La irrupción de los ciudadanos

La teoría de la separación de poderes fue formulada por Montesquieu en L’ Esprit des Lois, no tanto como fruto de la observación de las instituciones inglesas de su tiempo, ya que la revolución de 1688 había establecido la supremacía del Parlamento, sino haciendo suyo un mito corriente entre los mismos ingleses. Mito que se fraguó sobre las controversias históricas entre la Corona y los tribunales del common law y entre la Corona y el Parlamento.

La idea fuerza de este principio organizativo, consagrado por la Declaración Universal de los derechos del Hombre y del Ciudadano (1789, art. 16), su utilidad más imperecedera, su aportación civilizatoria más notable, radica en la necesidad de poner un freno a la tendencia a la expansión y concentración, que están inscritas en el código genético del poder --de cualquier forma de poder social, no sólo del poder estatal-- como requisito ineludible de la libertad de los ciudadanos.

Con toda seguridad a Montesquieu le pareció muy sugestiva la idea de la separación de poderes para superar el lastre que suponía para las energías de la Francia burguesa, la perpetuación de l’ Ancien Régime absolutista y de toda su anticualla de acompañamientos señoriales. Y para acotar un campo para las pertenencias de los individuos: la vida ,la libertad y la propiedad, al socaire de las intromisiones y arbitrariedades del poder monárquico.

Las relaciones entre el poder estatal y la sociedad han cambiado considerablemente desde entonces. Tanto que, en la actualidad, el verdadero poder no tiene su centro de gravedad en las Instituciones políticas sino a extramuros de ellas. El verdadero poder, el que más decisiva influencia ejerce en la conformación de las relaciones sociales, en la vigencia de valores y pautas de comportamiento, en la vida de los ciudadanos, es el poder económico. Su exhibición es permanente, tanto como su influjo sobre los gobiernos. Sin embargo, está exento de mecanismos de control y de responsabilidad. Han aprendido sus detentadores la fórmula magistral: ejercer el poder, un gran espacio de poder, sin asumir responsabilidad alguna. O, incluso, con mayor virtuosismo: tomar las decisiones, dictárselas al gobernante de turno y, más adelante, endilgarle a éste todo brote de contestación social que susciten.

Por eso tiene, a mi juicio, un gran interés la observación de las experiencias sociales que ayuden a reinventar mecanismos de contrapeso frente a las nuevas formas de poder. Porque la preservación de la libertad y la defensa de la democracia necesitan, como el aire que se respira, el control del poder desde la ciudadanía.

Muchas de esas experiencias tienen mucho de intuitivas, no poseen plena conciencia de su alcance, ni se inscriben a sí mismas teóricamente en una corriente civilizatoria de afirmación de la libertad y resistence front power. Pero lo son. Y empiezan a disfrutar de un reconocimiento y de herramientas de actuación en el campo jurídico que están cargados de de futuro. Son muy explícitos los términos que utiliza la Exposición de motivos de la Ley estatal que incorpora las Directivas europeas derivadas del Convenio Internacional de Aarhus, auspiciado por Naciones Unidas: “…la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones públicas…garantiza el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos”. Ésta es la clave: garantía de democracia, contrapeso del poder de decisión en manos de lobbys económicos que imponen sus criterios a las Instituciones y a gobiernos muy democráticamente elegidos.

Sin perder de vista estas ideas, echemos una ojeada a la sociedad canaria, hagamos de ella nuestro campo de observación, como si fuera un pequeño universo --simulación a la que nos ayuda su carácter de archipiélago superultraperiférico--, para indagar cómo funciona aquí el poder y si es compatible con la existencia de ciudadanos libres y de una sociedad democrática.

No debemos detenernos en observar exclusivamente el poder institucional, sino la estructura del poder en su conjunto. En la que el poder institucional es, aquí y ahora, sólo una pequeña rama y en ningún caso la más importante.

En los últimos años, la dimensión y la concentración del poder económico en Canarias, su agresividad y la descarada exhibición de su capacidad de marcarle la pauta a las Instituciones públicas y a los gobernantes, es palpable. Los términos en que estos días están planteando el futuro de la Reserva de Inversiones de Canarias, “sin complejos”, son un termómetro excelente de esta realidad.

El funcionamiento real del régimen parlamentario y sus dificultades para sintonizar, en determinados temas, con las preocupaciones de los ciudadanos está muy condicionado por el sistema de partidos políticos y por las listas electorales cerradas y bloqueadas, que convierten a la dirección de los partidos en el actor que define la composición del Parlamento y su subordinación estricta al Gobierno, de forma que quien debe controlar la acción del Gobierno --el Parlamento—se limita sólo a apoyar al Gobierno y secundar su programa legislativo.

La autonomía de las Instituciones está mermada. Su capacidad para representar los intereses generales, debilitada. El riesgo de que se conviertan en meros apéndices del poder económico, que se atreve con descaro a impartirles instrucciones explícitas sobre cuáles deben ser las prioridades de la acción del Gobierno y de la política presupuestaria, servido . El puente de mando de la sociedad canaria está, por tanto, donde está. Y quienes tienen en sus manos el timón, que carecen de legitimidad democrática y pretenden tutelar a quienes la han obtenido electoralmente, dan diariamente pruebas de descaro y avidez.

Con este panorama, no debe extrañar las reacciones de incomodidad que despierta en los cenáculos del poder cualquier irrupción de la ciudadanía que, ejerciendo sus derechos políticos y utilizando las garantías jurídicas propias del Estado de Derecho, interfiere en la agenda de las Instituciones tal y como viene redactada por los representantes del poder económico. Inmediatamente la estigmatizan como la “coalición del No” y la tratan de situar extramuros del sistema, simplemente porque son el eslabón del propio sistema más difícil de controlar, el gato al que no logran ponerle el cascabel.

Pero es puro sistema: lo son sus integrantes, lo son sus instrumentos de acción, lo es la legislación en que se apoyan. No hace falta sino leer la más reciente normativa internacional y europea (por ejemplo, en materia de medio ambiente) y sus fundamentos, para llegar a la conclusión de que proviene de una preocupación por la vitalidad de la democracia, por los factores que la deterioran, por la búsqueda de revulsivos, que hacen muy útil esa normativa en aquellos lugares, como nuestro Archipiélago, donde el deterioro del sistema democrático es tan evidente.

Los artículos 9.2 y 105 de la Constitución Española consagran la participación de los ciudadanos, su derecho a intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos, en el proceso de toma de decisiones que afecte a bienes o derechos de cuyo disfrute somos titulares todos. Y la legislación europea sobre acceso a la información , derecho de participación y acceso a la justicia en asuntos medioambientales es muy reveladora de una tendencia de revitalización democrática, que marca pautas de futuro para las sociedades democráticas.

Los ciudadanos han aprendido a utilizar las piezas no domesticadas del sistema. Muchos colectivos, ya sean constituidos para un asunto concreto, ya dispongan de una organización más estable o, simplemente, se trate de colectivos científicos, sanitarios, educativos o profesionales que se movilizan frente a una decisión del poder sobre asuntos que conocen en profundidad, están formados por personas cualificadas, bien relacionadas, informadas. Aptas, con mucha frecuencia, para sintonizar con el interés general (ya que no tienen una aspiración económica o una ambición política que las condicione) frente al marasmo y la debilidad de las Instituciones. Creo que aquí radica su importancia cualitativa y la hostilidad con que el stablishement del poder reacciona ante ellos.

Son, en general, personas que participan electoralmente --aunque a veces se abstengan, en señal de protesta-- , que manifiestan sus preferencias políticas e ideológicas por partidos situados dentro del sistema, que aceptan la democracia representativa y no propugnan una alternativa utópica al actual estado de cosas. Pero tienen, en muchos casos, una visión lúcida de la situación y la libertad suficiente para opinar y actuar con conocimiento de causa. Por eso son una amenaza para los que utilizan las Instituciones y los mecanismos de la democracia como una mera coartada para tapar un poder, cada vez más exento de controles, del que disfrutan como de una mera pertenencia. Un poder cada vez más irrespirable.

En la Isla de Tenerife, por ejemplo, es visible el enojo de los grupos de poder que utilizan los resortes del sistema para imponer sus intereses; pero se ofuscan sin disimulo cuando tropiezan con ciudadanos que, ejercitando derechos que la propia legalidad les reconoce y apelando a órganos judiciales o de tutela de los derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos, logran bloquear su hoja de ruta. Una hoja de ruta que financiamos entre todos, con impuestos que pagamos cada vez más los que no nos acogemos a los grandes trucos para no tributar que suelen utilizar los perceptores de elevadas rentas profesionales y beneficios empresariales. Y que amenaza la sostenibilidad de recursos no renovables, convirtiendo en un mero objeto de negocio la construcción de infraestructuras, que deben ser por definición un instrumento de progreso económico sostenible y de bienestar. Y no un fin en sí mismas.

Por eso es, en mi opinión, tan importante la irrupción de los ciudadanos. Ejercicio de libertades y utilización de los resortes del propio sistema, sus dispositivos legales, se está convirtiendo en un mecanismo de contrapeso cuyos resultados están a la vista. Pero, sobre todo, es un factor que revulsiona el funcionamiento de todos los demás mecanismos del sistema : pone frente a su propio espejo al poder legislativo y a los partidos políticos, permitiendo chequear cotidianamente su papel representativo ; descubre la divergencia entre amplios sectores de la opinión pública informada y la opinión publicada; activa la utilidad práctica de mecanismos de garantía, incluidos los judiciales, evitando que queden inéditos o sirvan meramente de coartada a los intereses que hegemonizan la vida social y el rol de las Instituciones.

Y, sobre todo, puede ser un correctivo muy eficaz para evitar el ambiente agobiante que se cierne desde hace demasiado tiempo sobre la democracia en las Islas y sobre las Instituciones. Es decir, irrupción ciudadana en el espacio público + utilización de resortes propios del Estado de Derecho van configurando un contrapeso bastante eficaz a la hegemonía que algunos sectores influyentes están ejerciendo sobre la vida social y sus Instituciones, un tónico para el debilitado principio de separación de poderes y, como consecuencia de todo ello, una garantía de libertad.

En toda sociedad y toda época aparecen riesgos y obstáculos frente al ejercicio de la libertad. Solamente en muy pocas ocasiones, si se contemplan con la perspectiva histórica suficiente, ha sido posible evitar esos obstáculos y ahuyentar esos riesgos. En realidad, la libertad, como la felicidad, son momentos en un piélago inmenso de autoritarismo. La lucha por la libertad se reanuda cada día. Nunca la libertad está del todo consolidada. Siempre la acecharán intereses poderosos, pasiones incontrolables, inseguridades enterradas en la condición humana. Pero en cada época, junto a los riesgos para la libertad siempre existirán medios y oportunidades para defenderla. Se trata de descubrirlos, de aprovecharlos y de aplicarles toda la energía guardada en la dignidad humana, que siempre aflora como deseo de libertad.