Negársela a España

El discurso de Paulino Rivero, si es que podemos denominar así a la nueva ración de brebaje de palabras que hizo tragar a juro a quienes asistieron al acto convocado con el pretexto de la efemérides constitucional, vuelve a demostrar que quienes se han acostumbrado a manipularlo todo ni se paran en mientes ni pueden con su condición. Me alegro de no haber ido a un acto partidista de ATI-Coalición Canaria, que sólo ha contado con la complicidad de un PP grogui. Y de nadie más. Porque quienes escribieron la alocución leída por Paulino Rivero están ideológicamente -es un decir- en el mismo lugar que la famosa ponencia del pasado congreso de Coalición Canaria, de la que han renegado más veces que un San Pedro desde que les reconoció la querencia soberanista el centurión no de Roma, sino de Génova (al fin y al cabo, itallicae civitates ambas).

La piedra de toque de todo este borbotón de palabras -que manejan con la misma destreza que aquel soldado de Pancho Villa que apretó el gatillo de la ametralladora de paquete, sin saber cómo funcionaba- es la tozudez de negarle a España cualquier sustancia propia, cualquier entidad sociológica, histórica, cultural, en fin, política, que sólo le reconocen enfáticamente a Canarias. España es, para los vates de este nacionalismo recién inventado, un Estado sin alma, un mero tinglado de poder, una "potente maquinaria propagandística con la finalidad de someternos a las características e idiosincrasia de lo que denominan sentimiento nacional [español, se entiende]".

Los escribidores del alegato de Rivero se prodigan utilizando, esta vez sí, un sinnúmero de veces el nombre de España. Pretenden, a fuerza de repetirlo sin ton ni son, aturdir a la respetable audiencia a base de reiterar un concepto vacío, una cáscara hueca. Consideran España una mera suma o yuxtaposición de pueblos y territorios. Y nada más. Niegan a la ciudadanía española cualquier vínculo de identificación o de sentimiento de pertenencia que no sea con su propia comunidad territorial, región o nacionalidad, lo único real. Hablan, por eso, de España plural. Omiten que la Constitución define a España, simultáneamente, como una y plural. Y que es en esa complejidad donde radica el fundamento de la solidaridad y del deber del Gobierno de España de corregir los desequilibrios territoriales. Y, a continuación -y sin vaselina-, se autoproclaman leales a la Constitución.

¿Les resultará imposible de entender que la primera decisión fundamental de los constituyentes consistió en reconocerle a España la entidad histórica, cultural, sociológica, su carácter de comunidad política, la consistencia de país suficiente como para constituirse en Estado, para continuar siendo el Estado que se fraguó durante siglos?

En el plano meramente argumental, ¿no se dan cuenta de que los argumentos que emplean para considerar a Canarias una nación o nacionalidad, con mucho mayor fundamento, son aplicables a España? ¿Ni que cuando manejan determinadas razones para negarle a España su condición de nación, esas mismas razones les llevarían a fortiori a negársela a Canarias?

A partir de esas premisas habituales, los vates de Coalición Canaria -imitando los modismos de otros nacionalismos peninsulares- se desparraman con deleite en una serie de elucubraciones con las que se han ido familiarizando, aderezadas con algunas novedades: consideraciones sobre el ser nacional -"ser canario es ser isleño"- y la madurez adquirida por el pueblo canario; necesidad de "apuntalar una España en la que tengan cabida las diferencias..." (una España desvencijada a partir del trasplante de reflexiones orteguianas, fruto de otra época); renovar el sentimiento constitucional colectivo mediante la reforma de la Constitución -como si fuera un dato indiscutible que ese sentimiento está exánime y marchito-; la necesidad de un proceso que desemboque en un modelo de Estado avanzado, y de una nueva transición que nos acerque normativamente al siglo XXI; apelaciones a la evolución natural de los pueblos, condenas sin paliativos a una España de dos velocidades, con ciudadanos de primera o de segunda en función del territorio al que pertenezcan, y -cómo no!- reiteración de la cantaleta de que Europa se ha adelantado al Estado español al consagrar la ultraperifericidad de Canarias como un concepto político... En fin, una considerable ración de afrecho intelectual que el presidente del Gobierno nos ha brindado representándose a sí mismo, en un evento en el que debió representarnos a todos.

Ni una sola mención, a la hora de hablar del tema preferido -la reforma del Estatuto de Autonomía- en el que se refugian para que no se hable de este deteriorado Gobierno, de que Canarias necesita mejorar notablemente la calidad democrática de su autogobierno. Ninguna referencia a las truculencias del sistema electoral al Parlamento de Canarias, piedra angular del régimen ATI-PP. Nada sobre establecer en el Estatuto garantías suficientes para que los órganos de fiscalización y control, como la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo, esenciales para lograr los equilibrios tan consustanciales a la democracia, no sean colonizados por el Gobierno de turno. Ni pío sobre cómo evitar que los medios de comunicación de titularidad autonómica sigan siendo lo que son: agencias de propaganda oficialista, donde los censores campan a sus anchas.

Las variaciones sobre un mar que nos une y no un mar que nos separa, pronunciadas por quien no ha tenido el coraje de plantarle cara a los editoriales que corroen y emponzoñan la convivencia y el sentido de unidad entre los canarios, suenan a farsa.

Somos muchos canarios los que sentimos tanto la canariedad como nuestra pertenencia a la comunidad de los pueblos hispanos, nuestra condición española, europea, y reivindicamos nuestro derecho a administrar nuestras lealtades, como un ingrediente esencial de la libertad. Y reivindicamos el pluralismo de la sociedad canaria, en el campo de las ideas y en el de los intereses sociales, que algunos pretenden negar con una jerigonza pseudonacionalista, para difuminar qué idea de Canarias tienen y a qué intereses económicos y sociales representan realmente.

Y somos muchos también los que creemos que la Constitución Española no es un tótem, ni un amuleto, sino el fruto de un pacto de convivencia entre las personas y los pueblos de un país, España, sin el que nos resulta ininteligible el pasado y el presente de Canarias. Y, hasta donde la vista de uno llega, su futuro. Y todo ello, al margen de las formas políticas que vaya adoptando en el marco de la democracia y de las libertades, que la Constitución por fin ha consagrado. Porque las formas de Estado, y hasta la propia existencia de un Estado concreto, no son producto de la naturaleza, sino de la historia. Así que larga vida a la Constitución de l978, treinta años después.

La libertad del parlamento

La función representativa del Parlamento, y el campo de actuación institucional que supone, no se limita a ejercer la potestad legislativa, aprobar los Presupuestos y controlar la acción del Gobierno. Puede, en ocasiones debe, y de hecho frecuentemente hace pronunciamientos políticos sobre asuntos que conciernen a la ciudadanía o para la defensa de los intereses generales.

Se trata de actos de contenido político, basados en su propia representatividad y en el mismo principio de libertad que algunos están invocando para repudiar el acuerdo parlamentario sobre los editoriales del periódico El Día.

Ni el motivo de este acuerdo son las proclamas independentistas de El Día, por estrafalario o interesado que sea su enfoque, ni la finalidad del mismo es impedir ni obstaculizar que el periódico continúe haciéndolo y expresándose como estime conveniente sobre cualquier asunto. Es un acuerdo político, adoptado --cosa poco frecuente—por unanimidad de los grupos políticos.

El periódico El Día se ha venido comportando durante mucho tiempo, especialmente ante los principales acontecimientos de la vida política de Canarias, como algo más que un órgano de información y de opinión. Ha pretendido ser un actor principal de la política tinerfeña y canaria dando instrucciones a dirigentes políticos, distribuyendo a discreción patentes exclusivas de canariedad o tinerfeñismo y, en suma, descalificando urbi et orbi a partidos políticos que representan electoralmente como mínimo a más del 50% de los canarios.

Está en su derecho. Ahora bien, cuando quien pretende dirigir conminatoriamente la política desde una tribuna periodística se aplica a la tarea de difundir consignas xenófobas, racistas o a calificar a un dictador de “gran constructor de España, al margen de sus atrocidades “, y a vejar la imagen de una Isla y los sentimientos de sus habitantes, se expone al rechazo de muchos canarios de buena voluntad. Y de las Instituciones que los representan. Especialmente a quienes no disponen de tribunas editoriales para hacer oír su voz.

Si esas proclamas tienen o no interés para el público, si cuentan o no con muchos seguidores, son aspectos perfectamente discutibles. No suele ser acertado calibrar la gravedad y la importancia de estos mensajes por el número de sus seguidores en un momento dado. La experiencia histórica está llena de dramáticos ejemplos al respecto.

Las libertades de información y de opinión, incluidas dentro del derecho fundamental de libertad de expresión, son efectivamente condiciones de existencia de una opinión pública libre y, por ende, de una sociedad democrática. Por eso disfrutan de una posición preferente, especialmente protegida por el ordenamiento jurídico. Y, una vez constatado el interés público de informaciones u opiniones, se ensancha su campo y se reduce el de sus límites. Pero los tienen, como los tiene todo derecho.

Como en el caso de los editoriales de El Día se trata de la libertad de opinión --del derecho a difundir un pensamiento o una opinión-- y de sus límites, la entidad y la gravedad de las reiteradas expresiones editoriales han de valorarse con criterios objetivos, ateniéndonos estrictamente a su contenido.

La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no protegen ni el insulto ni la vejación a las personas ,ni a los grupos de personalidad consistente, como es el caso de la población de una Isla. Ni los mensajes odiosos, ni la apología de franquismo.

La libertad de información no protege las noticias falsas o tendenciosas, ni la libertad de opinión los mensajes odiosos o vejatorios.

Y si, con ocasión o como consecuencia de dichos editoriales, se desarrollara una “guerra mediática” o afectaran a la dialéctica gobierno-oposición en nuestras Instituciones, estas circunstancias no deben justificar ni la amplificación ni la puesta en sordina, quitándole trascendencia, de la gravedad de dichas expresiones editoriales. Como está empezando a suceder con la toma de posición de respetables comentaristas, que les restan importancia invocando estos aspectos colaterales.

Como todas las libertades y derechos tienen sus límites, franquearlos es ilícito. Y, en los supuestos más graves, puede ser delictivo. Valorarlo desde el plano estrictamente jurídico y, en su caso, sancionarlo corresponde exclusivamente al poder judicial. El Parlamento no ha invadido funciones jurisdiccionales en modo alguno con el acuerdo adoptado, que no tiene otra naturaleza, ni pretende otros efectos que los estrictamente políticos.

Puede, por tanto, el señor editorialista seguir ejerciendo plenamente su libertad. Y los paladines de su libertad de expresión sosegarse. No hay gigantes amenazadores, ni tan siquiera molinos de viento.

Estoy convencido, y lo expreso en estas líneas despojado de todo fuero parlamentario, como mero ciudadano y canario de Tenerife, que los mensajes xenófobos, racistas y los de enaltecimiento de la figura y obra del general Franco tienen sustancia delictiva. Pero ni el acuerdo del Parlamento es una Sentencia, ni un aviso de cierre, ni un amago de censura, ni quiere serlo. Ni invade el principio de separación de poderes.

Tengo mis dudas sobre si las reiteradas referencias a Gran Canaria y a sus habitantes, con toda la carga insultante y despectiva que contienen, entran en el ámbito del Código Penal. Pero ninguna de que constituyen una flagrante extralimitación de la libertad de opinión, ya que para nada contribuyen a formar una opinión pública libre ni hacen aportación alguna a la vitalidad y riqueza del debate democrático.

Y sostengo que con esas soflamas se apunta directamente a la línea de flotación de valores esenciales para la convivencia entre los canarios y para la unidad del pueblo de las Islas, que son los ingredientes esenciales de un futuro que merezca la pena. Son valores consagrados por el Estatuto de Autonomía, porque forman el cimiento esencial y la razón de ser de nuestro autogobierno. Por eso, aunque el presidente de la Comunidad Autónoma no tenga la valentía de defenderlos, el Parlamento está en su derecho y es su deber pronunciarse categóricamente como lo ha hecho.

Y reivindico, como diputado y como canario, mi libertad y considero mi deber defender alto y claro valores esenciales que otros atacan. Y de hacerlo con todos los medios que una sociedad libre pone a mi alcance: informativos, institucionales y, si fuera necesario, judiciales.

Y me sorprende a estas alturas, y vista la obcecación del editorialista en predicar su doctrina, que el Ministerio Fiscal no haya tomado cartas en el asunto, ya que está obligado a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad democrática.

Por qué, Zerolo, Porqué...

Zerolo y su escribidor --¡bueno, su general manager!-- se han vuelto a pasar de la raya. Le podría responder, cuando me llama estalinista, que él es la quintaesencia del sector corrupto de ATI. Pero no lo voy a hacer, porque no viene al caso. El caso se llama Las Teresitas. Zerolo se defiende de una acusación que no figura en la denuncia. Ni en la querella de la Fiscalía anticorrupción. Lo hace porque cree que las mordidas, si las hubiera o hubiese, no van a poder probarse. En la época de los paraísos fiscales, no es fácil seguirles la pista. Ni cuando existe una telaraña tan pegajosa de relaciones político-empresariales, como la que existe en mi Isla. La operación de Las Teresitas, que culmina en la compraventa por el Ayuntamiento del “Frente de Playa” y en la recalificación de los terrenos de Las Huertas, tiene sobrada sustancia delictiva. Con o sin comisiones para los políticos. Y Zerolo es el actor estelar, el personaje crucial de esta historia.

Zerolo no sabe, a pesar de lo listo que se cree, que la conspiración para delinquir es un concepto perfectamente establecido en la jurisprudencia penal. Tiene sólida base legal (en el derecho penal, el principio de legalidad es sagrado) y constituye un instrumento eficaz para evitar que quienes cooperan a la realización del delito resulten impunes. Todos los episodios del caso Las Teresitas, desde la filtración de la Sentencia del Supremo hasta el pago del precio del Frente de Playa, han sido imprescindibles para consumarla. Y la conducta de sus protagonistas, desde el abogado de la Junta de Compensación hasta los directivos de Cajacanarias, también. Si ponemos con delicadeza a un lado los farfullos y la paranoia zeroliana. Si desbrozamos el caso de toda esta cantaleta a la desesperada, podremos preguntarle a Zerolo por lo que él no quiere responder. No quiere, porque no puede.

Quién filtró la Sentencia del Supremo antes de su publicación. Por qué la Junta de Compensación vendió a Inversiones Las Teresitas, sin tener poderes para ello. Por qué expoliaron a muchos legítimos propietarios. Por qué ni el notario ni el registrador advirtieron esta falta de poderes para vender, al autorizar la escritura o al practicar la inscripción registral. Por qué Cajacanarias concede un préstamo de 5.500 millones a una sociedad instrumental, que aún no tenía personalidad jurídica, aceptando la participación de un testaferro y sin exigir garantías patrimoniales a los auténticos beneficiarios del crédito. Por qué el presidente y el director general de Cajacanarias, jugando con el prestigio y la solvencia financiera de la entidad, neutralizaron la actuación de la Comisión de Control a base de ocultarle información. Por qué secuestraron el informe-tasación de la arquitecta municipal Pía Oramas y desecharon todas las valoraciones que dejaban en evidencia el precio del pelotazo. Por qué M. Parejo presionó a Pía Oramas para que firmara en barbecho la tasación-a-la-medida efectuada por Tinsa. Por qué Tinsa creyó que la “tasación” era un encargo del Sr. Ignacio González, uno de los compradores-vendedores del Frente de Playa. Por qué el Ayuntamiento compró el Frente de Playa, sin que estuviera legalmente aprobado el Convenio Urbanístico que lo autorizaba. Por qué… Por qué, Zerolo, por qué?.

La democracia se corrompe cuando las Instituciones públicas, que deben servir al interés general, actúan al servicio de intereses privados. En una democracia políticamente corrompida, el ambiente es propicio para los delitos de cuello blanco. De los de dar el golpe sin aflojarse la corbata. El caso Las Teresitas tiene, por eso, un gran valor de ejemplo. Es la radiografía de un Régimen político, el de ATI, que acaba contaminando muchos asuntos. Y a muchas personas bienintencionadas, que las hay en todo régimen, haciéndolas tragar ruedas de molino. Obligándolas a votar a favor de asuntos como el Convenio de Las Teresitas, la ilegal licencia para la ampliación de Alcampo --concedida por silencio administrativo por Ana Oramas y los suyos, en La Laguna—y a arropar sus verdaderos responsables, a los que deciden de verdad, por aquéllo de la defensa frente al enemigo común.

No hay, Zerolo, política más bastarda que facilitar el saqueo de las arcas de un Ayuntamiento abusando del poder que los ciudadanos han confiado a alguien. Ese alguien eres tú, alcalde de Santa Cruz. En una operación perfectamente orquestada. No hay bajeza que Zerolo, tantaleando en su autodefensa, no haya ensayado. Esconderse detrás de Santa Cruz, de la isla de Tenerife, de Cajacanarias…Tratar de enfrentar a los canarios, inventándose una conspiración canariona…Escudarse en los funcionarios a los que consiguieron amorosar, para que informaran a pedir de boca, o en los concejales de otros partidos, tomados de rehenes (sarna con gusto no pica)… Convertir las elecciones en un referéndum sobre su inocencia, a base de propaganda engañosa, manipulación periodística y censura informativa… La última, fue hacerse independentista. ¿Se imaginan a Zerolo insomne, fantaseando con designar soberanamente a sus propios jueces, con recado de absolverle?.

¿Para qué, nos pregunta Zerolo, participaría alguien en una operación como ésta? A mí se me ocurre una respuesta con varios ceros. Pero está visto que a Zerolo, no. Tal vez la respuesta la dio hace tiempo el Sr. Plasencia --el otro comprador-vendedor del frente de Playa-- a un profesor universitario, al confiarle que el precio que pagaron a la Junta de Compensación no fueron los 5.000 millones que pusieron en la escritura, sino más de 9.000. ¿A dónde irían a parar, Zerolo?.

Eran tiempos de vino y rosas. La impunidad parecía asegurada. El PP gobernaba en España . La lucha contra la corrupción urbanística no era una prioridad, pero el liberalismo inmobiliario sí era un dogma. Unos pocos tinerfeños ya denunciábamos, contra viento y marea, esta operación escandalosa del Régimen de ATI. En el escrito de alegaciones contra el Convenio de Las Teresitas que presenté ante la Alcaldía, oh Zerolo, en noviembre de 2001, figuraba la misma línea argumental que en la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Ni lo tomaste en consideración, porque había tantas prisas que ¡ya habías comprado el Frente de Playa! . Prisas para rematar el pelotazo y devolver el famoso crédito de Cajacanarias.

Zerolo, dicen, es abogado. Y, dicen también, que se licenció por la Universidad de Las Palmas. ¿Seguro? ¿Él, el paladín del tinerfeñismo aguerrido, repudió la Universidad lagunera? No me lo creo. Y dicen que fue en circunstancias tan peculiares --pero esa es otra historia-- que no tuvo tiempo de aprender que para que la operación de Las Teresitas sea delictiva, gravemente delictiva, no es necesario demostrar que hubo comisiones para protagonistas de alto caché. Esas que a buen seguro no llegaron a bedeles ni a ordenanzas. Basta con demostrar que hubo un pelotazo de libro, un saqueo milmillonario de las arcas municipales y que, para realizarlos, se saltaron todas las leyes habidas y por haber. En ese caso, el principal responsable es el alcalde. De la noble e invicta ciudad a la que han estafado. Y el alcalde, eres tú: Zerolo.com.

Tienes, Miguel Zerolo, un problema serio. No conmigo, a pesar de tu obsesión persecutoria. Sino con el Estado de Derecho en el que desconfías. Y el origen del problema está en tus propias andanzas. En la falta de respeto a la inteligencia de los demás y en la sensación de impunidad que te ha embargado, después de asuntos como los 1.500 millones para el apoyo a la producción audiovisual (allá por los noventa), de la privatización de Emmasa (ejecutada cuando pensabas que Las Teresitas estaba bien enterrada). Y en el montón de aduladores que te han aconsejado.

No responderé a tus insultos, sino con argumentos. Todas las veces. Argumentos en defensa de los principios en que creo. No aspiro a ningún otro aval de mi conducta. Aunque estas cosas, me temo, tú no las entiendas.