopción de medidas claras en esa dirección habría contribuido a mejorar la confianza de los canarios en sus Instituciones. En tiempos de crisis, el restablecimiento de la confianza en los gobernantes es uno de los ingredientes esenciales de la solución. Sólo esa confianza hace posible proponer a los ciudadanos una tarea colectiva esperanzadora, aunque entrañe sacrificios.

Sólo la confianza en que el reparto de sacrificios será justo y que al final del túnel habrá una Canarias mejor para todos movilizará  todas las energías disponibles. Que son muchas en el aquí y ahora de las Islas.

La dirigencia socialista se ha inhibido de todo eso,  a cambio de colmar sus pulsiones freudianas de poder. Por eso evitan como sea la pregunta clave: que no es la de con quién gobiernas, porque en democracia parlamentaria el pacto es lo habitual. Sino la de en qué condiciones y para qué. Porque no tienen arrestos para la única respuesta franca: en las condiciones que sea y para estar en el gobierno. Jerónimo será siempre más descarado que sus epígonos. Y lo dijo claro: no importan los resultados electorales, sino estar en el Gobierno.

Por eso, y porque los resultados electorales fueron pésimos,  en el Congreso del PSC-PSOE no hay demasiadas cosas que celebrar. Les da vértigo simplemente pensar en abrir una  nueva etapa en la que tuvieran que coexistir los que están en el Gobierno con una  nueva dirección y  nuevos retos con aliento de futuro. Que es exactamente lo que han intentado, aunque con poco éxito por lo que se va viendo, los que más instinto de poder tienen en CC.

El PSC-PSOE va a dar continuidad a la  estrategia impuesta por una burocracia tan ambiciosa de “tocar poder” como anodina. Ser partido-bisagra-disponible-para-pactos. Eso es malo para Canarias y puede acabar siendo letal para el PSC-PSOE. Pero con el reparto de cargos la dirigencia  lo  tiene todo controlado. Esa era su estrategia. No conocen otra. Al menos, tengan el decoro de reconocerlo.

QUEJARSE A BRUSELAS

Qué pronto se vuelven las tornas. Ahora son el Gobierno de Canarias, y un montón de dirigentes del PSC-PSOE que han permanecido impasibles –en el mejor de los casos-- ante proyectos sumamente agresivos contra los recursos naturales del Archipiélago, los que se vuelven a Bruselas invocando las normas medioambientales europeas. Me estoy refiriendo a las autorizaciones para las prospecciones petrolíferas del ministro Repsoria.

Están tan acostumbrados, por estos andurriales ultraperiféricos, a empezar a contar cada historia por donde les conviene, a imponernos a todos la desmemoria a discreción, que se han llegado a creer que en Europa se pierden los expedientes, o se aplican las normas al estilo compadre…pero resulta que no es así.

Para allanar el terreno a la construcción del Puerto de Granadilla removieron todos los obstáculos habidos y por haber. Condicionaron el apoyo parlamentario de CC a Zapatero, primero a que el Gobierno español defendiera el Puerto ante Bruselas y luego a que no presentara el Recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo “Catálogo”. Luego trataron de descatalogar los sebadales justo en la latitud y longitud marcada por el proyecto del Puerto --como si los habitats se pudieran despachar por piezas--.

Y, para dar el jaque mate a las garantías medioambientales y a los derechos de información, participación y acceso a la justicia de los ciudadanos, incorporados a las leyes europeas y españolas desde el Tratado de Aarhus, aprobaron por Ley el Catálogo Canario de Especies Amenazadas burlando todos esos derechos.

No se cortaron un pelo ni para presentar en el Parlamento de Canarias el nuevo Catálogo a través de una Proposición de Ley (de los grupos parlamentarios de CC y PP) y ahorrarse los informes jurídicos y técnicos que son preceptivos en caso de un Proyecto de Ley del Gobierno. No sea que se descubriera el múltiple fraude de ley.

Para que quede claro: la regulación del Catálogo de Especies por Ley, y no por Decreto, es completamente inusual. Lo hicieron así porque en el procedimiento legislativo no hay trámite de información pública (aunque yo creo que después del Tratado de Aarhus debiera establecerse, cuando la Ley que se pretende aprobar se refiera a materia medioambiental). Y porque una norma con rango de Ley no puede ser recurrida sino ante el Tribunal Constitucional, pero no están legitimados para hacerlo los ciudadanos ni las asociaciones defensoras del medioambiente.

LOS EUROPEOS SON RUBIOS, PERO NO TONTOS. Y ahora mismito se acordarán, y si no les refrescará la memoria el ministro-lotería que tenemos los canarios, de que el Gobierno de España y el de Canarias utilizaron para acallar las quejas de los ecologistas y de tantos canarios de buena voluntad el argumento de que la construcción del Puerto de Granadilla obedecía a “imperativos de interés público de primer orden”, invocando la excepción prevista en la Directiva Habitats (art. 6,4º) para ejecutar un proyecto de infraestructura que afecte a un “hábitat natural que albergue especies de carácter prioritario”.

Como ustedes podrán comprender, si construir un Puerto, haciendo un estropicio medioambiental de aquí te espero, en una isla que tiene otro Puerto importante puede justificarse en pretendidas razones de interés público de primer orden, simplemente elaborando un programa de medidas compensatorias, imagínense quién se va a negar en Bruselas a que el Gobierno de España invoque idénticas razones de interés público nada menos que para autorizar la investigación de recursos petrolíferos en un país que tiene una balanza energética muy deficitaria.

Esto es lo que suele pasar cuando las Instituciones caen en manos de aventureros.

Y a todas éstas, todavía estoy esperando a que mi líder natural --me refiero obviamente a Paco Spínola-- dé la cara y explique por qué todavía no ha cumplido la promesa de presentar, desde que se constituyera el Parlamento tras las elecciones, una iniciativa legislativa para modificar el Catálogo de marras.

Cambiar las reglas del juego

… a mitad del partido. Esto es lo que reprocha  (con toda la razón del mundo)  la dirección del PSOE al  Gobierno y al PP, a propósito de la elección del presidente del ente público RTVE. Por eso han decidido, al menos de momento, no participar en la “farsa” con argumentos lapidarios como  “lo que no puede explicarse, no debe hacerse”.

Pues eso, cambiar las reglas del juego durante el partido, es exactamente lo que han llevado a cabo en Canarias  CC y la dirigencia del PSC-PSOE para la elección de los miembros de los órganos dependientes del Parlamento. Con un agravante, si cabe: que lo han hecho para dejar en el dique seco al Partido que ganó las elecciones  al Parlamento de Canarias, el PP.

La democracia no puede convertirse en un juego infantil  en el que los cabecillas cambian las reglas y los  argumentos cada vez que les conviene. Ni los protagonistas de la vida institucional pueden continuar tratando a los ciudadanos como  a seres carentes de inteligencia.

El  PSOE puede reivindicar como un logro importante  haber dotado a la radio y la televisión estatales de un estatuto  favorable a su independencia del Gobierno de turno, venciendo la tentación de seguirla utilizando como arma propagandística. Es una tentación golosa que llegó a su cénit en la etapa aznar-urdaciana y a la que ceden casi todos los gobiernos autonómicos. Cualquiera que sea su pelaje político.

Estaba cantado que el PP daría un golpe de mano a RTVE. No pueden con su condición. Y lo han hecho.

Aquí, por estas islas, el PSC-PSOE está en manos de una pandilla de burócratas que no tienen otro rumbo que el que les marca su mediocre tacticismo, salir del paso día a día, renunciando cínicamente a sus compromisos electorales más importantes y dificultando, por contraste, la credibilidad de cualquier discurso de renovación y  de alternativa de fondo y de formas al PP, que resulta inaplazable para el propio PSOE y para la sociedad española.

La verdad es que, si no fuera porque ni los votantes ni la inmensa mayoría de los militantes socialistas se  merecen este espectáculo, no valdría  la pena hablar de estas cosas.

Cambiar el vergonzoso panorama de la radio-televisión autonómica, estableciendo un régimen legal “como el  que Zapatero dio a la televisión estatal” era un compromiso políticamente relevante de los socialistas canarios. Como cambiar el sistema electoral al Parlamento,  derogar el Catálogo de Especies “desprotegidas” y tantos otros. De todo eso no quedó sino polvo de bengala al día siguiente de las elecciones.

Sin embargo, sí que se prestaron a lo que ni siquiera se atrevieron el tándem Soria-Paulino de sus mejores momentos: cambiar las reglas del juego durante el partido para poder dejar fuera del Consejo Consultivo o de la audiencia de Cuentas, llegado el caso,   al ganador de las elecciones.

Cuando les dices que estas maniobras degradan la democracia y que siempre acaban volviéndose, pero corregidas y aumentadas, contra los valores progresistas y contra quienes los defienden  parece que les estás hablando en chino. Sólo conocen la luz de posición. Y mantener su cuota en los 109  altos cargos…de conciencia. Y en la ristra de asesores y personal de confianza.