BALANCE DE UNA LEGISLATURA 2007-2011

ELOGIO DEL PARLAMENTARISMO. Confiar a una asamblea representativa el poder tomar las principales decisiones políticas, ha sido la ficción más útil que se ha inventado para resolver el eterno dilema, el primero que se planteó el primer hombre que se puso a pensar sobre la sociedad y sobre el poder, sobre la política: cómo compaginar la libertad del ser humano y la obediencia al gobernante.

Es la ficción de “obedeciendo a (los representantes de) todos, no me obedezco más que a mí mismo”, de formulación rousseauniana, basada en el insuperable optimismo de creer que la mayoría de un parlamento no sería capaz de tomar decisiones amenazadoras para la libertad y los derechos individuales.

El tiempo demostró trágicamente que sí era posible, que sí se podía usar el poder de la mayoría para ahogar la libertad, y a partir de ahí se impuso en la vieja Europa la necesidad de acotar el poder de la mayoría, dándole valor jurídico a la Constitución, asegurando su supremacía sobre las demás normas jurídicas, mediante el control de la constitucionalidad de las Leyes y la regulación de un procedimiento muy riguroso, y distinto del legislativo, para la Reforma constitucional. Algo que ya estaba bien establecido al otro lado del Atlántico. La experiencia constitucional norteamericana resultó sumamente provechosa.

Por eso es tan importante el parlamentarismo, un buen parlamentarismo, como garantía esencial de la libertad y la democracia. El Parlamento es una asamblea representativa de los ciudadanos. Éstos conforman el pueblo, titular de la soberanía, del que emanan los poderes del Estado. Y es esa naturaleza representativa la que justifica que le corresponda aprobar la Leyes, los tributos, los gastos públicos, controlar al Gobierno --frenando la tendencia biológica del poder a extralimitarse, aunque esté en manos bienintencionadas-- y, en los sistemas políticos llamados por eso parlamentarios, investir y destituir al propio Gobierno.

Es una evidencia que el sistema de partidos y el sistema electoral, especialmente cuando se emplea la fórmula proporcional y listas cerradas y bloqueadas, han revertido el funcionamiento de los regímenes parlamentarios, de forma que es en realidad el Gobierno, y por medio de él la dirección del partido gobernante, quien controla a la mayoría parlamentaria (y no al revés), a través del poder de hacer las listas electorales. Por eso, el mecanismo de control y contrapeso del poder --indispensable para la existencia de un sistema político basado en la libertad-- , ya no lo ejerce el Parlamento como Institución sino los grupos que han de fiscalizar, dentro y fuera del Parlamento, la acción del Gobierno: es decir, la oposición parlamentaria y los ciudadanos políticamente activos.

El autogobierno del Archipiélago, para que realmente merezca ese nombre y no sea el gobierno de una oligarquía que arrebata el derecho a la autonomía del pueblo canario, reclama un buen parlamentarismo. En primer lugar, asegurando el carácter fielmente representativo de la Cámara autonómica para asegurar la presencia de la diversidad de intereses y sensibilidades, sociales y territoriales, de la sociedad canaria. Esos intereses y sensibilidades son en ocasiones contradictorios y de difícil armonización.

El sistema electoral es un obstáculo para establecer correctamente esa representatividad, base de la autoridad del Parlamento. Por eso hay que modificarlo, a favor del pluralismo, suprimiendo las barreras draconianas del 30%. Luego habrá que mejorarlo para ajustar mejor representación y población, es decir para acercarnos al principio del voto igual. Pero esto requerirá consensos territoriales que resultan imprescindibles. Porque las actuales barreras electorales son indefendibles, pero la sobrerrepresentación de las Islas no capitalinas se sustenta en unos argumentos histórico-políticos que no pueden ignorarse, ni doblegarse con el mero recurso a la mayoría.

Sintomáticamente, son los que más se empeñan en defender el relato nacionalista --que siempre parte de anteponer la “hermandad” todos los integrantes de la Nación Canaria, a la pluralidad de intereses y de situaciones de la Canarias real-- los mayores defensores de un sistema electoral hecho a su conveniencia, en grave detrimento del pluralismo político y territorial en la composición del Parlamento.

DETERIORO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS. En parte por su déficit representativo, en parte por el déficit de cultura democrática y parlamentaria de la mayoría gobernante, formada y apuntalada durante dos décadas con ayuda de las barreras electorales, el Parlamento ha ido perdiendo en calidad democrática progresivamente. A finales de la pasada legislatura se produjeron episodios que cancelaron, mientras la actual mayoría perdure, la función de investigación parlamentaria. La Comisión de Investigación del Caso Eólico concluyó con flagrantes falsedades impuestas por mayoría. Pero, años después, con grave descrédito del propio Parlamento, los que fueron “absueltos” en sede parlamentaria, se sentarán en el banquillo para responder de graves acusaciones del fiscal.

También en la pasada legislatura se materializó el blindaje del Parlamento ante iniciativas legislativas ciudadanas, alguna de ellas presentada por más del triple de ciudadanos que los requeridos legalmente. La negativa de Coalición Canaria y del Partido Popular a trasladar al Parlamento debates reales que existen en la sociedad canaria, como el de la cuestión desarrollo-medioambiente, tiene al menos un efecto clarificador : reafirmar qué intereses hegemonizan la agenda de unas Instituciones que dicen --y deben-- representar a todos los canarios. Pero la auctoritas del Parlamento, “órgano representativo del pueblo canario”, continua pagando la factura.

En la legislatura que está a punto de terminar, la mayoría del “Régimen” afrontaba un nuevo reto: la de evitar que asumiera el Gobierno el Partido Socialista, después de haber ganado las elecciones y convertirse con holgura en primera fuerza parlamentaria. Y lo han resuelto de la peor manera en aras de su aferramiento al Gobierno y endosándole la factura, otra vez, a la calidad de la democracia y al prestigio del Parlamento.

Desde el minuto cero, el del debate de Investidura, convertido en un contradebate en el que hasta el propio candidato a presidente tenía como objetivo acorralar al líder socialista, vencedor de las elecciones.

En la ACTIVIDAD LEGISLATIVA, el deterioro se ha acentuado.

Se ha vuelto crónica la alergia a las iniciativas legislativas de los ciudadanos, que tradicionalmente se rechazan o se desnaturalizan durante la tramitación parlamentaria, siguiendo la estela de lo que ocurrió, hace varias legislaturas, con la proposición de Ley de Hospital público del Sur de Tenerife, coto tradicional de la sanidad privada, que fue admitida en vísperas de unas elecciones y transmutada en una Ley para construir un Centro Socio-sanitario, que poco tenía que ver con el objeto de la iniciativa popular.

Y, además, el Gobierno ha ensayado una nueva técnica: sacar adelante aspectos muy discutibles de su programa legislativo, a través de proposiciones de Ley de sus grupos parlamentarios. Así, por ejemplo, ocurrió con la flamante Ley del Catálogo de Especies Amenazadas, pensada a tirofijo para descatalogar los sebadales y dar luz verde al Puerto de Granadilla. De esta forma evitan tener que incorporar al expediente legislativo informes jurídicos, técnicos, financieros y hasta científicos --que serían obligatorios si la iniciativa legislativa se tramitara como Proyecto de Ley remitido por el Gobierno-- que ayudarían al Parlamento a apreciar el alcance, acierto u oportunidad de la nueva Ley que se pretende aprobar.

Más grave, si cabe, es el novedoso artilugio de presentar el último día del plazo --de nuevo a través de los grupos parlamentarios del Gobierno-- enmiendas que no tienen relación con la iniciativa legislativa que se está tramitando, una vez que ésta ha superado los debates de totalidad o de toma en consideración y, por tanto, ha quedado definitivamente fijado su objeto, al que se deben referir preceptivamente las enmiendas parlamentarias.

Luego esas enmiendas se imponen por mayoría y, por ejemplo, una Ley para adaptar en materia turística la legislación canaria a la Directiva Europea de Servicios, se convierte en una Ley que regulariza instalaciones turísticas ilegales en algunas Islas. Así impiden al Grupo mayoritario de la Cámara ejercer su derecho a enmendar dichas enmiendas de última hora, que trastocaban el objeto de la Ley con la finalidad de amnistiar infracciones a la normativa territorial y medioambiental. Y que fueron presentadas en un procedimiento legislativo al que se dio trámite de urgencia, dada la premura de los plazos europeos, con el acuerdo del Grupo Socialista. Todo un alarde de abuso y de fraude procedimental en la función principal del Parlamento, la de hacer las Leyes.

En este mismo campo legislativo, C.C. y P.P. han superado su propio palmarés al bloquear la tramitación de iniciativas legislativas del Grupo Socialista, como la de reforma del sistema electoral, abusando de su mayoría en las reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces para intentar controlar, al fijar el Orden del Día del Pleno, la agenda legislativa de la oposición. Parece una broma de parlamentarismo. Pero por desgracia, no lo es.

En el terreno de la ACTIVIDAD DE CONTROL , erradicadas las Comisiones de Investigación ante la evidencia de que la mayoría gubernamental las ha convertido una y otra vez en Comisiones de Investigación contra la oposición, las cosas han ido “a peor la mejoría”: el Gobierno, al que los ciudadanos valoran negativamente hasta en los Sociobarómetros del Consejo Económico y Social, interpreta el control parlamentario de su actuación como una farsa, cuyo guión va desde la autocomplacencia hasta la pretensión de responsabilizar al Gobierno de España de todos los agravios reales o imaginarios contra los canarios. De esta manera dificultan a la oposición realizar una labor imprescindible para la calidad de la vida parlamentaria.

Mención especial, por lo grotesca, fue la propuesta de Coalición Canaria --en plena campaña de crear alarma social, para justificar la necesidad de crear la Policía Autonómica-- de constituir una Comisión de Investigación sobre… ¡los menores desaparecidos en Canarias! Sin comentarios.

El clímax del deterioro de esta función, dejando al margen la cada vez más descarada falta de respeto del Gobierno, a la hora de facilitar documentación a la oposición sobre asuntos “sensibles”, lo ha protagonizado el Director de la Televisión Autonómica que, en sus comparecencias ante la Comisión de Control --cuya importancia en una democracia homologable no es necesario subrayar-- se ríe directamente de los representantes del pueblo canario, bajo patente de corso de Presidencia del Gobierno.

ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL PARLAMENTO. El deterioro de la Institución parlamentaria se ha proyectado sobre otras instancias que son relevantes en el sistema político canario. Se trata de órganos que ejercen funciones de control jurídico, de fiscalización de la gestión económica del sector público del Archipiélago, de defensa de los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas Canarias o que velan por el respeto al pluralismo y a la objetividad informativa en los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad Autónoma: Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas, Diputado del Común, Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria. Todos estos órganos no tienen otra legitimidad que la que les trasmite el Parlamento.

Pues bien: como al “Régimen” no le agradó el resultado de las elecciones de 2007, han bloqueado la renovación de dichos órganos, ejerciendo un auténtico derecho de veto para impedir que el peso del Grupo mayoritario en la Cámara 2007-2011, se reflejara en la composición de aquéllos. Han conseguido prolongar durante toda esta legislatura los resultados de las elecciones de 2003, a base de negarle al Grupo Socialista no sólo el acceso al Gobierno sino también la proyección de su importancia parlamentaria en estos órganos, que forman parte del sistema de control y de los equilibrios indispensables en la sociedad democrática.

No quiero terminar este balance sin referirme a la COMISIÓN GENERAL DE CABILDOS. Es un órgano del Parlamento, pero tiene una gran importancia política. Por dos razones esenciales: porque esto es un Archipiélago y porque nuestro sistema político se basa en la descentralización. A través de esta Comisión se debería canalizar el diálogo y la cooperación entre el Gobierno y los cabildos que representan la autonomía de cada Isla, constitucionalmente reconocida. Es tan intenso el deterioro de la Comisión, por los incumplimientos y la actitud del Gobierno, que los presidentes de los cabildos se han negado reiteradamente a intervenir en las sesiones como señal de protesta.

A MODO DE RESUMEN. Estoy convencido que este Régimen no podría perpetuarse con un buen Parlamento. Como tampoco podría sobrevivir si el sistema de medios informativos del Archipiélago reflejara aceptablemente el pluralismo de la sociedad canaria. Por eso la obsesión del Gobierno de maniatar al Parlamento y de ejercer el mayor pressing posible sobre los medios informativos, para lo que le han venido como anillo al dedo las dificultades que la crisis ha generado en las empresas del sector. El concurso para la concesión de licencias de televisión fue de traca y el Gobierno lleva camino de cosechar en el concurso de emisoras de radio, que quiere resolver en vísperas de elecciones y en clara situación de minoría parlamentaria, los mismos fracasos judiciales. No importa. Saben que el tiempo obligará a las empresas injustamente perjudicadas a capitular ante el Gobierno, aunque le hayan ganado por goleada en los Tribunales.

En fin, una legislatura para olvidar… si eso no fuera precisamente lo que prefieren los protagonistas del “Régimen”. Pasar página y continuar en el poder. La falta de memoria colectiva, muy selectivamente manejada por la propaganda oficialista, es otro ingrediente esencial de cualquier sistema de poder como el que se ha ido fraguando en Canarias. Un sistema intensamente oligárquico en el que la agenda, las prioridades y las decisiones más importantes de las Instituciones públicas están claramente dictadas al Gobierno por grupos de intereses perfectamente reconocibles.

Decía hace poco Antonio Martinón: “Esto es mejor que lo que había (la Dictadura); pero mucho peor que lo que habíamos imaginado”. Lo suscribo.

Santiago Pérez García

ex portavoz del Grupo Socialista y

ex secretario de Autonomías del Partido Socialista Canario-PSOE

(legislatura 2007-11)

INFLUIR EN MADRID

Al apagarse los focos del último congreso de los socialistas canarios, escuché a alguno de los nuevos directivos (¿nuevos?), proclamar con euforia “vamos a influir en El Gobierno de España”… “¡Ahora sí! ”. Querían decir que JFLA no se había ocupado de colocar a socialistas canarios en la nómina de altos cargos de Zapatero. Y ellos, los nuevos directivos socialistas canarios, sí iban a hacerlo. Había que ser respetuosos con los ganadores y habría sido de mal gusto recordarles que la cúpula, toda la cúpula de las ejecutivas de Juan Fernando, estaba compuesta por ellos mismos.

El tiempo ha pasado vertiginosamente. Y resulta que el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales han suscrito con Coalición Canaria un acuerdo, sin la presencia de los socialistas canarios ni en la negociación ni en la puesta en escena, sobre asuntos que pertenecen estrictamente a la política canaria.

Sin ir más lejos, sobre el sistema electoral al Parlamento de Canarias, cuya regulación vigente, desde 1996, es la piedra angular sobre la que se asienta el sistema de poder institucional en la Comunidad Autónoma de Canarias. Un sistema electoral que expulsa a cientos de miles de canarios, a base de tirar su voto a la basura en el momento del reparto de escaños. Disuade a otros tantos de participar en las elecciones, convencidos de la inutilidad de su voto. Y debilita notablemente la representatividad del Parlamento, con un exótico sufragio censitario (como en los regímenes oligárquicos del siglo XIX) que no se aplica antes, sino después de la votación. En realidad no le impiden votar; simplemente anulan de hecho los votos de muchísimos ciudadanos de esta Tierra Única. La consecuencia práctica, la misma: un Parlamento con una composición lo suficientemente condicionada como para hacer inviable la alternancia real de gobiernos. Y la alternancia real de políticas.

Coalición Canaria, sobre todo la “durmiente” ATI, defiende a capa y espada el sistema electoral que le ha permitido hegemonizar la política canaria. Desde hace varios años, los socialistas canarios venimos condicionando cualquier reforma del Estatuto y cualquier nueva ampliación de competencias a la reforma del sistema electoral.

Sin embargo, lo que han pactado Coalición Canaria y el portavoz del PSOE en el Congreso es exactamente lo contrario: no condicionar la futura Reforma del Estatuto a la modificación del sistema electoral, que se haría --para no hacerse nunca-- por Ley del Parlamento de Canarias, aprobada por una mayoría de dos tercios. Es decir, por una mayoría más reforzada que la que se requiere para modificar el Estatuto. Es evidente que el sistema electoral es el Superestatuto de Canarias, porque es la base que sustenta la hegemonía de la derecha; dentro de la derecha la de Coalición Canaria y, dentro de ésta, la de la “inexistente” ATI. Que no es poco.

Luego vino el acuerdo para que el Gobierno de España renunciara a interponer el recurso de inconstitucionalidad directo contra la Ley del Catálogo Canario de Especies Amenazadas, aprobada con el descarado propósito de desproteger los sebadales y dejar el campo libre para la construcción del Puerto de Granadilla. El Grupo Parlamentario Socialista Canario había declarado que su oposición al Catálogo de desprotección era casus belli.

Se trata, como se ve, de dos asuntos del estricto ámbito de la política canaria. Pero a los defensores de nuestros fueros, a los que se dicen nacionalistas, no se le han caído los anillos para sacarlos del radio de acción de las Instituciones canarias y pactarlos en Madrid, aprovechando la precariedad parlamentaria del Gobierno ZP. Ni a éste ni a sus colaboradores les ha dado insomnio dejar en descampado a los socialistas canarios.

Y es que la política española viene condicionada, al margen de su diseño constitucional, por una Ley electoral que facilita una sobrerrepresentación a los partidos de ámbito territorial que se dicen nacionalistas, convirtiéndolos en árbitros de la política española cada vez que el Gobierno de España no dispone de mayoría parlamentaria suficiente. Esta Ley electoral ha permanecido intacta, a estos efectos, desde la celebración de las primeras elecciones parlamentarias de la Transición (1977).

La democracia se consolidó. El Estado de las Autonomías se desarrolló satisfactoriamente. Las nacionalidades y regiones fueron ocupando el espacio de autogobierno ofrecido por la Constitución. Y, partir de ahí, los grupos nacionalistas han empezado a reclamar competencias que le son imprescindibles al Gobierno de España para desempeñar su función primordial, la de dirección política del país. Y para garantizar la unidad de España y la solidaridad entre los ciudadanos y los territorios que forman parte de ella.

Así, mientras en los sistemas federales en los que podemos mirarnos, la tendencia es el fortalecimiento paulatino de las instancias centrales (Paul Krugman: “EE.UU un país con un Gobierno central grande”), el perfeccionamiento de mecanismos de cooperación entre el gobierno federal y los entes territoriales y el establecimiento de procedimientos de participación multilateral de éstos en la formación de la voluntad política del Estado, en España vamos por el camino opuesto. Los nacionalistas hacen de barco rompehielos (la expresión no es mía, sino de Blanco Valdés) y la representación de los partidos de ámbito estatal en los diversos territorios van a remolque.

Sin embargo, ese no es el camino. El camino es consolidar la dinámica federal. Y no el embarcarnos con un rumbo de tipo confederal que nos abocará a una situación crítica y paralizadora. Y acabará teniendo efectos deslegitimadores no sólo sobre la España autonómica. Sino, a lo peor, sobre la España democrática.

Por eso, sobre los territorios, a lo largo y ancho del país, la actitud de los socialistas y de los demócratas debe ser tan firme en la defensa del autogobierno de sus respectivas Comunidades Autónomas como rigurosa a la hora de marcar diferencias ideológicas con las representaciones mentales de los nacionalistas. Y muy firme a la hora de evitar que las respectivas direcciones de los Partidos de ámbito estatal, para salir del paso en el día a día en busca de apoyos parlamentarios, traten como moneda de cambio los asuntos políticos de cada Comunidad Autónoma. Porque no son ni más ni menos importantes que los asuntos estatales. Simplemente pertenecen a otra esfera que debe ser respetada.

La lealtad que los socialistas canarios debemos al Gobierno de España es, como la lealtad federal, un concepto de doble dirección. Apoyo en los asuntos de interés general de los españoles y exigencia de respeto en los temas que nos conciernen como socialistas y como canarios. Además, es el único modo de no regalarle a los que se digan nacionalistas canarios o de cualquier otro lugar, un patente de exclusividad en la defensa de su tierra que --creo sinceramente-- no se merecen. Ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Pero en política, más que en ningún ámbito, la apariencia suplanta a la realidad.

Pero, óyeme, pa’ que tu lo sepas no es fácil poder adoptar esa actitud cuando uno le debe el cargo, y el éxito en un congreso regional, a la larga sombra de Ferraz. o de Génova.

De gestoras, primarias y cachivaches

Corría el año 2001 de la Era Cristiana y en el Santa Cruz de funcionarios bien informados, de algún que otro periodista, de contratistas y del mundillo de los arquitectos había un hervidero de rumores sobre una operación urbanística que estaban preparando en el Ayuntamiento.

Un día cualquiera me enteré de que era inminente la convocatoria de una rueda de prensa a los cuatro vientos, en la que todos los grupos políticos iban a anunciar su respaldo a un convenio urbanístico sobre Las Teresitas, a firmar con dos de los empresarios más influyentes. Iban a venderle al Ayuntamiento los terrenos del Frente de Playa, a un precio disparatado, y conseguir una recalificación posterior de terrenos situados en el valle de Las Huertas. Todos los terrenos los habían adquirido mediante un crédito de CajaCanarias. Total, un negocio perfecto. El paganini, el pueblo de Santa Cruz, pagando lo que no valía la compra y dejando de participar en lo que sí valía la recalificación (15.000 millones de ptas.). El maestro de ceremonias, Zerolo. Los acólitos, todos los concejales. El voto de los socialistas, el bálsamo de fierabrás contra críticas e impugnaciones varias. La Ejecutiva local respaldó a los concejales.

Pedí públicamente a los concejales que no votaran a favor. Que no comprometieran al Partido Socialista en aquel asunto envuelto de turbiedad. Podían abstenerse. Pero los compromisos estaban bien atados. Votaron a favor y me acusaron de estar encanallando la política santacrucera. Lo demás ya lo saben ustedes. Imputaciones judiciales por malversación de caudales públicos, prevaricación urbanística y soborno. Todo incluido. Ah, ¡me olvidaba! Yo era el secretario general de los socialistas de Tenerife por aquel entonces.

Cuando solicité la adopción de medidas a la autoridad competente, socialista por supuesto, Carolina Darias se opuso tan tenazmente que tuvieron que dimitirla como secretaria de organización y número tres (porque el 1 era Juan Carlos Alemán y el 2 Paco Espínola, como luego lo fue con JFLA y ahora con José Miguel Pérez) de los socialistas canarios.

Todo esto me ha venido a la mente, porque de todas las tonterías y “argumentos” a posteriori, confeccionados para intentar justificar lo injustificable, el golpe a la democracia y a los derechos de los militantes socialistas perpetrado en Tenerife, la suya, la de Carolina, la delegada del Gobierno en Canarias, es de las más abochornantes. Ha estado tan presta a brindar por el espectáculo, como huidiza (no hace tanto) cuando había que localizarla para dar la cara por JFLA, a quien acompañó como 2 de la lista de diputados/as por grancanaria. Aunque reconozco que para estos mutis estaba bien asesorada.

¡Y del hilo al ovillo!

Primarias socialistas en Barcelona. El alcalde, Jordi Hereu, ha pedido que se dispense a su anunciada rival, Montserrat Tura, del calvario de reunir los avales. Participarán en la votación más de cinco mil simpatizantes y tres mil militantes-con-carné. Montilla ha garantizado plena neutralidad del aparato del PSC.

Me restregué los ojos para comprobar que era verdad lo que estaba leyendo. Todavía me parece estar oyendo las ocurrencias de José M. Pérez cuando le pedí que, si estaban a favor de la celebración de primarias para la presidencia del gobierno, me dispensaran de recoger los avales. Farfulló que no estábamos en la Restauración canovista. Que Él no iba a fabricarse un candidato a su medida: yo. Fue el toque de cornetín para que toda la dirigencia, repuesta de los sofocos de la estadía juanfernandiana, se lanzara a dificultar la consecución de las firmas necesarias para poder presentar mi candidatura. Y después de conseguirlas (¡uffff!) se dedicaran a sitiar los focos de resistencia, comprobado el origen de las firmas de los militantes. Aridane, La Guancha, Frontera, Güimar…

Pero lo mejor vino después. Suspender de actividad y poner en el dique seco a los militantes socialistas santacruceros, porque esa agrupación tuvo el descaro de no votar al candidato de la dirigencia oficialista. Nombrar un gobierno de hecho que ha procedido a su vez a instituir candidato a la alcaldía a Julio Pérez, presidente de su Gestora de ellos.

“Entodavía” no he oído ni una sola razón para este desaguisado. Porque sólo se trata del folk-song. A saber: evitar que los militantes pudieran votar al candidato impuesto, como es preceptivo, para evitar el riesgo de que lo rechazaran. Decididamente, hay gente que prefiere andar sobre seguro. La democracia es, por lo que se ve, un poco arriscada para ciertas presuntuosidades. Menos mal que ahora no hay secretarías de estado vacantes. Porque si no, tendrían que acabar -después de todo este estropicio- pidiéndole a Corrales que acabara encabezando una candidatura sin candidato en vísperas de las elecciones. Como le ocurrió a uno que conozco en las elecciones pasadas. Con la candidatura al cabildo, para más señas.

En fin: ¡¡igualito que en Barcelona!!. Y perdonen por la poquedad.

¿Legislatura para olvidar?

Un mal Gobierno es incompatible con un buen Parlamento, un Parlamento que desarrolle con acierto y vitalidad sus funciones esenciales: la de representar con fidelidad el pluralismo político y social, la de legislar con la vista puesta en los intereses y las necesidades de los ciudadanos y la de controlar, sobre la base de todo ello, la acción del Gobierno.

Por eso, cuando un Gobierno es malo y lo sabe, pero aún y así se empecina en perpetuarse en el poder, no tiene otra opción que sujetar al Parlamento, dificultando el ejercicio de aquellas funciones y, en consecuencia, arrastrarle a compartir el deterioro del propio Ejecutivo.

En los regímenes parlamentarios contemporáneos, especialmente en países donde el sistema se sustenta en partidos políticos muy disciplinados --a lo que contribuye un régimen electoral basado en la fórmula proporcional y en listas cerradas y bloqueadas, como el nuestro-- el contrapeso de poderes, instrumento clave para asegurar la libertad y los derechos de ciudadanía, no se produce entre el Ejecutivo y el Parlamento.

El Gobierno controla a la mayoría parlamentaria que le apoya, a través de la disciplina de partido y de la amenaza de excluir de las listas electorales a los diputados díscolos. Por lo que el freno y control del poder ejecutivo no lo ejerce el Parlamento como Institución, sino el Grupo o los Grupos de la oposición.

Cuando en las elecciones de 2007 el PSC-PSOE se convirtió en primera fuerza parlamentaria y, a pesar de la voluntad de cambio expresada en las urnas, Coalición Canaria y el Partido Popular decidieron aferrarse al Gobierno, una de las incógnitas a despejar era hasta dónde estaban dispuestos a deteriorar la calidad parlamentaria y al propio Parlamento, órgano representativo del Pueblo Canario que es el titular del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a los pueblos de España.

La respuesta no se hizo esperar. Desde el minuto cero de la legislatura lo dejaron bien clarito convirtiendo el Debate de Investidura, en el que el Parlamento trasmite su legitimidad democrática a quien presidirá la Comunidad Autónoma y dirigirá el Gobierno, en un cerco contra el líder socialista que había tenido la osadía de concitar el deseo de cambio de los canarios.

A partir de ese episodio, todo lo que ha venido después era bastante previsible.

Coalición Canaria, el Partido Popular y el Gobierno continuista que formaron se han esmerado “sin complejos” en desnaturalizar la actividad de control parlamentario del Ejecutivo, a base de trufar ataques contra Zapatero con preguntas y comparecencias para el lucimiento de Paulino, sobre todo de Soria, y de los demás consejeros. Descartada la función de investigación parlamentaria, dada la manía de los socios del Régimen de imponer por --como ocurrió en la Comisión de Investigación del caso Eólico y en tantas otras-- como conclusiones impuestas por la mayoría un rosario de falsedades, la dinámica parlamentaria de control político he estado amortizada.

Mención aparte merece la burla constante del Director General de Radiotelevisión Canaria. En sus comparecencias ha faltado el respeto a los representantes del pueblo canario, navegando bajo patente de corso de Paulino Rivero, que es un gran conocedor de que un mal gobierno no es sólo incompatible con un Parlamento vivo, sino con la información objetiva de sus actuaciones y con un panorama medios de comunicación aceptablemente pluralista.

En la actividad legislativa, debo reconocer que han innovado. Han innovado con un nuevo artilugio que consiste en usar a los grupos parlamentarios del Régimen para presentar las iniciativas legislativas más comprometidas del Gobierno, aquéllas que llevan el carné de identidad de determinados grupos de presión o de la clientela electoral del Gobierno.

Con este subterfugio, que han utilizado en Leyes como la del Catálogo Canario de especies desprotegidas, se ahorran aportar al Expediente legislativo informes jurídicos, financieros, científicos, técnicos y hasta el Informe del Consejo Económico y Social, que son preceptivos cuando la iniciativa se tramita como Proyecto de Ley del Gobierno.

La voluntad de dificultar al Parlamento el análisis de la nueva legislación que se propone es palmaria. Y el deterioro del procedimiento legislativo, también. El único informe que se incorporará al expediente, el del Consejo Consultivo, se emitirá cuando ya se haya celebrado el debate de toma en consideración por la Cámara, el debate político sobre la necesidad y el acierto de la propuesta legislativa. Pero del Consejo Consultivo hablaremos en seguida.

Otro manejo con el que rayan el virtuosismo antiparlamentario , también en harina legislativa, es el de aprovechar el último día del plazo de presentación de enmiendas --y si el procedimiento es de urgencia y el plazo improrrogable, mejor-- para sacarse de la manga un puñado de nuevas propuestas que no tienen nada que ver con el objeto de la nueva Ley en trámite, que ha quedado fijado en el debate de toma en consideración o en el de totalidad. Así impiden que la Oposición pueda ejercer sus derechos parlamentarios, “enmendando esas enmiendas” de última hora. Quiebra el principio de contradicción, insignia del Estado de Derecho. Luego las injertan rodillo en mano en la nueva Ley de lo que sea. Y a vivir que son dos días.

¡Claro!. Así aparece en una Ley de Turismo el súbito indulto a edificaciones ilegales en suelo rústico, en algunas Islas que yo me sé.

A cualquier Gobierno, por muy benéfico y benevolente que sea, le incomodan los controles. Pero a un mal Gobierno le dan migraña los controles de legalidad, la fiscalización de su actividad financiera y presupuestaria, la evaluación de su trato a los ciudadanos, del respeto a sus derechos y hasta la mera posibilidad de que exista una opinión pública bien informada.

Era, entonces, muy fácil imaginar que los partidos pro-gubernamentales iban a bloquear la renovación de los Órganos establecidos en el Estatuto de Autonomía, como el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común, para que sus miembros continúen siendo los que designó el Parlamento que surgió de las elecciones de 2003, mucho más proclive al Gobierno, con el propósito de que sus Dictámenes e Informes fueran “amables” con los intereses del Gobierno. Otro tanto le ha ocurrido al Consejo de Administración de los medios informativos públicos de la Comunidad Autónoma. No hace falta explicar por qué.

Me he referido, sin ánimo exhaustivo, a aspectos neurálgicos que determinan la calidad o el deterioro de la vida parlamentaria, que es un ingrediente esencial --quizás el que más-- de la calidad de la democracia. Lo demás, el ritual parlamentario cotidiano es sólo eso: rutina y liturgia cada vez más vacías de contenido.

No puedo terminar sin referirme a una estrategia que también era previsible, desde que impidieron al Partido Socialista, ganador de las elecciones, formar Gobierno. Había que destruir al líder del Partido ganador. No podía seguir tan campante, vivito y coleando, representando los deseos de cambio de los canarios. Esa epidemia había que atajarla. Y se pusieron manos a la obra.

Lo que no podía prever, lo confieso y pido disculpas, es que la dirigencia tradicional del PSC-PSOE y Pepe Blanco se sumaran con tantos bríos. Ni que JFLA resistiera tan poco, a pesar de sentir el aliento de tantos isleños.

No es, en ningún caso, una legislatura para olvidar. ¿Qué más quisiera el Régimen? Sino para recordarla siempre. Para que nunca más se repita.