En la vida y en la política, sobre todo en la democracia, aprendemos más con los ejemplos que con los discursos.
El caso “Las Teresitas” tiene importancia en sí mismo, por los intereses públicos que han estado en juego. Pero tiene si cabe más importancia aún como termómetro de un proceso de deterioro de la vida institucional y de la calidad democrática. La preparación, la ejecución de esta operación (en dos actos principales: la compraventa del Frente de Playa por el Ayuntamiento y la recalificación de los terrenos en el Valle de Las Huertas) y la actitud de algunos durante el largo epílogo judicial son la tarjeta de presentación del “Régimen” en que se ha ido convirtiendo en Tenerife lo que debiera ser una democracia.
Rasgo esencial de ese “Régimen” es la utilización de la Administración Pública para fines ajenos y contrapuestos a los que justifican su razón de ser y los poderes de los que está investida: servir con objetividad los intereses generales, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. Es decir, todo lo contrario de la actuación del Ayuntamiento de Santa Cruz en esta historia.
Desde que empezó a saberse algo de la operación que incubaban, a cuatro bandas, políticos-empresarios-junta de compensación-entidad financiera se vislumbraba que iba a tener perfiles propios y de trazos gruesos. Son esos perfiles que no tienen otras operaciones urbanísticas especulativas, cuyos contornos más difusos dificultan la demostración de que las potestades urbanísticas --poder benéfico para algunos y terrorífico para otros, porque permite a un ayuntamiento convertir en oro o en cenizas la propiedad inmobiliaria-- han sido utilizadas al margen de los intereses generales.
Este caso era distinto desde el principio: se sabía quiénes, cómo y la cuantía del crédito inicial con el que los empresarios compraron los terrenos en el Frente de Playa y en el Valle de Las Huertas; era constatable que no habían efectuado ninguna inversión que incrementara su valor; se supo el precio que iba a pagar el Ayuntamiento y, además, el compromiso de recalificarles los terrenos de Las Huertas; desde hacía meses se tramitaba en el Parlamento la Ley de Moratoria, que bloqueaba los desarrollos turísticos…por eso las prisas.
Es decir, no se trataba sólo de las plusvalías que iban a obtener unos empresarios como consecuencia exclusiva de una recalificación urbanística, como suele ocurrir con cierta frecuencia. Se trataba, además, de no exigirles contrapartida alguna por esa recalificación y encima comprarles y pagarles con dinero público constante y sonante un sobreprecio escandaloso por el Frente de Playa.
Las ilegalidades (que no “irregularidades”) que jalonan todo este asunto son graves. Algunas de esas ilegalidades, como el fraude de 5.000 millones de pesetas en la fijación del precio de la compraventa del Frente de Playa por el Ayuntamiento, tienen naturaleza y gravedad delictivas.
Muchas veces he estado pensando por qué los protagonistas de este caso lo idearon y lo ejecutaron. Me he respondido que en la génesis de esta operación hay una mezcla explosiva de dos ingredientes: la ambición desmedida de “hacer negocio” y la sensación de impunidad que se había ido instalando en ciertos ambientes de la sociedad tinerfeña. Y con la impunidad, la soberbia.
La sensación de impunidad y la actitud soberbia iban de la mano cuando los actores principales rechazaron una a una todas las opciones que se les plantearon para reconsiderar los términos de la operación y dar satisfacción a los intereses públicos: la denuncia política, las alegaciones que presentamos frente al Convenio inicial, la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa…, todo les resbalaba.
Sin embargo, cuando la Fiscalía presenta la querella tras un largo año de investigaciones, a raíz de la denuncia de Ínsula Viable, lo que había sido altanería y cerrazón se transforma en infantilismo y en victimismo. El infantilismo lleva a los protagonistas a intentar engañarse ellos mismos, negando evidencias como la Sentencia firme del Tribunal Supremo que declara la ilegalidad de la compraventa del Frente de Playa. A escudarse en sus trayectorias empresariales para tratar de evadir sus responsabilidades en este caso. O, simplemente, contándonos que los que cometen ilegalidades son los las víctimas de una persecución. Y los que defienden el interés público, los malos. Es una manera infantil de contar una historia volviéndola al revés.
Pero la defensa del interés público ha merecido la pena. Se trataba de llenar el vacío que dejaron los representantes políticos de los santacruceros, pasados al bando de los intereses particulares desde el primer momento. Algunos --no muchos, la verdad-- lo entendimos como un honroso deber.
Estoy convencido: Santa Cruz acabará recuperando pronto el dinero malversado. Y en el futuro, los que pretendan imponer sus intereses sobre los intereses de todos se lo pensarán dos veces. Y quienes dirijan las Instituciones políticas o las entidades financieras no olvidarán del todo que en el Estado de Derecho, a tanto poder tanta responsabilidad. Y habremos avanzado algo en dignificar la política y las Instituciones.
Termino como empecé. El affaire de Las Teresitas y el proyecto del Puerto de Granadilla, cada uno con sus propios rasgos, son los peores ejemplos de un Régimen en el que con demasiada frecuencia parte del poder empresarial, financiero e institucional se han puesto de acuerdo para dejar en la cuneta el interés general. Las experiencias, en vivo y en directo, del deterioro de los mecanismos democráticos pueden ser muy útiles para que la opinión pública comprenda que lo que está en juego es la democracia y aprenda a defenderla.
