Créanme. No tengo memoria de una tomadura de pelo y un engaño a los derechos de participación ciudadana tan descarado como el diseñado por Paulino Rivero y compañía para tramitar y aprobar la Descatalogación de Especies Amenazadas.
Cuando le explicas a la gente cómo lo han hecho, por qué a través de Ley del Parlamento de Canarias, en lugar de aprobar el Catálogo Canario por medio de un Decreto, como se hizo en 2001 (Decreto 151/01) , o como el Catálogo Estatal. O cuando les aclaras por qué, si se trataba de aprobar una Ley, el Gobierno no presentó un Proyecto de Ley, sino que usó al grupo parlamentario de Coalición Canaria dándole instrucciones para que formulara una Proposición de Ley… todo el mundo se queda flipando.
Y eso que bautizaron esta legislatura como “la de los ciudadanos”. Y hasta aprobaron una rimbombante Ley de fomento de la participación ciudadana.
El gobierno quería, a toda costa, evitar cualquier conato de intromisión de colectivos o asociaciones ecologistas en este asunto. Y, sobre todo, apartar a la comunidad universitaria de una regulación, la de Especies Amenazadas, en la que los científicos canarios tienen infinito que decir. De modo que, si se enteraban de lo que el Gobierno tenía entre manos y formulaban alguna crítica de base científica, tuvieran que hacerlo a extramuros del procedimiento elegido para tramitar el Catálogo. Y, por tanto, sin trascendencia jurídica alguna. Por eso eligieron la vía legislativa.
La tramitación de una Ley, a menos que sea el fruto de una iniciativa legislativa popular --y en este caso sólo hasta el debate de toma en consideración que es, en realidad, el principio del procedimiento legislativo--, la monopolizan el gobierno y los Grupos Parlamentarios. De forma que no existe un trámite de información pública en el que ciudadanos y asociaciones puedan presentar alegaciones. Primera agachadilla.
Segunda. Cualquier norma de origen gubernamental o administrativo: Decretos, Órdenes Departamentales, así como Reglamentos y Ordenanzas de cualquier tipo, son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que controla el pleno sometimiento a la Ley, expresión de la voluntad popular, del poder Ejecutivo y de la Administración Pública. Ésta es la regla de oro del Estado de Derecho.
Sin embargo, los ciudadanos y sus asociaciones no pueden recurrir una norma con rango de Ley, cuyo control, que sólo puede ser un control de constitucionalidad, está reservado al Tribunal Constitucional y no puede ser planteado sino por un número muy selecto de demandantes: el presidente del Gobierno estatal, 50 diputados o Senadores, los gobiernos o los parlamentos autonómicos, el Defensor del Pueblo y para de contar. Se trataba, en realidad, de evitar la impugnación del Catálogo de Especies desprotegidas que, a efectos prácticos, quedaba prácticamente en manos del Gobierno de España. Pero de eso hablaremos después.
En el colmo del virtuosismo oscurantista, Paulino y sus asesores dieron una vuelta más de tornillo: en lugar de presentar un Proyecto de Ley del Catálogo, para cuya elaboración desde la fase de Anteproyecto el Gobierno habría tenido que obtener Informes Jurídicos de los servicios de la Comunidad Autónoma --sobre su adecuación a la normativa estatal y europea sobre protección de la diversidad, que tiene carácter básico y debe ser respetada por las leyes de las Comunidades Autónomas-- así como Informes técnicos y científicos , emitidos por funcionarios especializados de la Administración Autonómica, prefirieron utilizar la presentación de una Proposición de Ley del Grupo parlamentario de Coalición Canaria. Simplemente porque con una Memoria y un Texto Articulado, basta. Todo sería más fácil y más discreto. Nada de Informes que pudieran resultar incómodos y a los que se pudiera agarrar la gentuza ecologista.
Es un ejemplo de libro de un gran fraude de Ley. Es decir, de utilizar a gran escala procedimientos que la Ley permite para conseguir fines que la Ley prohíbe. Entre otros, burlar derechos de participación ciudadana en la elaboración y control de las normas referidas a la protección de la Naturaleza.
Ya sólo quedaba evitar el escollo del Gobierno de España. Con un Informe en sus manos de la Dirección del Medio Natural y de Política Forestal que ponía en solfa la constitucionalidad del Descatálogo Canario, el Ejecutivo estatal renunció a interponer a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional como prueba de amor imperecedero en el clima de idilio que ahora vive con Coalición Canaria. Con la certeza de que los dirigentes del PSC se iban a comportar muy modositos.
De modo los eslóganes que tanto he oído recitar a los altos cargos del Gobierno de Canarias ( y a algún que otro dispuesto a pactar con estos guerreros del Arco Iris): ¡Canarias, punto caliente de biodiversidad! ¡Proteger nuestro Tesoro : la biodiversidad¡…!la Macaronesia, bla, bla, bla…¡, no son más que cáscaras de lapas.
¡Ni que chiquita Fauna! ¡Ay mi cabeza!
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