Esto es lo que pide a los ciudadanos un Pepe Blanco, cada vez más al ritmo de escola de samba ¡…! en sus comparecencias informativas, ante la aprobación por el Partido Popular de candidaturas cargadas de imputados.
Ramón Jáuregui la ha secundado de inmediato “el PP comete una falta de respeto muy grave hacia los ciudadanos, al permitir que formen parte de sus listas electorales persones que están gravemente imputadas… por graves delitos de corrupción”.
¡Cómo se nota que Canarias, esta España Tropical, está muy lejos! Tan lejos que se puede aplicar aquí un código ético-político del que están ausentes valores que se afirman en la lejana España peninsular.
Quiero subrayar que el derecho a la presunción de inocencia y todos los demás derechos ligados al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva son sagrados. También en Canarias. Que son derechos que asisten a todas las personas. Que no existe ninguna Ley que prohíba a un ciudadano imputado judicialmente por delitos relacionados con la corrupción presentarse a las elecciones. Que no todas las imputaciones judiciales de un cargo público lo son por hechos delictivos relacionados con la corrupción.
Que, tratándose de hechos delictivos, siempre presuntos, asociados a la corrupción: tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricaciones continuadas en la adjudicación de contratos públicos, prevaricaciones urbanísticas, es decir todas las conductas de los cargos y autoridades públicas que expresan confusión entre intereses públicos y privados, o una ruptura de la lealtad que los representantes deben a los ciudadanos… no vale la excusa, porque es sólo una excusa, de que el cargo público imputado no se ha enriquecido personalmente.
Ahora bien: un partido político de ideario democrático y progresista, un partido que reivindique una forma de hacer política basada en la transparencia, el respeto a la legalidad, a los derechos de los ciudadanos y a los intereses públicos, no puede permitir --porque es una “falta de respeto muy grave”-- que figuren en sus candidaturas personas imputadas judicialmente por ese tipo de delitos.
Ésta, les aseguro, es una de las claves que permiten explicar los episodios vividos en el socialismo canario en los últimos años. La complicidad de ciertos dirigentes en el cerco a JFLA, su alineamiento en el Congreso post-JFLA, en las primarias y en la destitución de las Ejecutivas de Tenerife y de Santa Cruz. Y sobre todo, como premio a su actitud, su presencia en las listas. Ha sido la factura que ha pagado José Miguel Pérez y su corte de los milagros por la “lealtad inquebrantable” de todos los imputados del PSOE por estas ínsulas.
Los partidos conservadores, gran parte de sus dirigentes y de su electorado ven el deseo de enriquecimiento como algo consustancial al ser humano. Algo dictado por la Naturaleza y, por lo tanto, no criticable moralmente. Tampoco, por cierto, cuando a ese instinto le da rienda suelta un gobernante. Total, si le dedica su tiempo a la cosa pública, por qué va a salir peor parado que si se dedicara a sus negocios particulares.
Y no fue fácil que se abriera camino, en la historia de las ideas políticas y en el de la cultura jurídica, la separación entre la hacienda pública y la hacienda del príncipe, entre el aerarium publicum y el aerarium principis.
Pero es, aunque no les guste a algunos, un avance civilizatorio y uno de los principios en que se asienta la sociedad democrática.
La izquierda no se puede permitir algunos renuncios, ni incurrir en contradicciones tan flagrantes entre lo que se predica y lo que se practica. Pero no sólo por una cuestión de coherencia o, meramente, de principios, aunque esta fundamentación bastaría de sobra para hacer irrenunciable la exigencia. Sino por una cuestión meramente práctica.
Resulta completamente desmoralizador para los ciudadanos de convicciones progresistas. Diría más: para los ciudadanos de buena voluntad, contemplar que todos los imputados del PSOE en la Isla de Tenerife son candidatos. ¡No va más!
Y todo este espectáculo lo ha apadrinado, porque le conviene, Pepe Blanco. Sí. El mismo que quiere que los ciudadanos “tomen nota” de la ristra de imputados del PP que son candidatos a las elecciones del 22M.
¡Claro! ¡Canarias está muy lejos! Como ocurría desde los tiempos de fray Antón Montesinos y del padre Bartolomé De Las Casas, una cosa son los principios que se proclaman en la Corte y otros los que se aplican en las Islas y Tierra Firme, más allá del mar. Aquí todo es negociable. Toda contrapartida, factible.
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