DESCATALOGANDO TESOROS

Créanme. No tengo memoria de una tomadura de pelo y un engaño a los derechos de participación ciudadana tan descarado como el diseñado por Paulino Rivero y compañía para tramitar y aprobar la Descatalogación de Especies Amenazadas.

Cuando le explicas a la gente cómo lo han hecho, por qué a través de Ley del Parlamento de Canarias, en lugar de aprobar el Catálogo Canario por medio de un Decreto, como se hizo en 2001 (Decreto 151/01) , o como el Catálogo Estatal. O cuando les aclaras por qué, si se trataba de aprobar una Ley, el Gobierno no presentó un Proyecto de Ley, sino que usó al grupo parlamentario de Coalición Canaria dándole instrucciones para que formulara una Proposición de Ley… todo el mundo se queda flipando.

Y eso que bautizaron esta legislatura como “la de los ciudadanos”. Y hasta aprobaron una rimbombante Ley de fomento de la participación ciudadana.

El gobierno quería, a toda costa, evitar cualquier conato de intromisión de colectivos o asociaciones ecologistas en este asunto. Y, sobre todo, apartar a la comunidad universitaria de una regulación, la de Especies Amenazadas, en la que los científicos canarios tienen infinito que decir. De modo que, si se enteraban de lo que el Gobierno tenía entre manos y formulaban alguna crítica de base científica, tuvieran que hacerlo a extramuros del procedimiento elegido para tramitar el Catálogo. Y, por tanto, sin trascendencia jurídica alguna. Por eso eligieron la vía legislativa.

La tramitación de una Ley, a menos que sea el fruto de una iniciativa legislativa popular --y en este caso sólo hasta el debate de toma en consideración que es, en realidad, el principio del procedimiento legislativo--, la monopolizan el gobierno y los Grupos Parlamentarios. De forma que no existe un trámite de información pública en el que ciudadanos y asociaciones puedan presentar alegaciones. Primera agachadilla.

Segunda. Cualquier norma de origen gubernamental o administrativo: Decretos, Órdenes Departamentales, así como Reglamentos y Ordenanzas de cualquier tipo, son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que controla el pleno sometimiento a la Ley, expresión de la voluntad popular, del poder Ejecutivo y de la Administración Pública. Ésta es la regla de oro del Estado de Derecho.

Sin embargo, los ciudadanos y sus asociaciones no pueden recurrir una norma con rango de Ley, cuyo control, que sólo puede ser un control de constitucionalidad, está reservado al Tribunal Constitucional y no puede ser planteado sino por un número muy selecto de demandantes: el presidente del Gobierno estatal, 50 diputados o Senadores, los gobiernos o los parlamentos autonómicos, el Defensor del Pueblo y para de contar. Se trataba, en realidad, de evitar la impugnación del Catálogo de Especies desprotegidas que, a efectos prácticos, quedaba prácticamente en manos del Gobierno de España. Pero de eso hablaremos después.

En el colmo del virtuosismo oscurantista, Paulino y sus asesores dieron una vuelta más de tornillo: en lugar de presentar un Proyecto de Ley del Catálogo, para cuya elaboración desde la fase de Anteproyecto el Gobierno habría tenido que obtener Informes Jurídicos de los servicios de la Comunidad Autónoma --sobre su adecuación a la normativa estatal y europea sobre protección de la diversidad, que tiene carácter básico y debe ser respetada por las leyes de las Comunidades Autónomas-- así como Informes técnicos y científicos , emitidos por funcionarios especializados de la Administración Autonómica, prefirieron utilizar la presentación de una Proposición de Ley del Grupo parlamentario de Coalición Canaria. Simplemente porque con una Memoria y un Texto Articulado, basta. Todo sería más fácil y más discreto. Nada de Informes que pudieran resultar incómodos y a los que se pudiera agarrar la gentuza ecologista.

Es un ejemplo de libro de un gran fraude de Ley. Es decir, de utilizar a gran escala procedimientos que la Ley permite para conseguir fines que la Ley prohíbe. Entre otros, burlar derechos de participación ciudadana en la elaboración y control de las normas referidas a la protección de la Naturaleza.

Ya sólo quedaba evitar el escollo del Gobierno de España. Con un Informe en sus manos de la Dirección del Medio Natural y de Política Forestal que ponía en solfa la constitucionalidad del Descatálogo Canario, el Ejecutivo estatal renunció a interponer a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional como prueba de amor imperecedero en el clima de idilio que ahora vive con Coalición Canaria. Con la certeza de que los dirigentes del PSC se iban a comportar muy modositos.

De modo los eslóganes que tanto he oído recitar a los altos cargos del Gobierno de Canarias ( y a algún que otro dispuesto a pactar con estos guerreros del Arco Iris): ¡Canarias, punto caliente de biodiversidad! ¡Proteger nuestro Tesoro : la biodiversidad¡…!la Macaronesia, bla, bla, bla…¡, no son más que cáscaras de lapas.

¡Ni que chiquita Fauna! ¡Ay mi cabeza!

INAPLAZABLE

Era 2007. Los canarios dieron precisas instrucciones de cambio. No cabía ninguna interpretación moral ni intelectualmente decente, ni “canariamente” honrada, del resultado electoral. No puede haber otra lectura, en un país democrático, cuando la tercera fuerza política se convierte súbitamente en la primera. En la primera con difer”i”encia.

Antes incluso de que la voz de cambio se diera por los canarios, ya estaban manos a la obra en contra del cambio los de siempre. Los que se han repartido el poder con todas las variaciones posibles sobre el mismo tema. Porque veían venir el veredicto de las urnas. Se trataba de abortar las esperanzas de los canarios. De los canarios, de ese pueblo con cuya invocación se llenan la boca.

La hoja de ruta estaba clara para los sicarios de la resignación. Primero, había que impedir a todo trance que quien representaba el anhelo de cambio presidiera el Gobierno. Luego, había que destruirlo. Políticamente, se entiende. No podía ser, de ninguna manera, que quien representaba la ilusión de un pueblo siguiera andando tan campante por estas Islas.

La finalidad, también. Había que darle una lección a un pueblo visiblemente inmaduro para gobernarse a sí mismo. Si a pesar de la normativa electoral, que hace de guardiana del sistema de poder establecido, los canarios exigían cambio más les valía que perdieran toda esperanza. Aquí, en estas Islas, siempre las cosas fueron y serán así. Las Instituciones, una mera agencia de los que mandan en la sociedad y en la economía. Y de los que mandan sobre los que mandan. Qué es eso del interés público, ni qué niño muerto.

Y de paso, desmoralizar. Eso del cambio es una fantasía. Mejor, la próxima vez no pierdan el tiempo yendo a votar. Total, no sirve para nada.

Pero desmoralizar no sólo a los canarios, sino también a una dirigencia socialista a la que el despertar de los canarios había sacado de su modorra. Y se sumaron, sin creérselo del todo, a los himnos y a las consignas. Se les notaba la voz impostada, el tono chillón. Eran la pieza más fácil de doblegar. El Régimen los conoce de viejo.

Paulino y Soria y todo lo que ello representan bajo el cielo de esta tierra, hicieron su trabajo. A los pocos meses ya había conspiraciones en el Partido Socialista Canario. No eran conspiraciones internas como cuchicheaban los avisperos periodísticos. Eran simplemente conspiraciones contra lo que los canarios decidieron porque lo necesitaban: el cambio. Faltaba un faro y guía que dieran las instrucciones, que fijara el orden del día de la resignación. Y en seguida apareció el elegido. “Lo importante no es el resultado electoral, sino estar en el Gobierno”.

La siguiente presa era Juan Fernando. Le había tocado liderar una honrosa misión: devolver el derecho a la autonomía, a autogobernarse, a su señor natural, el pueblo canario. Se lo acabó creyendo, lo certifico. Pude presenciarlo en vivo y en directo, aunque no en primera fila. En primera fila estaban los que habían estado siempre y hoy siguen estando. En primera fila, pero observando y conspirando. Y si falta alguno, siguen ahí sus actitudes. Vivitas y coleando. Aunque llamar vivito a algo mortecino, porque la resignación es negar las posibilidades de la vida, la fuerza de las ilusiones, sea una contradicción en sus términos. A J.F. lo cercaron. Pero fue él quien se marchó. Ahí queda para la crónica de nuestras cosas.

Luego vino todo lo demás. Pero eso no hay que contarlo. Está pasando, lo estamos viendo (CNN+).

Faltaba, para completar la faena, lo más difícil. Ahogar el ímpetu de cambio de los canarios. Y, si fuera posible, para siempre jamás.

Pero no lo han conseguido. Los canarios quieren el cambio porque lo necesitan. Y si en 2007 era necesario, ahora es inaplazable.

Si Canarias, es decir los canarios, lo necesitan y decidieron en las urnas ponerlo en marcha, es una orden. Una orden que está más vigente que nunca, a pesar de las interferencias de señales y ondas intervenidas. Lo bueno de una sociedad libre es que el poder y los poderosos no lo pueden controlar todo durante todo el tiempo. Y en los resquicios florece la libertad y la dignidad de un pueblo.

Por eso debemos empezar sin demora. ¿Por dónde? Por la pieza que debiera ser útil a los canarios, representándoles, y lleva demasiado tiempo en harina de otro costal: el Parlamento, órgano representativo del pueblo canario. Estas son las proclamas: ¡Abajo las barreras electorales! Y ¡Abajo el fuero!

Abajo las barreras, porque son guardianas de un régimen, de un sistema de poder que no representa ni las necesidades ni las ilusiones de todo un pueblo. Con estas barreras no controlan toda la composición del Parlamento. No es un artilugio tan tosco como lo fue el sufragio censitario con el que la burguesía secuestro la soberanía nacional en muchos países, durante más de un siglo. Es más sutil, pero más eficaz. Porque con las barreras prefabrican la mayoría parlamentaria, que ya no sólo aprueba las Leyes, sino decide el Gobierno. Esto es un sistema parlamentario. Manejando la mayoría parlamentaria controlas todo el poder.

Abajo el Fuero, porque es una anticualla sin ningún sentido. Ya sólo es útil para quienes quieren sustraerse al principio de igualdad ante la Ley, no dar cuenta de sus andanzas ante el Juez ordinario predeterminado por la Ley, usar el Parlamento para intentar la impunidad de fechorías cometidas en otros cargos públicos. Si las barreras nos emparentan con los sistemas políticos propios del liberalismo oligárquico, el Fuero de los diputados nos devuelve a tiempos más pretéritos, a sistemas sociales estamentales e inicuos. La obscenidad con la que algunos pervierten las prerrogativas trasnochadas de la Cámara, lo pone al descubierto.

Así que ¡a la tarea!

“QUE TOMEN NOTA DE LOS IMPUTADOS”

Esto es lo que pide a los ciudadanos un Pepe Blanco, cada vez más al ritmo de escola de samba ¡…! en sus comparecencias informativas, ante la aprobación por el Partido Popular de candidaturas cargadas de imputados.

Ramón Jáuregui la ha secundado de inmediato “el PP comete una falta de respeto muy grave hacia los ciudadanos, al permitir que formen parte de sus listas electorales persones que están gravemente imputadas… por graves delitos de corrupción”.

¡Cómo se nota que Canarias, esta España Tropical, está muy lejos! Tan lejos que se puede aplicar aquí un código ético-político del que están ausentes valores que se afirman en la lejana España peninsular.

Quiero subrayar que el derecho a la presunción de inocencia y todos los demás derechos ligados al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva son sagrados. También en Canarias. Que son derechos que asisten a todas las personas. Que no existe ninguna Ley que prohíba a un ciudadano imputado judicialmente por delitos relacionados con la corrupción presentarse a las elecciones. Que no todas las imputaciones judiciales de un cargo público lo son por hechos delictivos relacionados con la corrupción.

Que, tratándose de hechos delictivos, siempre presuntos, asociados a la corrupción: tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricaciones continuadas en la adjudicación de contratos públicos, prevaricaciones urbanísticas, es decir todas las conductas de los cargos y autoridades públicas que expresan confusión entre intereses públicos y privados, o una ruptura de la lealtad que los representantes deben a los ciudadanos… no vale la excusa, porque es sólo una excusa, de que el cargo público imputado no se ha enriquecido personalmente.

Ahora bien: un partido político de ideario democrático y progresista, un partido que reivindique una forma de hacer política basada en la transparencia, el respeto a la legalidad, a los derechos de los ciudadanos y a los intereses públicos, no puede permitir --porque es una “falta de respeto muy grave”-- que figuren en sus candidaturas personas imputadas judicialmente por ese tipo de delitos.

Ésta, les aseguro, es una de las claves que permiten explicar los episodios vividos en el socialismo canario en los últimos años. La complicidad de ciertos dirigentes en el cerco a JFLA, su alineamiento en el Congreso post-JFLA, en las primarias y en la destitución de las Ejecutivas de Tenerife y de Santa Cruz. Y sobre todo, como premio a su actitud, su presencia en las listas. Ha sido la factura que ha pagado José Miguel Pérez y su corte de los milagros por la “lealtad inquebrantable” de todos los imputados del PSOE por estas ínsulas.

Los partidos conservadores, gran parte de sus dirigentes y de su electorado ven el deseo de enriquecimiento como algo consustancial al ser humano. Algo dictado por la Naturaleza y, por lo tanto, no criticable moralmente. Tampoco, por cierto, cuando a ese instinto le da rienda suelta un gobernante. Total, si le dedica su tiempo a la cosa pública, por qué va a salir peor parado que si se dedicara a sus negocios particulares.

Y no fue fácil que se abriera camino, en la historia de las ideas políticas y en el de la cultura jurídica, la separación entre la hacienda pública y la hacienda del príncipe, entre el aerarium publicum y el aerarium principis.

Pero es, aunque no les guste a algunos, un avance civilizatorio y uno de los principios en que se asienta la sociedad democrática.

La izquierda no se puede permitir algunos renuncios, ni incurrir en contradicciones tan flagrantes entre lo que se predica y lo que se practica. Pero no sólo por una cuestión de coherencia o, meramente, de principios, aunque esta fundamentación bastaría de sobra para hacer irrenunciable la exigencia. Sino por una cuestión meramente práctica.

Resulta completamente desmoralizador para los ciudadanos de convicciones progresistas. Diría más: para los ciudadanos de buena voluntad, contemplar que todos los imputados del PSOE en la Isla de Tenerife son candidatos. ¡No va más!

Y todo este espectáculo lo ha apadrinado, porque le conviene, Pepe Blanco. Sí. El mismo que quiere que los ciudadanos “tomen nota” de la ristra de imputados del PP que son candidatos a las elecciones del 22M.

¡Claro! ¡Canarias está muy lejos! Como ocurría desde los tiempos de fray Antón Montesinos y del padre Bartolomé De Las Casas, una cosa son los principios que se proclaman en la Corte y otros los que se aplican en las Islas y Tierra Firme, más allá del mar. Aquí todo es negociable. Toda contrapartida, factible.

PETICIÓN AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias

Don Santiago Pérez García, mayor de edad, vecino de La Laguna, domiciliado en calle (----------), titular del DNI nº (----------), y cuyas restantes señas de identificación constan en la Secretaría de la Cámara, a V.E. atentamente EXPONGO:

Primero.-Con fecha de 13 de abril de 2009, en mi condición de diputado al Parlamento de Canarias y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, presenté ante el Registro General (nº 1963) una Propuesta de “Proposición de Ley para la democratización del sistema electoral al Parlamento de Canarias”.

Dicha iniciativa, una vez calificada y admitida a trámite, fue tomada en consideración por unanimidad del Pleno de la Cámara en sesión celebrada el 7-10-2009, dictaminada favorablemente por el consejo Consultivo de Canarias y no fue objeto de ninguna enmienda por parte de los grupos Parlamentarios durante el plazo concedido al efecto, que fue sucesivamente prorrogado y terminó el 15 de abril de 2010.

A pesar de no haberse presentado enmiendas, se procedió por parte de la Mesa de la Comisión al nombramiento de una Ponencia. Dicha Ponencia se reunió el 17 de diciembre de 2010 y, constatando la inexistencia de enmiendas y por lo tanto careciendo de objeto este trámite del procedimiento legislativo, aprobó unánimemente como Informe “mantener el texto de la Proposición de Ley en sus términos” (B.O. Parlamento de canarias núm. 401, de 22 de diciembre de 2010).

La Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico debatió el Informe de la Ponencia, para la elaboración del Dictamen preparatorio del Debate ante el Pleno de la Cámara, acordando rechazarlo por mayoría (Grupos Parlamentarios de CC y PP), a pesar de que su toma en consideración se había efectuado por unanimidad y de no haber sido enmendada la Proposición de Ley por dichos Grupos Parlamentarios.

La documentación sobre este procedimiento legislativo que consta en la página web de la Cámara no contiene referencia alguna al Dictamen de la Comisión, ni a la formulación de voto particular, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del art. 134.1 del Reglamento Parlamentario, “con vistas al mantenimiento del texto de la iniciativa legislativa que hubiese sido modificada en Comisión” --y, a fortiori, si hubiera sido rechazado globalmente-- para su defensa ante el Pleno (vid. Reglamento del Senado, art. 117.2 , “En caso de introducirse cualquier modificación --en Comisión-- los Senadores podrán convertir en enmienda y, en su caso en voto particular, el texto anterior del proyecto o proposición de ley”).

Segundo.- Se ha hecho pública la decisión de los Órganos de la Cámara de habilitar el mes de abril para la tramitación de un Proyecto de Ley sobre las Cajas de Ahorro, a pesar de que la Legislatura había sido dada por terminada en el último Pleno del mes de marzo.

Tercero.- En el estado de Derecho, las normas de procedimiento, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial y el administrativo son normas de orden público, de carácter imperativo, y no de naturaleza dispositiva. No pueden, en consecuencia, dejar de aplicarse por acuerdo de las partes del procedimiento, ni por las autoridades responsables de su tramitación.

Por otro lado, el artículo 9.1 de la Constitución establece que los ciudadanos y los poderes públicos están vinculados por la Constitución y por el resto del Ordenamiento Jurídico.

El procedimiento legislativo, que tiene si cabe mayor trascendencia jurídica que el proceso judicial o el procedimiento administrativo, dado que la regla fundamental del Estado de Derecho es la del pleno sometimiento a la Ley tanto del poder judicial (art. 117.1 in fine de la Constitución) como de la Administración Pública (art. 103.1), y el objeto del procedimiento legislativo es la aprobación de la Ley, expresión de la soberanía popular, debe terminar conforme establece el Reglamento de la Cámara, es decir mediante el debate y la votación ante el Pleno de la Cámara (art. 133 “Una vez terminado el Dictamen de la Comisión, éste… será elevado al Pleno a efectos de la tramitación subsiguiente que proceda..”)

En virtud de lo Expuesto, y en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29.1 de la Constitución Española y desarrollado en la L.O. 4/2001, de 12 de noviembre, arts. 1.1, 2, 3 y Disposición Adicional 1ª (Regímenes Especiales ante los órganos legislativos), así como en el art. 47 del Reglamento del Parlamento del Parlamento de Canarias,

SOLICITO al Parlamento de Canarias que considere presentado este escrito en el ejercicio del derecho fundamental de petición; lo admita y, previos los trámites previstos en el Reglamento de la Cámara, acuerde de incluir en el Orden del Día del Pleno, ampliando al efecto la habilitación del mes de abril acordada para la tramitación del Proyecto de Ley sobre Cajas de Ahorros, para su debate y votación definitiva, la Proposición de Ley de Artículo Único para la democratización del sistema electoral al Parlamento de Canarias, cuyo objeto es la bajada de las injustas barreras electorales actualmente existentes y cuya finalidad, que estimamos de estricta necesidad democrática y de interés general prioritario, es la de garantizar que la composición del Parlamento de Canarias, cuya circunscripción electoral es la Isla, refleje con fidelidad la voluntad de los ciudadanos, convirtiéndolo realmente en el “órgano representativo del pueblo canario” (art. 9.1 del Estatuto de Autonomía), que es el titular del derecho a la Autonomía, “del que emanan los poderes” de la Comunidad Autónoma de Canarias (art.1,párrafo segundo, del Estatuto de Autonomía de Canarias).

Igualmente Solicito que, en el caso de que fuera necesario completar o aclarar alguno de los extremos o de los fundamentos jurídicos de esta petición, se me convoque a la audiencia especial ante la Mesa de la Comisión del Estatuto del Diputado y de Peticiones, prevista en el art. 47.4 del Reglamento de la Cámara.

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(*) Esta petición ha sido presentada por Santiago Pérez en el registro del Parlamento de Canarias con fecha 6 de abril de 2011.